jueves, 4 de octubre de 2012

En la Opinión de...



Artículo Editorial

LAS LECCIONES DE LUJAMBIO

Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

México. D. F., a 3 de octubre de 2012.- Sería una villanía entrar en polémica con alguien que ha muerto y no tiene los elementos para poder responder a cualquier tipo de imputación. Estoy convencido de ello. Lo estoy también de que la enfermedad terminal de Alfonso Lujambio tiene implicaciones de naturaleza pública que no deben ser colocadas en el umbral de la invisibilidad bajo la coartada de que por haber fallecido sus acciones se han convertido en “buenas”. No lo creo y véase por qué afirmo lo anterior.

Primero. El tratamiento mediático de la lamentable muerte de Alonso Lujambio consistió, en sus grandes trazos, en una operación que permitiera poner debajo del tapete los ilícitos en los que probablemente se incurrió en el manejo del tratamiento médico de su cáncer de médula ósea y su candidatura plurinominal al Senado de la República por el PAN. Se prefirió, en gran medida, ponderar sus virtudes (que no regateo, por cierto, ninguna) sobre cualquier falta. Esto pone de relieve la doble moral que practica con gran desparpajo buena parte de clase política mexicana.

No pongo en duda las credenciales de Lujambio. Reconozco que fue una persona con una sólida formación académica y tuvo iniciativas que favorecen a la sociedad, como la adición del segundo párrafo al artículo 6º constitucional en materia de transparencia, de cuya aprobación fue protagonista junto con Ricardo Becerra. Lo anterior, empero, no es un salvoconducto histórico para que sus errores se hayan redimido como si viviéramos en una sociedad religiosa.

Segundo. El tema de fondo no es ni lo ha sido la capacidad profesional de Alonso Lujambio, sino el uso de recursos públicos para fines ajenos a los que están destinados y lo cual lastima a grandes porciones de la población como lo pone de relieve la lectora de Proceso Verónica Escutia en la sección de cartas al lector (Proceso edición 1871) quien brinda un doloroso testimonio de vida de quien no tiene el poder a su servicio, como sucede también miles de ciudadanos de a pie.

Además de Lujambio, el secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas y el propio presidente Calderón son corresponsables de desvió de recursos del erario y de daño patrimonial al Estado. No es, por supuesto, sólo una conjetura u ocurrencia mía. El gasto público utilizado para mantener con vida a Alonso Lujambio rebasa con creces las posibilidades de un servidor público, incluso de un secretario de despacho, como lo fue en vida Lujambio.

Así, por ejemplo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, además de los servicios del ISSSTE a que tiene derecho, cuenta como prestación adicional con un seguro de gastos médicos. De acuerdo a su póliza con Metlife por evento tiene una cobertura máxima de 622, 710 pesos. Es posible lo que se denomina la potenciación del citado seguro hasta por un tope equivalente a tres veces la cantidad citada, con cargo al servidor público.

Si aceptáramos que Lujambio hubiera tenido la máxima potenciación; es decir, casi dos millones de pesos. (Artículo 29, fracción IV del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal) no le alcanzarían jamás para estar 8 meses en Estados Unidos en cualquiera de los hospitales de mayor reconocimiento en cáncer de médula ósea, que costaría al menos 20 veces más de la cobertura del seguro médico de Lujambio, sin contar hotel, alimentos y viáticos para su familia, y suponiendo, además, que tuviera cobertura total en el extranjero.

Un seguro para atender padecimientos como el cáncer de médula ósea implica el pago de una prima anual entre 45 mil y 55 mil dólares americanos. En otras palabras, ni erogando el 100 por ciento de su sueldo, Lujambio hubiera podido pagar una prima de esa cantidad. Este seguro, además, no incluye avión privado ni hospedaje ni alimentos para familiares y ayudantes, sólo los gastos médicos. ¿De dónde salió el dinero para pagar el tratamiento médico infructuoso de Alonso Lujambio? ¿No hubiera sido bueno que el gobierno aclarara estos datos para evitar especulaciones?

