Se agudiza la tensión entre Campeche y Quintana roo por
territorio
El INEGI argumenta que todos sus procesos de censo en 2010
fueron notificados a los Estados; Quintana Roo no podrá acceder a fondos de la
ONU ante la delimitación que hizo el INEGI de la franja en disputa que adosó a
Campeche
Por Enrique Huerta / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo.- No es casual que actualmente todos los mapas oficiales de
México (desde 2010) den a Campeche los más de 9 mil kilómetros cuadrados que
Quintana Roo intenta recuperar vía la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN): el gobierno estatal nunca contestó los oficios metodológicos con los
que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció que
trabajaría.
En los hechos, esa disputada franja territorial ya figura en
todos los mapas de Google, y hasta los presupuestos federales otorgan recursos
que en teoría deberían ir a las arcas de Quintana Roo. Según consta en
documentos oficiales, y la presentación del Atlas de México, el INEGI aclara
que todos los estados fueron notificados sobre la metodología que se tomaría
como parámetro para realizar el censo.
Es decir: el sexenio pasado, gobernado por Félix González
Canto, conoció plenamente la metodología que fue publicada en el Diario Oficial
de la Federación y, por lo consiguiente, el INEGI decidió otorgar a Campeche la
geografía que ocupan 125 comunidades entre la línea divisoria de estos dos
estados, a las que se suman 66 comunidades ya colindantes con Yucatán.
Una tarjeta informativa que fue a parar a manos del ex
gobernador, y del actual Ejecutivo estatal, Roberto Borge Angulo, advierte
varios puntos álgidos:
1) No pudieron localizar el oficio con relación al Censo de
Población 2010 que fue entregado en la Oficialía de Partes de la Secretaría de
Gobernación el 3 de mayo, varias semanas antes del censo que se realizó entre
el 31 de mayo y 25 de junio de ese año. En ese oficio el INEGI, dice el
documento “arroja un demérito de 27 mil 581 habitantes no asignados al Estado
de Quintana Roo, y que de conformidad con el artículo 6 de la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica, será considerado como oficial
y de uso obligatorio”. El gobierno no previó esta situación.
2) Cuando el gobierno rescata el documento en el INEGI
(Revisión y Análisis de las Zonas Pendientes por Asignar en la Península de
Yucatán), advierte esta asignación indebida: “Yucatán 66 localidades, 5 mil 567
habitantes, Campeche 125 localidades, 21 mil 814 habitantes”, dice el
documento.
Pero la principal afectación es la presupuestal. El análisis
describe que impacta en el índice de marginación y el rubro pobreza extrema por
partida doble: por asignación de recursos ordinarios derivados del presupuesto,
según el consejero Jurídico de Quintana Roo, Raúl Labastida Mendoza, son
alrededor de 100 millones de pesos, y la obtención de recursos extraordinarios
derivados de lo que se podría haber captado a través de fondos mundiales, como
los que se desprenden del rubro Objetivos del Milenio de la Declaración del
Milenio, signado en Nueva York el 8 de septiembre del 2000, asignación de la
ONU a través de UNFPA, UNICEF, OMS y la OIT. Otra vertiente, está en el FMI y
el BID.
Finalmente, el estado de Quintana Roo interpone una
controversia contra el INEGI que espera todavía su resolución y que los
analistas jurídicos prevén se podría dar a mediados de este año. Es por eso que
Luis García Villanueva, del Comité Prodefensa de los Límites de Quintana Roo,
dice que el INEGI respondió que, al no recibir objeciones del gobierno de
Quintana Roo, tomaron los parámetros dados a conocer mediante oficio y
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
En la Síntesis Metodológica y Conceptual del Censo 2010,
dice con respecto a las coordinaciones, “en el Diario Oficial de la Federación,
con fecha al 29 de enero del 2010, se publicó el Acuerdo de la Junta de
Gobierno del INEGI por el que se establecen las bases para la coordinación,
participación y colaboración en la organización, levantamiento, procesamiento y
publicación del Censo de Población y Vivienda 2010”.
En ese documento, se aclara que las discrepancias respecto
de los límites estatales se encuentran documentadas en la publicación “Atlas,
Situación actual de la división político-administrativa interestatal de los
Estados Unidos Mexicanos”. En ella, se observan los huecos y traslapes que
existen en siete zonas del país denominadas Zonas Pendientes de Asignar: de
acuerdo con los resultados de Censo 2010, en estas zonas se ubican 829
localidades, e involucran a ocho entidades federativas.
