viernes, 23 de septiembre de 2011

Convoca el gobernador del Edoméx Eruviel Ávila a una gran cruzada nacional contra la trata de personas

  • Anunció que se presentará una iniciativa de ley que crea la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito en el Estado de México.
  • Todo el gobierno del Estado de México queda instruido para trabajar arduamente en la prevención y combate de este flagelo social, subrayó.

Toluca, México, 23 de septiembre de 2011.- Con motivo del Día Internacional contra la Explotación y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, el gobernador Eruviel Ávila Villegas convocó a una gran cruzada nacional contra ese tipo de delitos cometidos en perjuicio de estos sectores de la población.

Este llamado lo hizo acompañado de acciones específicas, que también dio a conocer: una iniciativa para crear la Defensoría Especializada para Víctimas y Ofendidos del Delito del Estado de México y la inmediata puesta en marcha del protocolo de investigación del delito de trata de personas, que le entregó Patricia Olamendi Torres, experta de México ante el mecanismo del Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la Organización de Estados Americanos.

Todo el gobierno del Estado de México queda instruido para trabajar arduamente en la prevención y combate de este flagelo social, estableció.

Al firmar un convenio con el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno, Ávila Villegas explicó que el objetivo de esa Defensoría es facilitar y fortalecer los mecanismos para que quienes son objeto de un ilícito, se les haga justicia de manera pronta y expedita.

Detalló que proporcionará asistencia con abogados especializados en atención a víctimas, servicio gratuito a personas de escasos recursos; además, actuará obligatoriamente para defender a las personas que han padecido de un delito de alto impacto social. Esta institución, de acuerdo a especialistas, sería la única en su tipo en América Latina, añadió.

Ante José Manzur Quiroga, presidente de la Junta de Coordinación Política de la 57 Legislatura local; Jaime Almazán Delgado, magistrado y representante para este acto del Tribunal Superior de Justicia, y del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Marco Antonio Morales Gómez, el titular del Poder Ejecutivo indicó que con el protocolo las investigaciones se realizarán bajo estándares internacionales, para preservar los derechos de las víctimas sean sujetas a una nueva violación de sus derechos ahora por parte de las autoridades.

Indicó que CEIDAS tiene como aliado al gobierno estatal para combatir el ilícito y el convenio será evaluado periódicamente para conocer sus resultados, pues no se puede permitir que cometan el delito de trata de personas, pues se violan todos los derechos de una persona, al anular su libertad, igualdad y seguridad, así como la propiedad de su cuerpo.

Expresó que con estos instrumentos se reforzará el enfoque integral que la entidad tiene en la erradicación de este crimen; además se destinarán recursos para conocer la problemática, así como fortalecer la detección y prevención de este delito con campañas de difusión social que ayuden a combatir este flagelo, pues la violencia de género, el engaño y el abuso para explotar sexual o laboralmente a alguien, e incluso traficar con sus órganos, es la versión moderna de la exclavitud.

“Unidos y coordinados es como generaremos una estrategia exitosa para tener una sociedad protegida”, concluyó.

En presencia de funcionarios del gobierno estatal, alcaldes, legisladores, empresarios y representantes del sector social, Eruviel Ávila sostuvo que una de las prioridades de para su administración es tener una sociedad protegida, y por ello, se trabajará por la seguridad y la dignidad de todos, pero muy en especial de las mujeres.

Muestra de ello, agregó, son las acciones que se han emprendido a su favor y de los niños, como las canastas alimentarias, los paquetes de útiles escolares, los créditos para mujeres emprendedoras, el transporte rosa, y programas de atención preventiva en salud.

Por su parte, Ernesto Nemer Álvarez, secretario General de Gobierno, dijo que la explotación sexual es el tercer negocio ilegal más lucrativo del mundo, solo detrás de las armas y las drogas; y México ocupa el quinto lugar en América Latina como el país de origen de la trata de personas y el sitio número 28 a nivel mundial, según la Organización Internacional para las Migraciones.

Por lo anterior, comentó que el Estado de México ha adoptado acciones contundentes que han permitido ampliar entre la sociedad el conocimiento de información sobre este fenómeno social y al mismo tiempo acrecentar su confianza para denunciar los casos.

En la entidad la prevención, atención y combate de la trata de personas debe acelerarse, pues es necesario seguir trabajando en la construcción de una política social que proteja los derechos de quienes son vulnerables y pueden ser víctimas del delito. “No se pueden cerrar los ojos ante el hecho contundente de que en México, todos los días, seres humanos son objeto de comercio”, agregó.

