Toluca de Lerdo, México.
La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de
Fiscalización de la 60 Legislatura concluyó la revisión del Informe de
Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Gobierno,
Organismos Auxiliares y Organismos Autónomos del Estado de México del ejercicio
fiscal 2017, en la que profundizaron sobre los detalles del endeudamiento de
diversos entes y las recomendaciones para subsanarlo.
En reunión de trabajo con Fernando Valente Baz Ferreira,
titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), los
diputados Tanech Sánchez Ángeles y Dionicio Jorge García Sánchez, de morena;
Miguel Sámano Peralta y Lilia Urbina Salazar, del PRI, y Francisco Rodolfo
Solorza Luna, del PT, expresaron sus dudas sobre los alcances de las recomendaciones
de la institución, los informes sobre auditorías con déficit financiero y la
situación de los entes que manifiestan superávit en sus cuentas.
El presidente de la Comisión, el legislador Tanech Sánchez,
cuestionó que el índice de desempeño de los indicadores de los programas
presupuestarios estatales haya reflejado, que, de los 97 evaluados, dos son
valorados como ‘críticos’ y diez como ‘pésimos’, y que el OSFEM solo los haya
señalado con recomendaciones y no con sanciones.
Preguntó también si el total del ejercicio de presupuesto de
algunos programas y los resultados no son causa suficiente para sancionar a los
ejecutores y si los resultados ‘crítico’ y ‘pésimo’ no son motivo de auditorías
de cumplimiento financiero y generar observaciones o sanciones por la
ineficacia de las acciones públicas.
El diputado Miguel Sámano, coordinador de la bancada del
PRI, solicitó información sobre el rubro con mayor incidencia de observaciones
en las auditorías financieras, así como de los sectores revisados de manera
directa en el ejercicio fiscal 2017.
Su compañera legisladora, Lilia Urbina cuestionó el
tratamiento que se da a los ingresos y excedentes de la Cuenta Pública estatal,
así como las medidas del OSFEM para verificar el cumplimiento de los requisitos
relacionados con la competencia laboral de los servidores públicos municipales
y el impacto de la mejora regulatoria.
El legislador Dionicio Jorge García solicitó un informe
sobre el financiamiento autorizado al Ejecutivo estatal por 2 mil 800 millones
de pesos para la atención a damnificados del sismo de septiembre de 2017, y
preguntó si se ha realizado alguna auditoría al respecto; en tanto que el
diputado Francisco Rodolfo Solorza preguntó sobre las recomendaciones emitidas
a las instituciones que registran déficit y los criterios de las auditorías.
Como respuesta a los cuestionamientos de los legisladores,
Fernando Baz explicó que cuando se detecta que no se cumplen los objetivos de
los programas, el OSFEM hace recomendaciones, pero que éstas son señaladas como
‘no graves’ en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México
y Municipios, por lo que a las recomendaciones graves se les da seguimiento
puntual y a las no graves se les promueve ante las contralorías
correspondientes, y lamentó que las observaciones no sean vinculatorias.
Detalló que la mitad de las observaciones en auditorías
financieras fueron por el pago de nómina y que en la Cuenta Pública estatal del
2017 se determinaron 49 observaciones por este motivo, que ascendieron a casi
17 millones de pesos; también aclaró que, de acuerdo con la Ley de Disciplina
Financiera, se pueden realizar erogaciones adicionales a las aprobadas en el
Presupuesto de Egresos para usarse en la movilización y amortización de deuda o
aportación a desastres naturales, entre otros.
Explicó, sobre el crédito de 2 mil 800 millones de pesos
para ayuda a damnificados, que solo se
ejercieron 102 millones, y que toda la deuda que se autoriza tiene que
destinarse a inversión, de acuerdo con la ley. También añadió que con los entes
que tienen endeudamiento se analiza la firma de convenios para que se
comprometan a pagar.
Por otro lado, en sus conclusiones del Informe de Resultados
de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, el auditor puntualizó que la
Universidad Autónoma del Estado de México registra una deuda de mil 600
millones de pesos; que las cuentas por pagar del Instituto de Salud del Estado
de México son por nueve mil millones de pesos, que el Issemym tiene cuentas por
cobrar a largo plazo equivalentes a dos mil 152 millones de pesos y a corto
plazo, mil 922 millones de pesos.
Agregó que en total se detectaron 984 hallazgos y
observaciones; 502 a la Cuenta Pública, 142 financieras, 31 a función de obra,
23 a despachos externos, 131 a despachos que integran la Secretaría de la
Contraloría y 155 observaciones resarcitorias.
Sobre la Cuenta Pública de los municipios del Ejercicio
Fiscal 2017, el auditor superior destacó que revisaron 376 entes, entre los 125
ayuntamientos y sus sistemas DIF, además de 45 organismos de agua, 79
institutos municipales de cultura física y deporte, y el Instituto Municipal de
la Juventud de Ayapango.
De lo anterior, detalló el auditor superior, que la deuda
pública de los 125 municipios cerró, en diciembre de 2017, en 18 mil millones
de pesos, y señaló que en 2013 la deuda era de 15 mil millones. Indicó que,
pese a que la Ley de Ingresos de los Municipios menciona que los endeudamientos
de los ayuntamientos no podrán rebasar el 40 por ciento de los ingresos ordinarios,
82 localidades adeudan más de ello.
En total se hicieron mil 187 auditorías a los 125 municipios
en revisiones financieras, obra, presupuesto, patrimonial y cuenta pública, que
arrojaron siete mil 316 hallazgos con un importe de 30 mil millones en diferencias
entre integraciones de Cuenta Pública y cifras que no coinciden; en tanto que
se hicieron seis mil 832 observaciones resarcitorias por tres mil 157 millones
de pesos, las cuales no fueron aclaradas en la etapa de confronta.
Respecto al procedimiento de entrega-recepción de los
ayuntamientos, Baz Ferreira informó que se ha capacitado a 508 servidores
públicos entrantes de 103 municipios, y que para el proceso entre
administraciones entrantes y salientes participan 338 servidores públicos del
OSFEM, quienes realizarán 740 visitas a los municipios.
En la reunión también estuvieron presentes los diputados
Gerardo Ulloa Pérez, Karina Labastida Sotelo, Faustino de la Cruz Pérez, todos
de morena; Edgar Armando Olvera Higuera, del PAN, y Juan Carlos Soto Ibarra,
del PES.
