martes, 22 de septiembre de 2009

Reorientar el gasto público

Francisco Velasco Zapata

Ya hemos dicho y afirmado categóricamente la necesidad de que los legisladores federales y estatales de todo el país hagan lo mejor que esté a su alcance -y mucho más- para evitar y, en su caso, trascender a los gastos superfluos del gobierno. Hemos sostenido que para ello resulta indispensable realizar un escrutinio público, lo más amplio posible -incluyendo embajadas y consulados generales-, para que oficina por oficina de los tres niveles de gobierno se eliminen todos los gastos que sólo constituyen un acto de consumo y, por lo tanto, resultan improductivos para el país. En síntesis, que se reduzca sustancialmente el “gasto corriente” y se incremente el de “inversión”, sobre todo aquel que puede tener efectos inmediatos en la generación de empleo y, además, sea bien remunerado.

Por ello es que nos parece conveniente contestar a la pregunta ¿A qué se le llama gasto corriente? En términos generales, sin entrar en polémica, se llama gasto corriente a las erogaciones realizadas por el gobierno -“sector público”- y que no tienen como contrapartida la creación de un activo, por lo cual constituyen un mero acto de consumo. La mayoría de esas erogaciones son “gastos” destinados a la contratación y remuneración de recursos humanos y a la compra de bienes y servicios para el desarrollo propio de las funciones administrativas de una dependencia o entidad.

Cálculos recientes de algunos especialistas en auditar el gasto público afirman que por cada peso gastado por el gobierno, setenta centavos van a dar a gasto corriente, o lo que es lo mismo, el 70% del presupuesto de egresos de la federación va a parar a este tipo de gasto, para nosotros inadecuada e irresponsablemente, sobre todo en épocas de grave crisis económica. El mismo -el gasto- es por demás improductivo si se compara con los positivos efectos en la economía que puede tener el gasto de inversión. El presupuesto de egresos propuesto por el gobierno federal para 2010 propone un gasto corriente equivalente a poco más de dos billones de pesos. Lo lamentable es que con esa propuesta de gasto se estima un gasto en remuneraciones personales para subsecretarios de estado del gobierno federal de poco más de 100 mil millones de pesos. Por ello es que varios partidos políticos se han manifestado por la desaparición del 90% de esas plazas -y si le revisaran con mayor responsabilidad y cuidado- se toparían con que el fenómeno va más allá de la federación, por lo cual, en los estados harían muy bien en reducir o desaparecer los mismos conceptos y acabar con todo lo que no hace falta o es superfluo. La ciudadanía por su parte estaría de acuerdo en que los cargos estén bajo la conducción de quienes sí saben realizar la función pública y de gobierno para la que se alquilan algunos malos servidores públicos que no son capaces de hacer nada si no tienen bajo su mando una enorme pila de asesores, carísimas oficinas de consultoría, asistentes, choferes, guardias de seguridad y hasta quiénes les contesten las llamadas de su celular.

Son cosas que tienen que cambiar, sobre todo si como lo expresamos -y los tiempos lo exigen- se requiere “mejor distribución del gasto para que el mismo vaya en apoyo de actividades que hagan posible que el “Estado” ejerza una auténtica, no simulada, rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la menguada Soberanía Nacional, fortalezca el régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales de todo el país. Tengamos presente que cuando hablamos de gasto de inversión, hablamos de las erogaciones que realiza el “Estado” destinadas a la adquisición o producción de bienes instrumentales o de capital, que incrementan el activo fijo del Estado y sirven como instrumentos de producción, para el propio Estado, así como los bienes y servicios públicos que todos o la mayoría demandamos. Un ejemplo de gasto de inversión es la educación, pero no el gasto en educación para sueldos -exclusivamente-, mucho menos si se trata de gasto que termina en manos de aviadores, sindicatos o sus dirigentes. Esperamos que por el bien de todos los mexicanos que los poderes ejecutivo y legislativo federales entiendan que el pueblo está harto de ser el único al que obligan los malos gobernantes a que se apriete el cinturón año con año. ¿Y usted, cómo la ve?
Politólogo.