Patricia Olamendi Torres, experta de México ante el mecanismo del Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de la OEA, dijo que el protocolo de investigación del delito de trata de personas busca ser una guía para las acciones de los servidores públicos cuando se enfrentan a estos casos, que al mismo tiempo que les proporcione herramientas para investigar este ilícito, garantice la seguridad y la asistencia a las víctimas.

Expresó que el protocolo es producto de un trabajo de investigación denominado Diagnóstico sobre la trata de mujeres y niñas en el Estado de México, que se realizó durante un año y que permitió identificar en donde estaban las debilidades de las instituciones.

El director general del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, Mario Luis Fuentes Alcalá, dijo que distintas organizaciones han trabajado para que en el Estado de México la vigencia de todos los derechos humanos sea una cotidianeidad, y añadió que con el convenio que se firmó se busca fortalecer las actividades para que en cada uno de los hogares haya elementos, información y conocimiento de las leyes contra la trata de personas, a fin de impulsar una cultura de denuncia y no tolerancia a ningún ilícito.

jueves, 22 de septiembre de 2011

Ernesto Villanueva: poder judicial en Colombia, Costa rica y México avanza en transparencia

  • En cambio, casi la mitad de los jueces en Puebla carece de cédula profesional para ejercer el derecho

Piura, Perú, a 22 de septiembre de 2011.- A la par de los avances en transparencia en el Poder Judicial Federal, en México los poderes judiciales locales siguen renuentes a abrir sus actividades administrativas y jurisdiccionales, expresó ayer en la Universidad de Piura, en el norte de Perú, el investigador Ernesto Villanueva, quien expuso el caso del estado de Puebla como el más opaco en la región, donde casi la mitad de los juzgadores carecen de las cédulas profesionales para ejercer el derecho.

El Dr. Ernesto Villanueva, coordinador del área de derecho de la información del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, abrió el Tercer Seminario Internacional de Transparencia Judicial en Perú con una Conferencia Magistral en el evento patrocinado por la Defensoría del Pueblo, la Universidad Nacional de Piura y el Poder Judicial Peruano.

Ante un auditorio de más de 750 personas, entre profesionales del derecho, profesores, estudiantes, jueces y sociedad civil, Villanueva hizo una radiografía de los alcances y límites de la transparencia judicial en la región. Señaló que el poder Judicial había permanecido fuera del escrutinio público. “Se pensaba que para cumplir su cometido debía tener una autonomía absoluta; es decir, dotarle de recursos económicos y atribuciones y no preguntar más”.

Hoy esa tendencia —afirmó Villanueva—, ha ido cambiando. No es posible creer en el Poder judicial como si de un acto de fe se tratase. Por el contrario, es necesario ejercer un escrutinio social amplio y riguroso. “Me queda claro que no es una tarea fácil; antes bien, sinuosa y complicada”, afirmó en el Auditorio Central de la Universidad Nacional de Piura.

En México se observan las dos caras de la moneda: un avance sostenido en el Poder Judicial de la Federación y una sistemática opacidad en los poderes locales. Así, por ejemplo, “en el estado de Puebla casi la mitad de sus juzgadores carecen de estudios que los avalen como abogados”, sostuvo Villanueva ante el numeroso auditorio.

Para el investigador, entre los puntos que se deben estudiar a manera enunciativa se encuentran los siguientes:

Primero. Se debe vigilar el uso de recursos públicos para evitar actos de corrupción y socializar el trabajo judicial de cara a la sociedad. De la misma forma, se debe analizar el trabajo jurisdiccional; es decir, de impartición de justicia, a efecto de verificar si se cumple con los principios de igualdad ante la ley y de seguridad jurídica.

De la misma manera, se puede contribuir a elevar la calidad doctrinal de las sentencias y de los actos de los juzgadores, ejercer escrutinio de los actores o demandantes sobre sus abogados y verificar si hay un razonable proceso de adopción de criterios comunes frente a casos judiciales similares.

En la opacidad, dos casos prácticamente idénticos pueden ser resueltos de manera radicalmente distinta, circunstancia que puede hacer de la justicia formal una injusticia material por ignorancia, colusión o desinterés de los administradores de justicia que reciben un sueldo con cargo al erario.

Segundo. Se debe otorgar el acceso público a las actas de las sesiones de los tribunales y de los distintos órganos del Poder Judicial cuando éstas no impliquen un debate para llegar a la resolución de una controversia judicial. Se trata de que los magistrados no discutan en la secrecía, sino de cara a la sociedad, circunstancia que permite acotar los márgenes de discrecionalidad, inhibir los eventuales procesos de casos de corrupción y, por el contrario, ampliar la legitimidad de las instituciones del Poder Judicial de cara a la opinión pública.

