Artículo Editorial
LAS LECCIONES DE LUJAMBIO
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y
libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 3 de octubre de 2012.- Sería una villanía entrar en polémica con alguien que ha
muerto y no tiene los elementos para poder responder a cualquier tipo de
imputación. Estoy convencido de ello. Lo estoy también de que la enfermedad
terminal de Alfonso Lujambio tiene implicaciones de naturaleza pública que no
deben ser colocadas en el umbral de la invisibilidad bajo la coartada de que
por haber fallecido sus acciones se han convertido en “buenas”. No lo creo y
véase por qué afirmo lo anterior.
Primero. El tratamiento mediático de la lamentable muerte de
Alonso Lujambio consistió, en sus grandes trazos, en una operación que
permitiera poner debajo del tapete los ilícitos en los que probablemente se
incurrió en el manejo del tratamiento médico de su cáncer de médula ósea y su
candidatura plurinominal al Senado de la República por el PAN. Se prefirió, en
gran medida, ponderar sus virtudes (que no regateo, por cierto, ninguna) sobre
cualquier falta. Esto pone de relieve la doble moral que practica con gran
desparpajo buena parte de clase política mexicana.
No pongo en duda las credenciales de Lujambio. Reconozco que
fue una persona con una sólida formación académica y tuvo iniciativas que
favorecen a la sociedad, como la adición del segundo párrafo al artículo 6º
constitucional en materia de transparencia, de cuya aprobación fue protagonista
junto con Ricardo Becerra. Lo anterior, empero, no es un salvoconducto
histórico para que sus errores se hayan redimido como si viviéramos en una
sociedad religiosa.
Segundo. El tema de fondo no es ni lo ha sido la capacidad
profesional de Alonso Lujambio, sino el uso de recursos públicos para fines
ajenos a los que están destinados y lo cual lastima a grandes porciones de la
población como lo pone de relieve la lectora de Proceso Verónica Escutia en la
sección de cartas al lector (Proceso edición 1871) quien brinda un doloroso
testimonio de vida de quien no tiene el poder a su servicio, como sucede
también miles de ciudadanos de a pie.
Además de Lujambio, el secretario de la Función Pública,
Salvador Vega Casillas y el propio presidente Calderón son corresponsables de
desvió de recursos del erario y de daño patrimonial al Estado. No es, por
supuesto, sólo una conjetura u ocurrencia mía. El gasto público utilizado para
mantener con vida a Alonso Lujambio rebasa con creces las posibilidades de un
servidor público, incluso de un secretario de despacho, como lo fue en vida
Lujambio.
Así, por ejemplo, el secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Antonio Meade, además de los servicios del ISSSTE a que tiene
derecho, cuenta como prestación adicional con un seguro de gastos médicos. De
acuerdo a su póliza con Metlife por evento tiene una cobertura máxima de 622,
710 pesos. Es posible lo que se denomina la potenciación del citado seguro
hasta por un tope equivalente a tres veces la cantidad citada, con cargo al
servidor público.
Si aceptáramos que Lujambio hubiera tenido la máxima
potenciación; es decir, casi dos millones de pesos. (Artículo 29, fracción IV
del Acuerdo mediante el cual se expide el Manual de Percepciones de los
Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal) no le alcanzarían jamás para estar 8 meses en Estados Unidos
en cualquiera de los hospitales de mayor reconocimiento en cáncer de médula
ósea, que costaría al menos 20 veces más de la cobertura del seguro médico de
Lujambio, sin contar hotel, alimentos y viáticos para su familia, y suponiendo,
además, que tuviera cobertura total en el extranjero.
Un seguro para atender padecimientos como el cáncer de
médula ósea implica el pago de una prima anual entre 45 mil y 55 mil dólares
americanos. En otras palabras, ni erogando el 100 por ciento de su sueldo,
Lujambio hubiera podido pagar una prima de esa cantidad. Este seguro, además,
no incluye avión privado ni hospedaje ni alimentos para familiares y ayudantes,
sólo los gastos médicos. ¿De dónde salió el dinero para pagar el tratamiento
médico infructuoso de Alonso Lujambio? ¿No hubiera sido bueno que el gobierno
aclarara estos datos para evitar especulaciones?
Tercero. Otra vertiente del caso Lujambio es la política de
la que había sido un gran practicante. Ese conocimiento pragmático se vino
abajo en el último año de su vida. El Partido Acción Nacional a sabiendas de
que Lujambio padecía una enfermedad terminal lo postuló como candidato
plurinominal al Senado de la República. Eso no es ilegal, pero sí inmoral. Un
partido mínimamente democrático debe tener un compromiso básico con sus
electores, al menos para guardar las formas. El PAN con Lujambio hizo gala de
cinismo y con la aquiescencia del propio ex secretario de Educación hizo que
renunciara voluntariamente a su legítimo derecho a la propia imagen para
mostrarse a propios y extraños como una sombra gris de lo que fue. Ni un mes
Lujambio atendió su compromiso con sus electores y su trabajo en el Senado. Por
sus limitaciones en su sistema nervioso central, Lujambio fue nombrado
secretario de un Instituto senatorial que cumple funciones testimoniales.
Salvo una, en todas las sesiones ordinarias del Senado fue
exonerado de su obligación de asistir debido a su delicado estado de salud.
¿Por qué Lujambio sabiendo con precisión que no podría cumplir la función de
Senador aceptó ser postulado? ¿Por qué el PAN que en sus líneas de Doctrina
prioriza la ética como una forma de actuar postuló a Lujambio? ¿Nunca se le
ocurrió al PAN que los electores requieren de candidatos sanos para que puedan
ejercer cargos públicos? Es necesario que de esta trágica experiencia se puedan
extraer lecciones que permitan regular estas hipótesis haciendo las reformas
necesarias al COFIPE y adicionando el artículo 41 constitucional. Bien decía
Santayana, que quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. El sentido
común y las prácticas de ética mínimas se han perdido en México. Hay que
encontrarlas.
Este artículo editorial fue publicado en la edición 1874 del
Semanario Proceso.