Tercero. Otra vertiente del caso Lujambio es la política de la que había sido un gran practicante. Ese conocimiento pragmático se vino abajo en el último año de su vida. El Partido Acción Nacional a sabiendas de que Lujambio padecía una enfermedad terminal lo postuló como candidato plurinominal al Senado de la República. Eso no es ilegal, pero sí inmoral. Un partido mínimamente democrático debe tener un compromiso básico con sus electores, al menos para guardar las formas. El PAN con Lujambio hizo gala de cinismo y con la aquiescencia del propio ex secretario de Educación hizo que renunciara voluntariamente a su legítimo derecho a la propia imagen para mostrarse a propios y extraños como una sombra gris de lo que fue. Ni un mes Lujambio atendió su compromiso con sus electores y su trabajo en el Senado. Por sus limitaciones en su sistema nervioso central, Lujambio fue nombrado secretario de un Instituto senatorial que cumple funciones testimoniales.

Salvo una, en todas las sesiones ordinarias del Senado fue exonerado de su obligación de asistir debido a su delicado estado de salud. ¿Por qué Lujambio sabiendo con precisión que no podría cumplir la función de Senador aceptó ser postulado? ¿Por qué el PAN que en sus líneas de Doctrina prioriza la ética como una forma de actuar postuló a Lujambio? ¿Nunca se le ocurrió al PAN que los electores requieren de candidatos sanos para que puedan ejercer cargos públicos? Es necesario que de esta trágica experiencia se puedan extraer lecciones que permitan regular estas hipótesis haciendo las reformas necesarias al COFIPE y adicionando el artículo 41 constitucional. Bien decía Santayana, que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. El sentido común y las prácticas de ética mínimas se han perdido en México. Hay que encontrarlas.

Este artículo editorial fue publicado en la edición 1874 del Semanario Proceso.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Reportaje


APRUEBAN ABRIR “CAJAS NEGRAS” DE DEUDAS ESTATALES

La bandera de transparencia con la que navega Enrique Peña Nieto deberá tener como principal objetivo develar lo que ocultan las cajas negras de los estados más endeudados del país, pues no hay forma de conocer el monto real de la deuda de estos gobiernos, en su mayoría priístas


Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo.- La alerta roja que se encendió en diversos estados de la República donde se reportan “deudas ocultas” por más de 200 mil millones de pesos, no sólo tiene en quiebra los sistemas financieros estatales sino que es tema de preocupación en el equipo de transición del presidente electo, Enrique Peña Nieto, desde donde se ha considerado inclusive la posibilidad de constituir un Fobaproa para rescatar a cuando menos una decena de entidades federativas, mayoritariamente priístas, que empeñaron hasta el 75 por ciento de sus ingresos para pago de los empréstitos durante los próximos 30 años.

A finales de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como las calificadoras internacionales alertaron sobre los primeros focos rojos que se encendieron en diversas entidades cuyas deudas se habían disparado monumentalmente, sin pasar por la autorización de los respectivos Congresos estatales.

En respuesta a estas anomalías, la Secretaría de Hacienda inició una investigación que descubrió el caso emblemático de endeudamiento por 36 mil millones de pesos del ex gobernador de Coahuila y entonces presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, de cuyo gobierno se comprobó haber falsificado documentación oficial para aspirar al crédito. Por dichos delitos, algunos funcionarios públicos de su administración andan prófugos de la justicia y el propio paradero de Moreira se desconoce.

El asunto fue capitalizado políticamente por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien envió al Congreso de la Unión la iniciativa de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de poner un alto al abuso de los recursos públicos por parte de gobernadores y alcaldes, obligándolos a revelar la entrega de concesiones y a esclarecer las deudas que pactan.

La semana pasada, la iniciativa finalmente fue aprobada por el Congreso de la Unión. El miércoles 26 de septiembre, en el Senado de la República, la bancada panista subió a tribuna para exigir que se abran las “cajas negras” de los estados para poder saber dónde fueron a parar tantos recursos si en las entidades no se ven obras que justifiquen los millonarios endeudamientos.

En tribuna, la senadora del PAN Laura Angélica Rojas pidió a los estados que legislen para mejorar las reglas de contratación de deuda pública, a fin de garantizar transparencia. “Los estados no están obligados por ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el año pasado, de los montos reales de ésta, pero no sabemos cómo se utiliza”, reseñó.

El priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, admitió que ha existido endeudamiento en muchas entidades pero el gobierno federal no se queda atrás y resulta irresponsable al tratar de favorecer a alguien.

En respuesta, el senador perredista por Oaxaca, Ángel Benjamín Robles aseguró que la solución a la opacidad debe venir desde el ámbito de los estados, porque ellos han ocasionado el problema y la deuda.