Tercero. Se debe instrumentar el derecho a saber sobre la existencia de un proceso judicial, el delito por el cual se investiga, así como toda la información relativa al caso concreto, con excepción de los datos personales cuando no haya anuencia expresa del titular de la información personal. Este uno de los puntos medulares para saber qué se juzga y cómo se juzga en un sistema que apela a la transparencia como modelo de desempeño profesional.

Cuarto. Se debe establecer el derecho de conocer toda la historia profesional de jueces y magistrados: cuándo fue nombrado, número y fecha de registro de su cédula profesional, bajo qué criterios, qué concursos de oposición aprobó, cuáles han sido los resultados de sus evaluaciones periódicas de las cuales se derive que los recursos de los contribuyentes están bien invertidos en juzgadores probos y capaces.

Quinto. Se debe disponer el derecho a conocer cuántos juicios lleva cada juzgado, cuál es el tiempo promedio que tarda en resolver los casos, cuántas órdenes de aprehensión han sido cumplidas, cuántas consignaciones se han hecho y cuántas no han sido procedentes y por qué, qué porcentajes de las sentencias son condenatorias. Es decir, con esta información podría evaluarse a los jueces y magistrados desde dos perspectivas: su nivel de productividad y detectar probables casos de corrupción.

Sexto. Si la apertura informativa se materializa en el Poder judicial la existencia de los actuales “juicios paralelos” en los medios tenderían a bajar. Este hecho echaría por tierra los argumentos de quienes defienden los “juicios paralelos”, quienes argumentan que la ausencia de información de los poderes judiciales, su cercanía con el poder Ejecutivo y la percepción de falta de independencia e imparcialidad de los procesos a través de los cuales se administra justicia, constituyen incentivos para desarrollar tareas de escrutinio sobre el quehacer judicial en aras de proponer reformas en el diseño institucional de los poderes judiciales.

En fin, la apertura administrativa y de la actividad jurisdiccional, dijo el investigador Ernesto Villanueva, podría abonar con mucho la confianza ciudadana con datos veraces más allá de las campañas de comunicación, cuyos contenidos casi nunca pueden ser verificados por la población.

Para concluir, Villanueva hizo un reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de México por su programa @lex, su ámbito de apertura de transparencia, al igual que a los poderes judiciales centrales de Colombia y Costa Rica, en donde se advierten los mayores avances en la región.

miércoles, 21 de septiembre de 2011

Sin nuevos impuestos en 2012, informan a diputados locales

  • Las Comisiones Unidas de Finanzas y Planeación y Gasto Público recibieron al Secretario de Finanzas, en el marco de la Glosa del Sexto Informe.
  • Raúl Murrieta Cummings expuso que la deuda pública estatal
  • disminuyó su monto en 25.2 por ciento en seis años.


