jueves, 19 de diciembre de 2013

Urgen reformas para detener fraudes a campesinos en todo el país: Padilla Fierro

  • Es necesario legislar para que el gobierno pague de forma inmediata a propietarios de predios que son expropiados, ya que hay casos en que no se ha pagado desde 1955


México, D. F.- En apoyo a los campesinos dueños de las tierras donde se construyó la autopista Tepic-Mazatlán y la supercarretera Mazatlán-Durango, el diputado federal priista, Román Alfredo Padilla Fierro, dijo que hacen falta reformas a la ley que obliguen a las instituciones a pagar a sus propietarios el valor de los predios de forma inmediata porque los puntos de acuerdo en los Congresos federal y estatales son insuficientes.

“Existe la ley que castiga, porque si yo mando un punto de acuerdo, pues también es lo mismo, no hacen caso (las dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes)”, expresó el diputado del Distrito I de Sinaloa con cabecera en El Fuerte, al norte del estado.

El también locutor recordó que el gobierno ha abusado de la población más desfavorecida desde hace muchos años: “Tan solo en donde se construyó la Presa Miguel Hidalgo (conocida popularmente como El Mahone, ubicada en el cauce del Río Fuerte) les siguen debiendo a los originales dueños desde 1955”.

“Cuando hacen las presas, los desalojan. Tenemos que hacer unas reformas importantes en el Congreso para que realmente se les liquiden porque los funcionarios llegan con palabras y los convencen para hacer las obras pero luego no les pagan”, dijo.

Expresó que es importante “que no abandonen a la gente, que al contrario se les ayude, se haga justicia para los poblados de esas comunidades”, afirmó luego de recordar que es muy importante cumplir las leyes.

Los campesinos de Sinaloa, Durango y Nayarit están luchando por lograr que se complete el proceso de expropiación de sus predios para no pasar a las estadísticas de expropiaciones iniciadas pero inconclusas, que quedan en las oficinas burocráticas y sin pagar a los legítimos dueños.

De acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Expropiación publicada el 27 de enero de 2012, “la indemnización deberá pagarse en moneda nacional a más tardar dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la publicación del decreto de expropiación, sin perjuicio de que se convenga su pago en especie”.

Y agrega que “La indemnización por la ocupación temporal o por la limitación de dominio consistirá en una compensación a valor de mercado, así como los daños y perjuicios, si los hubiere, que pudieran ocasionarse por la ejecución de dichas medidas, misma que deberá pagarse conforme al plazo referido en el párrafo primero de este artículo”.


El diputado Padilla Fierro, también secretario de la Comisión de Cambio Climático, hizo un llamado a las instituciones a llevarlo a cabo: “A todos los gobiernos y secretarias, SCT, Sagarpa, porque todos tienen que ver en el cambio”, manifestó. (Por Yessica López)

lunes, 16 de diciembre de 2013

Avala legislatura mexiquense minuta de reforma político-electoral


  • La minuta, enviada por el Senado de la República, establece diversos cambios institucionales para permitir la reelección de diputados, senadores y alcaldes, y la creación del Instituto Nacional Electoral.
  • En sesión del Cuarto Periodo Ordinario, se recibió el informe anual del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.
  • Se turnó a Comisiones la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas, para incorporar delito de Fraude Procesal al Código Penal.


Toluca de Lerdo, Méx.- El Pleno de la LVIII Legislatura aprobó la minuta de reforma en materia político-electoral que envió el Senado de la República, la cual establece la reelección legislativa y de presidentes municipales, la creación del Instituto Nacional Electoral (INE) en sustitución del Instituto Federal Electoral (IFE) y dota de autonomía a la procuración de justicia mediante la conformación de la Fiscalía General de la República (FGR), entre otros temas.

