viernes, 22 de noviembre de 2013

Elevar penas a acosadores en transporte público: URN

  • Propone penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.



Toluca, Estado de México.-  Con el fin de que el Estado eleve las penas a quienes en el transporte público cometen acoso sexual, pues las vigentes no son equiparables al daño emocional que causan a las víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ulises Ramírez Núñez, presentó iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de México, en su modalidad de sexting.

En tribuna, al hacer uso de la palabra, Ulises Ramírez, aseveró que el acoso en el transporte colectivo, al sumarse a los problemas imperantes de este sector, tornan dicho servicio público concesionado, muy peligroso para tan vulnerable sector social.

Ante este panorama, el legislador indicó que Acción Nacional propone tipificar como delito de acoso sexual, la conducta consistente en actos con fines ofensivos, difamatorios, eróticos o sexuales, por parte de quien grabe, reproduzca, publique, ofrezca, publicite, almacene, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes, texto, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, así como desnudos o semidesnudos, reales o simulados.

De igual forma, el coordinador de los diputados panistas en el Congreso Mexiquense, señaló que la iniciativa también propone perseguir y castigar penalmente a quien con fines de lujuria, asedie reiteradamente a cualquier persona sin su consentimiento, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Ramírez Núñez, añadió que en ambas hipótesis, se impondrán penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa, aunque si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el  significado del hecho o de resistirlo, la pena se incrementará en un tercio.


Finalmente, indicó que es importante actualizar el marco legal para remediar males sociales de forma eficaz y así las instituciones de seguridad pública, los órganos de procuración y de administración de justicia, puedan investigar, judicializar y condenar, a fin de que se materialice el acceso a la jurisdicción estatal efectiva, de quiénes son víctimas de tan reprochables conductas, máxime cuando los pasivos son menores de edad o personas que por sus condiciones personales no pueden entender o resistir la conducta.

miércoles, 20 de noviembre de 2013

Presentan vecinos denuncia penal por fraude contra la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras Julián

  • Anunciaron también una denuncia ante la contraloría interna del INVEA porque afirma no haber encontrado las oficinas que la PAOT si ubicó



México, D. F., a 20 de noviembre de 2013.- Los Vecinos Unidos del Centro Histórico de Tlalpan presentaron este mediodía una denuncia penal en contra de la Jefa Delegacional Maricela Contreras Julián y sus colaboradores, por los presuntos delitos de fraude procesal, fraude, responsabilidad de los servidores públicos y uso ilegal de atribuciones y facultades, entre otros, como resultado por violar el uso de suelo para instalar la Dirección General de Administración de la demarcación en una zona protegida.

Asimismo, los vecinos y su abogado anunciaron que en breve realizarán una denuncia ante la contraloría interna del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) porque en sus respuestas afirma que no encontró las oficinas denunciadas por los vecinos, mientras que un órgano como la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) si las encontró, lo que significa que le sirven de tapadera a la delegada, expresó Sara Espíritu Reyes, vocera de los vecinos.

La denuncia fue entregada en la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el abogado de los vecinos tlalpenses, Alejandro Álvarez Calderón, quien dio a conocer que los delitos por los que se acusa a la Jefa Delegacional de Tlalpan, son entre otros los de fraude procesal y uso ilegal de atribuciones y facultades.

El primero de los probables delitos, de acuerdo con el representante legal de los colonos, se comete cuando la delegación utiliza un certificado de uso de suelo que por la zonificación sólo avala un centro de procesamiento de datos, pero en realidad el uso es distinto como lo afirma la PAOT.

El segundo presunto delitos que comete la delegación es el de haber firmado un contrato para arrendar el inmueble, utilizando dicho certificado anómalo desde su origen.

Asimismo, dieron a conocer que en cuanto a los estacionamientos, la ley marca que deben estar dentro de la propia construcción y lo que hace Maricela Contreras es llevarlos a tres calles de distancia, orden que sus empleados incumplen porque ahora se apropiaron de las aceras de por lo menos 10 calles a la redonda.

De acuerdo con los ciudadanos tlalpenses, al instalar las oficinas administrativas delegacionales en la calle de Calvario 61 bajo el argumento de que es un Centro de Procesamiento de Datos, Maricela Contreras Julián violenta no sólo el uso de suelo decretado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, sino también el patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental de Tlalpan.

“Estamos en el mundo al revés porque quienes por ley deben ‘vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación’ como lo estipula la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, son quienes la violentan y entonces debemos ser los habitantes, los vecinos, quienes debemos acudir a hacer este tipo de diligencias para proteger nuestro entorno”, declaró Sara Espíritu Reyes.

Sobre todo, afirma Espíritu Reyes, cuando son atribuciones de la Jefa Delegacional, entre otras, informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables, como es el caso.


Los Vecinos del Centro Histórico de Tlalpan advirtieron hace algunos días que de acuerdo con información pública que encontraron en Internet, meses antes de que la Delegación Tlalpan rentara la casa de lujo ubicada en Calvario 61 para oficinas, sus propietarios ya la ofertaban para ello.         

lunes, 18 de noviembre de 2013

Proponen ley para alertar sobre violencia de género: Annel Flores

  • Edoméx, ocupa primeros lugares en violencia sexual en las relaciones de pareja, psicológica, física, económica, escolar, laboral y en la comunidad.



Toluca, Estado de México, 17 de noviembre de 2013.- La diputada Annel Flores Gutiérrez, presentó iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, con el fin de evitar los feminicidios y fomentar que los ciudadanos den aviso a las autoridades sobre agresiones a mujeres, y se apliquen medidas preventivas.

En tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la legisladora destacó que la motivación principal para alertar si hay condiciones de riesgo para una mujer, víctima de violencia de género, radica en el convencimiento, pasando por el otorgamiento de incentivos que no distorsionen el propósito original, y dejando como último recurso la aplicación de una sanción en una multa moderada.

Indicó que el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios y de acuerdo al artículo “Violencia de Género en México” del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, entre las principales manifestaciones de violencia se encuentran: la sexual en las relaciones de pareja con 11%, la psicológica con 47%, la física con 24.5%,  la económica con 29.6%, la escolar con 18.1%, la laboral con 37.5% y en la comunidad, con 42.3%.

Añadió que los feminicidios se han elevado desmesuradamente en el estado, fenómeno social que se presenta desde hace años, pues con el registro de estadísticas y datos, se cuenta con información suficiente para observar una crisis en el bien jurídico tutelado, que es la vida de las mujeres en la alta incidencia de este delito, ya de por sí grave por tratarse de la privación de vidas humanas.

Flores Gutiérrez, manifestó que la iniciativa propone utilizar las tecnologías de la información para ser funcional y que los datos puedan ser explotados con toda oportunidad, con miras a salvaguardar la integridad de las mujeres.


Finalmente, señaló que plantea estrechar la coordinación entre los cuerpos policiacos y jueces calificadores municipales, agentes del Ministerio Público del fuero común y personal del Sistema DIF, autoridades encargadas de conocer, investigar y aplicar sanciones de tipo administrativo a los agresores de las mujeres en un entorno de violencia familiar, así como solicitar medidas protectoras.