Toluca de Lerdo, Méx., 21 de septiembre de 2011. Planteamientos sobre el posible impacto de una crisis económica mundial en la entidad, la situación de la deuda pública estatal, subejercicios en seguridad pública, recursos y planes de protección civil; además del gasto en publicidad durante el sexenio anterior, fueron realizados por diputados de las Comisiones Unidas de Finanzas Públicas, así como de Planeación y Gasto Público, al secretario de Finanzas del estado, Raúl Murrieta Cummings, al comparecer con motivo de la Glosa del Sexto Informe de Gobierno.
En la sesión de Comisiones Unidas, que presidió el legislador Arturo Piña García -coordinador del Grupo Parlamentario del PRD-, el secretario Murrieta Cummings garantizó a la LVII Legislatura mexiquense un manejo responsable y sano de los recursos públicos que el Congreso autoriza -por ley- recaudar y ejercer, así como no proponer nuevos impuestos para el próximo ejercicio fiscal.
Ante Óscar Sánchez Juárez, presidente de la Directiva y coordinador del PAN; Miguel Sámano Peralta, coordinador del Verde Ecologista, y José Manzur Quiroga, coordinador del PRI; Murrieta Cummings -quien expuso los avances que en materia financiera en este rubro- respondió a los planteamientos de los diputados con respecto a la deuda de la entidad, y explicó que el monto se redujo 25.2 por ciento con relación a las participaciones federales que recibe, alcanzando un monto global de 28 mil 223 millones de pesos, en la actualidad.
Este hecho –explicó- le ha permitido al Gobierno del Estado de México obtener mejores puntuaciones por parte de las calificadoras internacionales, que la ubican como una entidad donde se puede invertir con seguridad.
De los adeudos municipales, anunció que el Gobierno buscará apoyarlos para que consigan un mejor manejo, así como continúen la capacitación y especialización de los servidores de sus áreas contables.
Las comisiones demandaron ampliar la información relacionada con el Programa de Apoyo al Gasto de Inversión Municipal (PAGIM), los programas de fomento al empleo y de instalación de bebederos en las escuelas públicas, así como de la competitividad estatal en comparación con otros estados.
El secretario Murrieta Cummings reconoció un gran avance y apoyo en la aprobación por parte del Legislativo de la Ley para el uso de medios electrónicos, y la instrumentación de un sistema automatizado de adquisiciones consolidadas para el área de compras de la administración, y el programa “Compromiso en el Servicio” que agilizó y eficientó la atención al público, gracias al uso de nuevas tecnologías como el internet; sin embargo, destacó, ha habido dificultades para cumplir con el programa de bebederos en las escuelas públicas.
Los diputados: Guadalupe Mondragón González, del PAN; Arturo Piña y Francisco Veladiz Meza, ambos del PRD, preguntaron sobre el costo que en este rubro implican los proyectos de infraestructura bajo el esquema de Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), además de saber cómo se eliminaría la Tenencia y los planes para incrementar la competitividad; la situación financiera del ISSEMyM, la deuda de los municipios con este organismo, los resultados de las políticas de austeridad y cómo se justifica el incremento de las plazas laborales en el sector público, además de los costos de programas publicitarios en la televisión.
Por su parte, la coordinadora de Nueva Alianza, diputada Lucila Garfias Gutiérrez, también cuestionó el monto y origen de los recursos para financiar los compromisos cumplidos de Enrique Peña; en tanto que su compañero, Eynar de los Cobos Carmona, pidió explicar si la administración estatal buscará contratar algún seguro contra desastres y por qué no se ha recurrido al Fondo Metropolitano para asistir a las familias afectadas por siniestros.
Por el PRI, los diputados: Francisco Osorno Soberón y Gerardo Hernández Tapia, pidieron conocer –además de la deuda real de los gobiernos municipales-, las nuevas acciones para seguir modernizando la administración; además de saber qué resultados han arrojado los servicios electrónicos del Gobierno, ya en marcha.
En representación del Verde Ecologista, Francisco Funtanet Mange recordó que se califica a la entidad como la segunda a nivel nacional por su deuda pública, y preguntó sobre las próximas políticas de contención del gasto; en tanto, Francisco Barragán Pacheco, del PT, externó su preocupación por la preparación del gobierno ante una eventual crisis económica global y su impacto en las políticas de fomento al empleo; con lo que coincidió Juan Ignacio Samperio Montaño, coordinador del Grupo Parlamentario de Convergencia, quien además llamó la atención sobre el presunto subejercicio de los recursos federales destinados a seguridad pública.
Al responder a los planteamientos, el secretario de Finanzas refirió que se esperan mejores condiciones en cuanto a la recepción de participaciones y aportaciones de la Federación, lo que facilitará cumplir el compromiso de eliminar el pago de la tenencia vehicular; rechazó que los PPS impliquen el incremento de la deuda pública.
En cuanto al ISSEMyM señaló que funciona adecuadamente, aunque reconoció presiones presupuestales sobre todo para el pago de pensiones, pero aseguró, son manejables; admitió que hubo incremento de plazas, sobre todo en los ámbitos educativo, de salud y seguridad pública, pero precisó que se realizaron dentro de lo estimado y para atender la creciente demanda social en ellos.
Descartó subejercicios relacionados con los recursos federales destinados a seguridad pública, y señaló que nuestra entidad apenas recibe 40 millones de pesos anuales por este concepto, lo que no significa un monto de consideración. Respecto al PAGIM, explicó que el Gobierno ha cumplido su papel, y cuando algún ayuntamiento no ha recibido el total de sus recursos, ha sido por cuestiones internas y no de la Secretaría que encabeza.
Expuso que en el sexenio recién concluido se aumentó la capacidad de inversión, consolidó las finanzas y avanzó en la modernización administrativa, lo que se reflejó en el posicionamiento de la entidad como primer lugar nacional en recaudación de ingresos propios y segundo en el Índice de Transparencia Fiscal. Ante una posible recesión internacional, estimó que la entidad, sobre la base de proyecciones económicas conservadoras, sabría enfrentarla.
A esta sesión asistieron, en calidad de invitados especiales: Guo Yongxiang, Luo Linshu, Yang Wen, Feng Jun y Wang Shengmin, vicepresidente, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, presidente del Comité de Asuntos Legislativos y directores de la Oficialía Mayor, respectivamente, todos de la Asamblea Popular de la Provincia de Sichuan, así como Luo Hao, funcionario de la Oficina de Asuntos Exteriores del Gobierno de la misma provincia, de la República Popular China.