Durante la sesión del Cuarto Periodo Ordinario, presidida por la diputada Ana María Balderas Trejo (PAN), el diputado Enrique Mendoza Velázquez (PRI), presidente de la Comisión de Asuntos Electorales, destacó que el espíritu del decreto estriba en “la necesidad impostergable de reformar la norma suprema en materia político-electoral, con el propósito fundamental de fortalecer la democracia y modernizar al Estado mexicano”; sin embargo, dijo que su Grupo Parlamentario no comulga con la reelección, toda vez que “no abona al óptimo funcionamiento de los ayuntamientos y de los poderes legislativos”.

En este sentido, afirmó que analizarán “las vías y los medios legales a nuestro alcance para perfeccionar estas reformas”.

Al respecto, el diputado Octavio Martínez Vargas (PRD) cuestionó el pronunciamiento en contra, cuando en el Congreso de la Unión no se presentó. Respecto a la minuta, consideró que resta facultades en las decisiones de la vida interna de la entidad.

En su oportunidad, la diputada Ana Yurixi Leyva Piñón (PRD), afirmó que la reforma representa parte de los avances democráticos; toda vez que permitirá que la procuración de justicia sea ajena al Ejecutivo, evitando la impunidad protegida por el poder político. En cuanto al Instituto Nacional Electoral, confió en que sea una figura temporal, a fin de rediseñar este esquema en cuanto se fortalezca la vida democrática en las entidades. Pidió que se resuelva lo antes posible la legislación  para regular la consulta popular, así como reconocer al Distrito Federal como entidad federativa.

Por su parte, la legisladora Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes (PAN) manifestó su beneplácito ante los cambios constitucionales, debido a que fortalecen la democracia participativa, especialmente por la creación del Instituto Nacional Electoral que permitirá condiciones equitativas; la reelección como mecanismo de evaluación de representantes populares y autoridades,la autonomía en la procuración de justicia y la paridad de género en el acceso a las candidaturas.

En su oportunidad, el diputado Juan Abad de Jesús (MC) coincidió en que la reelección es un tema que debe tratarse con cuidado, pero destacó las modificaciones para dotar de autonomía a la procuración de justicia y mejores condiciones para la competencia electoral y la participación ciudadana.

En tanto, Norberto Morales Poblete (PT) consideró que deben analizarse con mayor profundidad las figuras de reelección y candidaturas independientes, toda vez que “no es el momento adecuado”, y subrayó que prevalecen dudas respecto a las atribuciones y el manejo del Instituto Nacional Electoral.

La reforma político electoral comprende el gobierno de coalición, ratificación de los nombramientos hechos por el presidente de los titulares de las secretarías de Relaciones Exteriores y de Hacienda; la naturaleza jurídica del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social; el nombramiento del Procurador General de la República; atribuciones del Consejero Jurídico del Gobierno federal; aumento del umbral para mantener el registro como partido político; atribuciones del Congreso de la Unión para emitir leyes generales en materia electoral; aprobación por parte del Congreso de la Unión del Plan Nacional de Desarrollo y, por parte del Senado, la ratificación de la estrategia nacional de seguridad pública, entre otros aspectos.

Reciben diputados informe de actividades del INFOEM

En atención a lo previsto en el artículo 60 fracción XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Estado de México y Municipios, el Pleno del Congreso mexiquense recibió el informe anual de actividades del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem), presentado por el comisionado presidente de este órgano, Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

A comisiones, iniciativa para incorporar delito de fraude procesal

Se turnó a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, la iniciativa por la que se adiciona al Código Penal del Estado de México un capítulo denominado “Fraude Procesal”, presentada por el gobernador, Eruviel Ávila Villegas.

Establece que se impondrán de uno a seis años de prisión y de 50 a 250 días multa a quien “simule actos jurídicos y procesales, altere condiciones de trabajo o falsifique documentos, elementos de prueba o escritos oficiales o los presente y exhiba en los procedimientos jurisdiccionales, con el propósito de provocar o inducir a que la autoridad emita una resolución judicial o administrativa contraria a la ley o para obtener un beneficio indebido para sí o para otro, que derive en perjuicio de alguien”.


El documento argumenta que se ha incrementado la comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia mediante la realización de actos como la alteración o falsificación de documentos.