- Al iniciar el Séptimo Periodo Extraordinario aprobaron condicionar la operación de centros de almacenamiento y transformación de productos forestales y restringir su transportación por la noche.
- También realizaron adecuaciones para favorecer la utilización racional de los recursos ambientales.
- Además de adicionar el capítulo de “Fraude Procesal” al Código Penal, así como sancionar el abuso de autoridad contra subalterno.
- Se acotaron los requisitos para recibir beneficios durante el cumplimiento de alguna pena y para el ingreso a instituciones policiales, en apego a derechos humanos.
Toluca de Lerdo, Méx.- Reformas en materia de protección al medio ambiente, para
regular la explotación forestal, combatir la tala clandestina y favorecer la
utilización racional de los recursos ambientales, así como adecuaciones en
seguridad y justicia con una perspectiva de derechos humanos y el combate al
abuso de autoridad, son algunos de los resultados de la primera sesión del
Séptimo Periodo Extraordinario de la LVIII Legislatura del Estado de México.
Presidida por la diputada Adriana de Lourdes Hinojosa
Céspedes (PAN), quien afirmó que el actual Periodo Extraordinario en una
oportunidad para seguir construyendo “con madurez política y responsabilidad
una mejor legislación para el pueblo del Estado de México”, la Asamblea
determinó sancionar el abuso de autoridad con contenido patrimonial contra un
subordinado, entendido como el que comete “el servidor público que utilice su
empleo, cargo o comisión para obtener la entrega de fondos, valores o cualquier
otra cosa que no le haya sido confiada, para aprovecharse o disponer de ella en
su favor o de un tercero”.
En caso de ejercerlo contra un subalterno, se sancionará con
uno a cinco años de prisión y de 30 a 500 días multa, así como la destitución e
inhabilitación de dos a siete años para desempeñar empleo, cargo o comisión en
el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido no supere el
equivalente de 90 veces el salario mínimo o no sea cuantificable, y se elevará
de cinco a once años de prisión, y de 500 a mil cien días multa, además de la
destitución e inhabilitación de siete a 17 años para desempeñar empleo, cargo o
comisión en el servicio público, cuando la cantidad o el valor de lo obtenido
exceda de 90 veces el salario mínimo.
De igual forma, el Pleno avaló el dictamen por el que se
adiciona el capítulo de “Fraude Procesal” al Código Penal del Estado de México,
que establece sanciones de uno a seis años de prisión y de 50 a 250 días multa
a quien simule actos jurídicos o un acto o escrito judicial, altere condiciones
de trabajo, elementos de prueba o escritos oficiales y los presente o exhiba en
los procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de provocar o inducir una
resolución judicial o administrativa de la que derive un beneficio o un
perjuicio indebido para sí o para otro, con independencia de la obtención del
resultado.
También determinaron acotar los requisitos que deben cumplir
los internos para ser candidatos a la remisión parcial de la pena, a ser
beneficiarios de la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo,
a la libertad condicional y a que la pena de prisión a la que se hicieron
acreedores pueda ser sustituida.
Además, establecieron como requisito para la incorporación
al servicio de carrera, así como para el ingreso y permanencia en las
instituciones policiales, ser ciudadano mexicano y en pleno ejercicio de sus
derechos, con el propósito de que el catálogo de requisitos se limité a estos
dos hechos, tal como lo establece una sentencia dictada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En materia de medio ambiente, los diputados aprobaron
condicionar la operación de centros de almacenamiento y transformación de
productos forestales a la emisión de un Dictamen de Factibilidad, por parte del
Consejo Rector de Transformación Forestal, además de restringir la
transportación de este material durante las 20:00 y 08:00 horas, a fin de
fortalecer el combate de la tala clandestina.
También aprobaron reformas al Código para la Biodiversidad
el Estado de México, a fin de incorporar adecuaciones que favorezcan la utilización
racional de los recursos ambientales, con lo que la Secretaría del Medio
Ambiente expedirá los lineamientos necesarios para la regulación,
administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas del estado, entre
otros temas.