- Edoméx, ocupa primeros lugares en violencia sexual en las relaciones de pareja, psicológica, física, económica, escolar, laboral y en la comunidad.
Toluca, Estado de México, 17 de noviembre de 2013.- La
diputada Annel Flores Gutiérrez, presentó iniciativa para modificar la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, con el fin
de evitar los feminicidios y fomentar que los ciudadanos den aviso a las
autoridades sobre agresiones a mujeres, y se apliquen medidas preventivas.
En tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción
Nacional, la legisladora destacó que la motivación principal para alertar si
hay condiciones de riesgo para una mujer, víctima de violencia de género,
radica en el convencimiento, pasando por el otorgamiento de incentivos que no
distorsionen el propósito original, y dejando como último recurso la aplicación
de una sanción en una multa moderada.
Indicó que el Estado de México ocupa el primer lugar en
feminicidios y de acuerdo al artículo “Violencia de Género en México” del
Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de
Género, entre las principales manifestaciones de violencia se encuentran: la
sexual en las relaciones de pareja con 11%, la psicológica con 47%, la física
con 24.5%, la económica con 29.6%, la
escolar con 18.1%, la laboral con 37.5% y en la comunidad, con 42.3%.
Añadió que los feminicidios se han elevado desmesuradamente
en el estado, fenómeno social que se presenta desde hace años, pues con el
registro de estadísticas y datos, se cuenta con información suficiente para
observar una crisis en el bien jurídico tutelado, que es la vida de las mujeres
en la alta incidencia de este delito, ya de por sí grave por tratarse de la
privación de vidas humanas.
Flores Gutiérrez, manifestó que la iniciativa propone
utilizar las tecnologías de la información para ser funcional y que los datos
puedan ser explotados con toda oportunidad, con miras a salvaguardar la
integridad de las mujeres.
Finalmente, señaló que plantea estrechar la coordinación
entre los cuerpos policiacos y jueces calificadores municipales, agentes del
Ministerio Público del fuero común y personal del Sistema DIF, autoridades
encargadas de conocer, investigar y aplicar sanciones de tipo administrativo a
los agresores de las mujeres en un entorno de violencia familiar, así como
solicitar medidas protectoras.