“Para que el federalismo funcione, las entidades deben comprometerse a mantener un manejo correcto de las finanzas, así como de la administración pública en que son competentes”, concluyó.

Con sólo tres votos en contra, la iniciativa prosperó pese a que Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, presentó una moción suspensiva con el argumento de que no existe la ley reglamentaria para procesar la iniciativa, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la desechó.

En el salón de sesiones, estuvo presente el senador Félix González Canto, ex gobernador de Quintana Roo quien en seis años disparó la deuda estatal de mil 300 millones de pesos, en 2005, a más de 25 mil millones de pesos al concluir su administración en 2011. Ni siquiera se dio por aludido y alzó el dedo públicamente para aprobar una ley que persigue acabar con la opacidad con que los estados de la República se manejan para contraer deuda pública que deberán pagar los ciudadanos.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental dio como plazo límite hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo estipulado en esta nueva ley.

Campeones en opacidad. Los estados de la República más endeudados, con los problemas financieros más serios, son también los que más denuncias tienen en su contra por carecer de transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de su presupuesto.

Claridad y Participación Ciudadana asegura que el endeudamiento en las entidades se logró gracias a que en gobiernos como el de Coahuila, Quintana Roo o Nuevo León, se caracterizan por una notable sombra respecto al uso de sus recursos presupuestales.

La organización civil realizó a principios de año una gira nacional para dar a conocer las deudas de todos los estados y su conclusión es que las leyes estatales de transparencia son, en estos casos, letra muerta o inexistente. Además, el que generalmente los gobiernos ejerzan un férreo control sobre sus congresos estatales, amplia el compás de opacidad, no existe fiscalización alguna sobre el gasto, ni tampoco posibilidad alguna de hurgar en las cuentas de los distintos proyectos y programas.

Por eso, el presidente electo Enrique Peña Nieto busca sacudirse de la sombra de casi diez gobernadores priístas que endeudaron a sus entidades de forma exorbitante en menos de 12 años y, presumiblemente, usaron el dinero para las campañas de sus candidatos. En su agenda de iniciativas inmediatas, una vez que asuma el poder, se prepara ya una iniciativa para garantizar el derecho a la información gubernamental y la transparencia.

Su propuesta busca modificar diez artículos de la Constitución para dar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) mayores facultades para investigar a todos los niveles de gobierno, así como hacer que sus resoluciones sean vinculatorias, es decir, que deriven en consecuencias administrativas o penales contra los funcionarios que resulten responsables.

No olvidemos que en México, siempre en los primeros lugares mundiales de corrupción, el tema de la transparencia es la bandera de cada gobierno que inicia. Lo fue para los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y ahora será para Peña Nieto.

Con las modificaciones al órgano de transparencia, los primeros en pasar por el banquillo serán los de su propio partido. En los estados más endeudados continúan las averiguaciones para poder esclarecer el destino final de los recursos de miles de empréstitos que impunemente se solicitaron en las administraciones priístas.

En la lista de estados más endeudados se encuentra en primer lugar Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Veracruz y Zacatecas. Estos estados han utilizado todo recurso legal para ocultar la información y el monto real de sus deudas que, en su mayoría, triplican sus participaciones federales y los han dejado sin capacidad de pagar nóminas y servicios.

La clasificación de información como reservada y exclusiva en el gobierno es la primera inequidad del derecho de acceso a la información en las distintas entidades del país, asegura Eugenio Monterrey Chepov, presidente de la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP), la cual aglutina a los 33 órganos garantes del país y se encarga de observar el cumplimiento de la ley en los estados.

En entrevista con este semanario, Monterrey Chepov explica que hay gran cantidad de actitudes en los servidores públicos con respecto a la información que entregan y mucha tiene que ver con la actitud de los servidores públicos. “Unos nos encontramos que son omisos, otros rebasan los plazos legales, algunos no atienden las solicitudes hasta que el particular impugna (…) en algunos análisis no se entrega ni siquiera la información solicitada”, refiere.

El primer escudo con el que los estados ocultan la información de la deuda pública es el secreto bancario. Para Armando Guadiana Tijerina, presidente de Claridad y Participación Ciudadana, esta figura jurídica debe desaparecer en cualquier organismo público y en fideicomisos públicos.

“El movimiento de las cuentas bancarias del gobierno es público y debe, en consecuencia, ponerse a disposición de cualquier ciudadano que requiera dicha información, ya sea que en la justificación alegue un interés legítimo que puede ser colectivo, o jurídico”, puntualiza el empresario.