En el acuerdo publicado en el Diario de la Federación,
fechado el 29 de 2010, por el que se establecen las bases para la coordinación,
especifica que el INEGI proporcionará oportunamente a las autoridades toda la
documentación, capacitación y procedimientos necesarios para efectuar las
tareas censales señaladas.
En entrevista con Luces del Siglo, Carlos Fernando Novelo
Vela, coordinador estatal del INEGI, confirmó: “cada vez que hacemos eventos
censales ponemos a disposición de los presidentes municipales, de los
funcionarios estatales, la cartografía que se va a emplear para el censo, y se
la damos antes para que la pueda validar y para que nos digan si están de
acuerdo, si están conformes o no con ese asunto”.
Recordó que los límites que utiliza el INEGI para sus
trabajos son límites geo-estadísticos, no coinciden necesariamente con los
político-administrativos. “Para hacer nuestros trabajos tenemos que referenciar
la información que captamos con algún espacio geográfico, entonces el INEGI
crea el Marco Geoestadístico Nacional y data desde 1978”, especificó.
Según dijo, utilizaron la cartografía de la Reforma Agraria
que está identificada por los límites de los ejidos o por límites de pequeñas
propiedades. De esta manera, refirió, contabilizaron 141 localidades habitadas,
de las cuales 125 están referenciadas a Campeche, con 21 mil 814 residentes; 16
localidades quedaron referenciadas a Quintana Roo, con 3 mil 303 residentes.
El delegado aseguró que dichos límites no han sido movidos
desde 1978, con los cuales, se han realizado 14 registros censales.
El ex magistrado Joaquín González Castro opina que Quintana
Roo tiene toda la razón jurídica e histórica, por lo cual, una vez dado el
fallo a favor de Quintana Roo, el INEGI deberá romper todos los mapas y los
Atlas de México en los que otorga a Campeche la franja en disputa. En ese
sentido, Google debería modificar sus mapas actuales.
El tema volvió a tomar resonancia nacional cuando en pleno
discurso por el 149 Aniversario del Decreto que ratifica la erección del Estado
de Campeche, el diputado de ese estado, Luis González Curi, calificó a los
quintanarroenses de “piratas constitucionales”. “No aceptamos reclamo alguno
respecto a la soberanía que el estado ejerce desde su nacimiento, sobre la
superficie que, legal e históricamente, nos corresponde. No cederemos un metro
de nuestro territorio”, dijo el representante que, sin embargo, no aceptó dar
su versión contactado en su oficina por este semanario.
En su discurso oficial fue con todo al recalcar:
“enfrentamos desde el siglo pasado un conflicto limítrofe, absurdo y sin
sentido con el estado de Quintana Roo, entidad que por cierto nació en 1974,
porque los límites del estado de Campeche quedaron perfectamente definidos
desde los Convenios de División Territorial suscritos con el gobierno de
Yucatán, en mayo de 1858”.
No pasó mucho para que llegara la réplica: el gobernador
Roberto Borge Angulo, a través de su vocería, expresó: “sabemos que es una sola
voz (la de González Curi), no la de todo el pueblo de Campeche. Adjetivos como
los usados por este personaje rebajan su investidura y conducen un tema
estrictamente jurídico al ámbito que algunos quisieran: el del pleito
callejero”, y finaliza: “dejemos que sea la Suprema Corte de Justicia de la
Nación la que nos otorgue la inapelable e irrenunciable razón histórica y
jurídica”.
No obstante, fiel a su estilo, Borge Angulo le pidió al
gobernador de Campeche, Fernando Ortega Bernés, que el presidente de la Gran
Comisión se retracte por sus dichos, sin advertir el mandatario quintanarroense
que se tratan de poderes distintos y que su homólogo no le puede pedir eso al
presidente del poder Legislativo, al menos públicamente. Hasta el cierre de
esta edición, el diputado campechano González Curi no se había retractado.
Mientras la temperatura sube entre los gobiernos de Quintana
Roo y Campeche, en la Suprema Corte aguardan dos controversias constitucionales
que plantean el deslinde de los límites territoriales. De otorgársele la razón
al gobierno de Campeche, la situación quedaría tal como está actualmente, pero
si se la conceden a Quintana Roo, el máximo tribunal del país estaría
desconociendo los atlas geográficos del país que han servido de sustento a los
censos de población en las últimas cuatro décadas, además de que echaría
prácticamente a la basura toda la inversión que se realizó para estos conteos
demográficos.