- “Se trata de dar voz y capacidad de decisión al pueblo, reconocerlo como instructor y máxima autoridad”, expresó diputada.
La Cámara de Diputados aprobó, en sus términos, el dictamen
a la minuta en la que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición
de Consulta Popular, presentada por el Presidente de la República, y se expide
la convocatoria para este proceso que se realizará el domingo 1 de agosto de
2021.
Con 272 votos a favor, 116 en contra y cero abstenciones, se
avaló el documento y fue remitido para su publicación en el Diario Oficial de
la Federación y se pidió notificar al Instituto Nacional Electoral para los
efectos conducentes. En él se determina que la materia de Consulta Popular
cumple con el requisito de trascendencia nacional que dispone el segundo
párrafo del artículo 5 de la Ley Federal de Consulta Popular.
Por ello, se considera procedente convocar a las y los ciudadanos
a Consulta Popular para que se manifiesten sobre la siguiente pregunta:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones
pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un
proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años
pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los
derechos de las posibles víctimas?
Se determina que la difusión de la consulta será en los
tiempos y en la forma que determine la metodología aprobada por el Instituto
Nacional Electoral, observando en todo momento lo dispuesto por el artículo 35
fracción VIII, apartado 4 de la Constitución Política y la sección tercera de
la Ley Federal de Consulta Popular.
No compete al Congreso pronunciarse sobre constitucionalidad
En la fundamentación, la presidenta de la Comisión de
Gobernación y Población, diputada Rocío Barrera Badillo (Morena), señaló que el
dictamen es de la mayor trascendencia para la vida democrática, porque por
primera vez el Congreso de la Unión determina procedente y trascendente una
petición de Consulta Popular.
“No se trata de un dictamen tradicional, en el sentido de
que no deviene de una iniciativa ni promueve el perfeccionamiento de nuestro
orden jurídico, sino que se enmarca en el proceso de aprobación de la Consulta
Popular solicitada el 15 de septiembre de 2020 por el Presidente de la
República”, añadió.
Indicó que es un proyecto encaminado a que la ciudadanía
exprese su opinión respecto de un tema de la mayor trascendencia: las acciones
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas
tomadas en los años pasados.
Conforme lo establece la Constitución y la Ley Federal de
Consulta Popular, dijo, nos corresponde como Cámara revisora dar continuidad a
este proceso; en este sentido, nos compete determinar si existe o no
trascendencia nacional y, en caso afirmativo, emitir la convocatoria, ordenar
su publicación en el Diario Oficial de la Federación y notificar al INE.
En contraste, agregó, no es competencia del Congreso
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la petición, ni modificar la
pregunta aprobada por la Corte.
Barrera Badillo precisó que el dictamen determina que es
procedente la petición de Consulta Popular presentada por el Presidente de la República,
con la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Se resuelve que la materia de Consulta Popular cumple con el
requisito de trascendencia nacional y se considera procedente convocar a las
ciudadanas y los ciudadanos a participar en este ejercicio.
Puntualizó que este mecanismo de democracia semidirecta
permite al Gobierno recibir con claridad un mandato directo y categórico de la
voluntad popular, creando un vínculo de obligatoriedad.
“Se trata de dar voz y capacidad de decisión al pueblo,
reconocerlo como instructor y máxima autoridad. Este derecho humano se
convierte en la herramienta que permite abrir discusiones prácticamente en
cualquier aspecto político, favoreciendo a un Gobierno más cercano a la
ciudadanía”, afirmó,
Con ello, agregó, se obliga a los representantes a responder
a la voz popular; además, es un medio para estimular la participación ciudadana
y generar una sociedad políticamente activa, informada e interesada en la vida
pública.