Con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada por el Senado, los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos que tengan los estados, municipios o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer mecanismos como el secreto bancario o fiduciario.

El Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011 del Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que los estados han mentido y mal informado el verdadero estado de sus deudas. Se trata de un maquillaje de cifras con variaciones de casi el 80 por ciento de la cifra real registrada en el gobierno federal.

Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Coahuila reportó que su deuda era de 8 mil 239 millones de pesos en 2010, sin embargo, a finales del siguiente año tuvo que admitir que en realidad se enfrenta a 35 mil 823 millones de pesos.

En Tabasco, gobernada en su momento por el priísta Andrés Granier Melo, donde se declaró 2 mil millones de pesos de deuda, en realidad aceptaron que era más de 4 mil millones. En Chihuahua, la Auditoria Superior del Estado aseguró que la entidad únicamente adeudaba 4 mil 500 millones de pesos, la realidad llegó de manos de la Secretaría de Hacienda federal, quien mostró que la deuda es superior a 13 mil millones de pesos.

Michoacán, gobernada por el priísta Fausto Vallejo, declaró tener 13 mil millones de pesos de deuda. En este año se develó que en realidad la deuda pública asciende a más de 42 mil millones de pesos.

Nuevo León también ha maquillado su deuda pública. Reportó 34 mil millones de pesos como deuda cuando la Secretaría de Hacienda develó que se trata de 36 mil.

La explicación de este encubrimiento de números es que no se reportaron las deudas a corto plazo cuyo registro ante la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas no es obligatorio, tampoco lo es registrar sus deudas a proveedores; estas deudas a corto plazo son las que requieren de un pago perentorio.

Por lo mismo, especialistas aseguran que esto es apenas la punta de un iceberg. Bajo el agua están los saldos reales de las deudas, las cuales duplican las cifras oficiales. No se ha encontrado forma para develar la realidad debido a la opacidad en a los gobernadores estatales.

Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato y Tlaxcala son focos rojos en cuanto a la transparencia, de acuerdo al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de la Entidades Federativas de 2011 realizado por la consultora Aregional. Entre los elementos evaluados están la publicación de documentos de las decisiones presupuestales y la información sobre sus deudas. Sólo 11 estados de la República tuvieron una calificación aceptable en la rendición de cuentas.

A este respecto, René Torres Ruiz, especialista en política y administración pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, explica que la opacidad en el gobierno está directamente relacionada con la cultura de la corrupción en el país.

“Desde inicios del siglo XX y la creación del partido hegemónico, se instauró también en el gobierno una cultura sustentada en la corrupción. El sistema priísta necesitaba de la corrupción para engrasar todos los engranajes del aparato gubernamental”, reseña el doctor en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona.

René Torres Ruiz asegura que aún con la reforma de Enrique Peña Nieto se necesita un largo camino para lograr cambiar la cultura de la corrupción en el país.

Toma posesión delegada en Tláhuac, D.F.


En la gráfica Angelina Méndez, ungida Jefa delegacional en Tláhuac, flanqueada por el diputado Rubén Escamilla Salinas, Luís Alberto Méndez Ortiz entre otros invitados, asistentes a la entrega recepción de la administración, ante la presencia de masiva asistencia de vecinos provenientes de Pueblos, Barrios y Colonias que integran este territorio encabezados por representantes sociales.

Por Ricardo Vera Franco
Tláhuac D.F.- “Por no compartir la misma ideología política del régimen federal, quienes somos gobierno    emanado de un partido de izquierda como es el PRD. Somos castigados en la designación del presupuesto económico, proveniente de la federación, frenando con esta represiva acción el progreso de un pueblo que con su sufragio de carácter democrático nos eligió para gobernar”, manifestó Angelina Méndez Álvarez, al tomar protesta como jefa delegacional en esta demarcación.

Demando a quienes conforman su equipo de gobierno a trabajar de manera incansable y sin distinción de tendencia política, “debemos estar consientes que la comunidad nos eligió para servirles y nosotros debemos responder con trabajo, luchando juntos lograremos transformar Tláhuac, seremos un gobierno de puertas abiertas” enfatizó Méndez Álvarez.

Aprovecho la tribuna para hacer público reconocimiento a Marcelo Ebrard Causabon por su progresista ejercicio que como jefe de gobierno ha efectuado en el Distrito Federal, de igual forma se refirió al ex delegado Rubén Escamilla Salinas, actual diputado local, quien llevo por el rumbo del progreso a Tláhuac.

