- Propone penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.
Toluca, Estado de México.-
Con el fin de que el Estado eleve las penas a quienes en el transporte
público cometen acoso sexual, pues las vigentes no son equiparables al daño
emocional que causan a las víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad,
el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ulises
Ramírez Núñez, presentó iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de
México, en su modalidad de sexting.
En tribuna, al hacer uso de la palabra, Ulises Ramírez,
aseveró que el acoso en el transporte colectivo, al sumarse a los problemas
imperantes de este sector, tornan dicho servicio público concesionado, muy
peligroso para tan vulnerable sector social.
Ante este panorama, el legislador indicó que Acción Nacional
propone tipificar como delito de acoso sexual, la conducta consistente en actos
con fines ofensivos, difamatorios, eróticos o sexuales, por parte de quien
grabe, reproduzca, publique, ofrezca, publicite, almacene, distribuya, difunda,
exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes,
texto, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, informática,
audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, así como desnudos o
semidesnudos, reales o simulados.
De igual forma, el coordinador de los diputados panistas en
el Congreso Mexiquense, señaló que la iniciativa también propone perseguir y
castigar penalmente a quien con fines de lujuria, asedie reiteradamente a
cualquier persona sin su consentimiento, en instalaciones o vehículos
destinados al transporte público de pasajeros.
Ramírez Núñez, añadió que en ambas hipótesis, se impondrán
penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa,
aunque si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que no tenga la
capacidad para comprender el significado
del hecho o de resistirlo, la pena se incrementará en un tercio.
Finalmente, indicó que es importante actualizar el marco
legal para remediar males sociales de forma eficaz y así las instituciones de
seguridad pública, los órganos de procuración y de administración de justicia,
puedan investigar, judicializar y condenar, a fin de que se materialice el
acceso a la jurisdicción estatal efectiva, de quiénes son víctimas de tan
reprochables conductas, máxime cuando los pasivos son menores de edad o
personas que por sus condiciones personales no pueden entender o resistir la
conducta.