Los investigadores Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela
informan de la próxima creación de una gran ONG para buscar la abrogación de la
ley reglamentaria del artículo 10 constitucional, por una nueva
México. D. F., a 23 de abril de 2012.- En el marco del reconocimiento recibido ayer por Ernesto
Villanueva y Karla Valenzuela como autores del libro “Seguridad, Armas de Fuego
y Transparencia”, ambos expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM anunciaron la próxima creación, junto con varias agrupaciones, de un
gran movimiento para luchar porque se abrogue la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, reglamentaria del Artículo 10 Constitucional por una nueva,
“amigable, operativa y posible”.
“Es un derecho humano, no es una idea nuestra. Está previsto
en el artículo 10 de la Constitución actual y lo estaba ya desde la
Constitución de 1857. Es el derecho a la posesión y portación de armas para
efectos de legítima defensa y seguridad, salvo aquellas prohibidas por la ley
para uso exclusivo del Ejército”, explicó Ernesto Villanueva.
Agregó que el gran problema “es que hay una ley
reglamentaria restrictiva, limitativa, que hace imposible poder ejercer este
derecho. No hay en la ley mecanismos de educación, de adiestramiento, de
conocimiento de las armas y, por tanto, se convierte en un derecho nugatorio”.
El Artículo 10 Constitucional reformado en su integridad
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de
octubre de 1971, dice: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen
derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa,
con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el
uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La Ley
Federal determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se
podrá autorizar a los habitantes la portación de armas”.
El investigador afirma que el Artículo 10 establece el qué y
la ley reglamentaria el cómo. Así, el cómo debe ser lo más fácil para lograr el
propósito del Artículo 10, pero aquí se hace todo lo contrario. Incluso, “el
artículo 5 de la Ley establece una cuestión inconstitucional, denominada la
despistolización a través de campañas de intercambio de armas de fuego por
despensas o algunos bienes para la gente”.
El libro “Seguridad, Armas de Fuego y Transparencia. Mito y
realidad sobre el derecho de posesión y portación de armas de fuego en México”,
es coautoría de Ernesto Villanueva y Karla Valenzuela, editado por el Instituto
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-UNAM), el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Editorial Jus.
Los autores recibieron ayer un reconocimiento por varias
agrupaciones entre las que se encuentran el Foro México Armado y la Federación
Mexicana de Tiro y Caza, en el Campo de Tiro Las Mesas, ubicado en el Estado de
México.
Ahí Karla Valenzuela expresó que durante la investigación
encontraron que existen tres puntos importantes por resolver para lograr que
exista un real cumplimiento de la ley y se pueda ejercer este derecho: 1)
Difundir el artículo 10 Constitucional como derecho humano; 2) Remediar la
falta de datos duros propiciada por un registro de armas de fuego mal diseñado,
además de que no hay bibliografía sobre el derecho de uso y portación de las
mismas, salvo dos libros publicados con anterioridad, y; 3) Promover una
educación y cultura responsable del uso de las armas de fuego porque la mayoría
de las personas tiene miedo propiciado por una ley mal diseñada.
El libro, coincidieron Villanueva y Valenzuela, pretende
destruir mitos y con datos duros perfectamente comprobables, abonar en el
derecho a la información que tenemos los ciudadanos mexicanos.
El delito común es la máxima preocupación de los mexicanos,
no el crimen organizado como se cree, dijo Villanueva, ya que “de acuerdo con
la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional elaborada por el
IIJ-UNAM, la principal preocupación, arriba del 70 por ciento, es sufrir robo
con violencia y violación más que ser víctima de fuego cruzado por el crimen
organizado o que pongan precio por tu cabeza”.
El otro aspecto importante, añadió el investigador, es que
de acuerdo a datos obtenidos “a través de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental, datos de la SEDENA señalan que
de cada 300 armas sólo 1 es legal y 299 están al margen. De modo que las armas
ya están en México”.
De ahí la necesidad de cambiar la ley reglamentaria y dar
cabal cumplimiento al Artículo 10 Constitucional al permitir el registro y
posesión de armas de fuego, porque hacerlo le daría mayor tranquilidad a los
ciudadanos que son afectados por los delincuentes comunes, mientras que estos
hoy son los menos interesados, puesto que no querrían se le dé seguimiento a su
arma. Además, el arma que un ciudadano puede registrar es menor a 9mm, mientras
que los delincuentes usan de 9mm para arriba como son R15, AK47 o M16, que
están prohibidas.
Al ser cuestionados sobre la percepción ciudadana de que
podría darse una anarquía y generar más violencia, Villanueva destacó que al
realizar un estudio comparado sobre el nivel educativo de los Estados Unidos en
1950, contra el estado de la educación en México en 2011, es decir, 61 años
después, en México tenemos más del 10 por ciento de nivel de educación que el
Estados Unidos de 1950.
“En 1950 en los Estados Unidos había ya más de un millón y
medio de licencias de portación de armas de fuego. En México en el 2011 hay 3
mil 62. En los Estados Unidos en 1950 con más de un millón de licencias de
portación no hubo anarquía, no hubo violencia social”, argumentó.
Por esta razón, coincidieron los investigadores Villanueva y
Valenzuela, “tenemos que abrogar toda la ley reglamentaria y crear una nueva
que sea amigable para poder ejercer el artículo 10 constitucional. Al hablar de
reglamentar significa desarrollar a detalle sin alterar o modificar la ley. Es
decir, sin hacerla más chica ni más grande, sino hacerla amigable, hacerla
operativa, hacerla posible”.
Y para lograrlo “vamos a crear una gran organización social,
una asociación civil que luche por tener una incidencia en el Congreso para
poder ayudar a aquellas personas que son víctimas del ejercicio agresivo de la
autoridad y que pueda ayudar en la parte técnico jurídica en el caso de
negativas de registro o portación de armas; para que se puedan llevar a cabo y
elaborar proyectos de demandas de amparo. Eso nos ha faltado en México y
estamos dispuestos a llevar a cabo esta actividad”, finalizaron.
No sin que antes Karla Valenzuela anunciara que habrá una
segunda parte del libro. “Esta es sólo una introducción de cómo están las cosas
en el país pero la segunda parte estará fundamentada con encuestas de 5 a 10
mil personas para generar estudios académicos” y tener datos aún más sólidos.
Por su parte Víctor Trejo, uno de los dos fabricantes
mexicanos de armas en la actualidad, expresó que tras los sucesos de 1968 y
1971 el presidente Luis Echeverría prohibió la fabricación y venta de armas.
Esto provocó no sólo que se haya generado un gran mercado negro, sino también
“se nos haya truncado a los mexicanos la cultura del manejo responsable de las
armas; por eso mucha gente no conoce de armas ni quiere saber de ellas”.