La estafeta de la administración delegacional de Tláhuac, Angelina Méndez Álvarez la recibió por parte de Luís Alberto Méndez Ortiz, quien venía fungiendo como jefe delegacional, quien aprovecho acto para hacer mención de sus actividades en beneficio del pueblo durante su escaso tiempo al frente de la delegación.

lunes, 1 de octubre de 2012

Columna



REHENES DE PARTIDOS

México, D. F.- El trámite para el análisis, dictamen y debate de la reforma laboral propuesta por el presidente Felipe Calderón demuestra una vez más que México es rehén de sus partidos políticos y sólo cuando a estos se les reste poder, el país avanzará.

Con la partidización y politización de la vida pública se mantiene a los ciudadanos como rehenes políticos de entes depredadoras como son “sus” propios institutos de representación para acceder al poder, que no cesan de llenarse las manos de recursos públicos, como ocurre también cada año y todavía más durante los procesos electorales.

Los legisladores de la Comisión del Trabajo decidieron que los sindicatos continuarán como entes perversas que atentan contra la productividad del país y continúen como una fuerza enorme de presión política. Es decir, habrá una reforma laboral a modo porque, además, son la caja chica de votos para dos de los tres partidos políticos considerados como “grandes”.

De ahí que tanto el PRI como el PRD se opusieran a pasarla completa; uno se fue por una reforma a modo, donde se “consultó” a los sindicatos y el otro a un rechazo completo para proteger sus estructuras clientelares y las que le han apoyado económicamente durante las campañas políticas. Esto habla muy mal del PRI y de sus legisladores, sobre todo, porque demuestra ser el PRI de siempre que cobija sus propios intereses y los de sus aliados políticos.

Por esto mismo, cuando Carlos Romero Deschamps fue cuestionado sobre si el accidente en la planta de Pemex en Reynosa fue por las instalaciones obsoletas, respondió que "no, es una instalación reciente, mantenida. O sea, no tenemos por qué maximizar un evento que no lo merece ¿no? Vamos a esperar a que las autoridades hagan el peritaje correspondiente y den a conocer cuál fue la causa (de la explosión)".

Para Romero Deschamps fue sólo un accidente en una planta donde manejan riesgo. NO hay que maximizar el hecho, respondió. Es decir, la vida de 30 personas para él son “daños colaterales”. Ese es el verdadero trabajo que realizan los líderes sindicales: se sitúan como controladores o mediadores en las crisis y, ellos sí, minimizan las responsabilidades del Estado Mexicano como es el caso de Pemex, porque como sucede de forma recurrente, contratan empresas a modo para realizar peritajes donde Petróleos Mexicanos no sea implicada y, finalmente, se atribuya la explosión a una falla humana.

En la anterior A vuelapluma recordamos que con Luis N. Morones, en la segunda década del siglo pasado, el sindicalismo en México se alejó de sus ideas iniciáticas al utilizarlo para alianzas con el Estado. La realidad confirma cómo Romero Deschamps está convertido en controlador de la clase trabajadora, a cambio de apoyo y beneficios particulares para sus dirigentes y círculo cercano, como son puestos gubernamentales y candidaturas a puestos legislativos.

En días pasados, Carlos de Buen, abogado laboralista, expresó que actualmente 90% de los contratos colectivos de trabajo se hacen a espaldas del trabajador y con la reforma el patrón va a tener una completa “subordinación” de sus empleados, al poder decidir aspectos como modificar las actividades del empleado.

Es decir: si hoy el 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo se hacen a espaldas del trabajador es porque los realizan sus líderes corruptos. Entonces, ¿cuándo los van a realizar de frente al trabajador? Seguramente cuando haya democracia sindical, pero ¿dónde están las propuestas para asegurar esa democracia sindical?

Lo que se votará en estos días será una reforma donde se mantendrá a los trabajadores de los sindicatos, poco menos del 10 por ciento de la fuerza laboral del país, con grandes privilegios, a sus dirigentes como otra clase de virreyes transexenales, con todo el poder e impunidad a su alcance, y la clase trabajadora que realmente mueve la economía del país continuará sufriendo, injustamente, de oportunidades para mejorar su condición de ciudadanos de primera, porque continuarán en su situación de rehenes de los partidos políticos.