- Los vecinos del Condominio Tlalpan II iniciarán en breve los
trámites necesarios para buscar la destitución y juicio político contra Higinio
Chávez, Jefe Delegacional en Tlalpan
México, D. F., a 7 de noviembre de 2011.- Tras haber ganado
todas las instancias en tribunales, los habitantes del Conjunto Residencial
Tlalpan II anunciaron esta mañana que reiniciarán su movilización ciudadana de
manera pacífica, pero con todos los elementos a su alcance, con el fin de que
el Gobierno del Distrito Federal, ahora sí, sin excusa ni pretexto de ninguna
clase, cumpla con la sentencia del 7 de junio de 2010 y ordene la clausura
definitiva y demolición de la gasolinera construida en Insurgentes Sur 4097.
Asimismo, exigirán ante quien corresponda, que se tomen las
medidas a que haya lugar “a fin de que se castiguen los actos de omisión, error
o ineficiencia o los que resulten en la aplicación de las leyes del Medio
Ambiente y de Desarrollo Urbano en las que incurrieron funcionarios públicos y
delegacionales del Distrito Federal, ante la evidencias detalladas por las
altas autoridades del país encargadas de proteger los derechos legítimos de los
ciudadanos de este nuestro extraordinario país. La Justicia con equidad, se ha
aplicado demostrando con esta resolución, que si existe”, destacó su vocero
Javier Méndez Guzmán.
Anunciaron que en breve iniciarán los trámites necesarios
para establecer la destitución y juicio político a Higinio Chávez, Jefe
Delegacional en Tlalpan, quien siempre incumplió con su deber como funcionario
público al hacer caso omiso a sus demandas e incluso, al litigar en contra de
ellos y a favor del empresario gasolinero.
Los vecinos de Tlalpan que iniciaron su movimiento hace 26
meses contra la instalación irregular de una gasolinera a un lado de sus
viviendas, lograron ganar las tres instancias judiciales: el 7 de junio de 2010
en la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal; el 24 de noviembre de 2010 en el 2° Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y el 19 de octubre pasado en la Segunda Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde la ministra Margarita
Beatriz Luna Ramos desechó el recurso de revisión al amparo directo interpuesto
por el dueño de la estación de servicio.
El grupo de condóminos insiste en que las autoridades
deberán dejar sin efectos la Manifestación de Construcción y, al dictaminar el
tribunal que se deben “regresar las cosas al estado en que se encontraban antes
del inicio de la ejecución de la estación de servicio de gasolinería”, quiere
decir que no debe existir tal estación de servicio, por lo que debe demolerse.
Steven Czitrom, presidente de la mesa directiva del
condominio Tlalpan II y quien agradeció el apoyo de los medios de comunicación
para su movimiento, expresó que van a “urgir a las autoridades del Gobierno del
Distrito Federal para que dejen las cosas como estaban hasta antes del inicio
de la construcción”.
“Somos reiterativos sobre este punto porque ha ocurrido ya,
en administraciones anteriores, que pese a las resoluciones de las mismas
autoridades de Gobierno, clausurando las instalaciones que ponen en riesgo la
vida de los vecinos como son gaseras o gasolineras, las construcciones quedan
ahí y al paso de los meses mediante los clásicos subterfugios jurídicos que
todos conocemos, y como fue en nuestro caso, estas instalaciones son puestas en
servicio”, expresó Javier Méndez Guzmán a nombre de sus compañeros.
Recordaron que esta gasolinera comenzó a fraguarse durante
la administración de Guillermo Sánchez Torres como Jefe Delegacional en Tlalpan
y fue consentida por su sucesor y miembro del mismo equipo político, Higinio
Chávez. Hoy Sánchez Torres es presidente de la Comisión de Desarrollo e
Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa y, desde allí, cada fin de
legislatura, cuando vienen los procesos electorales y mientras todo el mundo
está entretenido con las candidaturas, se realizan cambios en los usos de suelo
que benefician a unos cuantos políticos y empresarios y dañan a la ciudad y a
sus ciudadanos.
Los vecinos advirtieron: “el litigio acabó y esperamos las
acciones del Gobierno de la ciudad. Caso contrario, haremos todo lo necesario
que esté en nuestras manos, para que se cumpla”.
En su caso, el abogado Rolando Cañas Moreno destacó que el
asunto de fondo ya no puede ser modificado y el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo deberá emitir una nueva sentencia en los mismos términos que la
anterior y reforzarla con opiniones derivadas por las revisiones posteriores.
Cañas Moreno resaltó que como un caso excepcional los
tribunales aceptaron el interés legítimo de los ciudadanos, que si bien se
encuentran contenidos en las leyes hace muchos años, difícilmente es acogido, salvo
que haya una afectación directa al interesado.