Periódico Digital "El Nauzonteco", Julio 2012

Columna

Reflexiones

Por Francisco Alfaro Ramírez

LOS OLVIDADOS

Quedan impunes las violaciones, los robos a pasajeros, a transeúntes, los secuestros, los abusos de autoridad, los golpes a las mujeres indefensas, los golpes a los niños, los golpes y abusos contra los ancianos, los golpes y abusos contra los niños huérfanos o los que viven en la calle, los golpes y maltratos a los bebes que no son deseados y queridos, los niños abortados por mentes idiotas o ignorantes que en un momento de pasión animal, no usaron preservativos.

Aquellos que no tienen voz, que son invisibles para el sistema, para los gobiernos, para nosotros, son condenados al olvido, y se abusa de ellos, los ancianos cuando tienen propiedades y riquezas, son tratados con respeto, pero muchos de nuestros ancianitos son echados de sus propiedades por sus propios hijos, los huérfanos son maltratados por familiares y desconocidos que se creen con el derecho de mandarlos porque no tienen familia, los niños que son maltratados por sus propios padres, o aquellas mujeres que sintiéndose desvaloradas y sin autoestima, creen y aceptan el maltrato de sus parejas porque creen que esta las mantiene y por lo tanto tiene el derecho sobre ellas.

Las personas en situación de calle que no cuentan con nada, ni siquiera la esperanza de vivir al otro día, los homicidios de mujeres, de niños, de inmigrantes que no cuentan con alguien que reclame su presencia.

Los miles de niños y niñas abortadas y abortados legal o ilegalmente, dentro de sociedades hipócritas que están contra la muerte, pero también contra la vida.

La voz de los olvidados es también nuestra voz, cuando pedimos aumento de sueldo, cuando exigimos seguridad, cuando pedimos mejor educación, cuando deseamos mejores condiciones de vida, cuando exigimos mejores sistemas de salud y medicinas las cuales pagamos en base a nuestro esfuerzo cotidiano.

Toda muerte es dolorosa, toda muerte deja un hueco, pero hay algunas muertes que anhelamos que sucedan, como la muerte de un sistema fallido, donde las oportunidades solo se dan a quienes tienen conocidos en el gobierno o influencias.

No importan tus estudios, tu experiencia, tu actitud o aptitud, solo importa si conoces a alguien que te eche la mano, así miles de universitarios quedan varados o realizando otras actividades distintas de las que su estudio les dio, dinero perdido que siempre es aportado por el pueblo.

No es de extrañar el desencanto de la población con cualquier gobierno que día a día defrauda más a la población, y comenta que todos son lo mismo, solo que unos roban menos.

Mientras los olvidados, pueblos indígenas, cinturones de miseria alrededor de las ciudades, vendedores ambulantes, mujeres maltratadas, niños golpeados, ancianos discriminados, personas con discapacidad, enfermos mentales, personas en situación de calle, inmigrantes, personas en busca de justicia, sigan en un sistema político que solo vea por los intereses de sus grupos y sus líderes, no habrá ni democracia, ni justicia, ni estado de derecho, ni mucho menos una nación.

Sin la unidad nacional, sin gobiernos conscientes que entiendan y sepan que toda vida vale, sin un real apoyo a la población para salir de la pobreza, no solo el repartir dinero con programas que eternizan la pobreza, sin que la población sienta que se merece gobernantes mejor preparados, la población y los gobiernos no progresaran, no habrá ningún cambio, no habrá desarrollo, no habrá país.

Las preguntas son para todos los que estamos apoyando a un sistema absurdo como el que hoy tenemos: ¿Seremos capaces de hacer un mejor sistema de gobierno? ¿Podremos tender el lazo para alcanzar una vida mejor? ¿Estamos dispuestos a ejercer la obligación de proteger a los más débiles? ¿Podremos dar castigos ejemplares a los saqueadores, a los malos gobernantes y a los malos ciudadanos?

Por supuesto tú tienes la mejor opinión.

Tipifican como abuso de autoridad remitir autos al corralón

• Comisiones aprueban pena de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa
• El funcionario que incurra en esta falta también será inhabilitado por un periodo de dos a ocho años
• Se busca evitar abusos en perjuicio de la economía y patrimonio de los ciudadanos

Toluca, Méx., 25 de julio de 2012.- Las comisiones legislativas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LVII Legislatura del Estado de México, aprobaron por unanimidad, tipificar como abuso de autoridad cuando un servidor público remita, sin causa justificada, uno o más vehículos al corralón o depósito de vehículos para su resguardo.

Con la adición del artículo 136 Bis al Código Penal del Estado de México, se establece que se impondrán de uno a cinco años de prisión y de 30 a 150 días de multa al funcionario que incurra en dicha conducta.

La sanción también amerita la destitución e inhabilitación de dos a ocho años para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos.

Con las modificaciones al documento, sugeridas por el diputado Ricardo Moreno Bastida, se busca evitar abusos en perjuicio de la economía y patrimonio de los ciudadanos.

La iniciativa, presentada por el Ejecutivo estatal, tiene como objetivo beneficiar a los usuarios de los servicios de arrastre, salvamento, guarda, custodia y depósito de vehículos particulares.

En este sentido, expone que tiene como encomienda que las principales demandas de la ciudadanía en materia de servicios auxiliares de transporte sean debidamente atendidas.

Protección a la libertad de expresión

Comisiones aprueban derogar delitos de injurias, difamación y calumnias.

Toluca, Méx., 24 de julio de 2012.- Con el objetivo de proteger la libertad de expresión, de pensamiento y de prensa, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia de la LVII Legislatura del Estado de México avalaron la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias.

Con ello, se establecen las bases jurídicas para que los conflictos generados se ventilen por los medios de justicia alternativa, lo cual, además contribuirá a la economía procesal y asistir a las personas en la solución pacífica de estos hechos.

El proyecto de Decreto que conjunta las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo estatal y los diputados Noé Barrueta Barón y Daniel Parra Ángeles, establece que no podrá demandarse la reparación del daño a quien ejerza su derecho de opinión, crítica, expresión o información en términos de lo dispuesto por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se haya hecho a un funcionario o persona que haya obrado con carácter público, si la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones o cuando el demandado obre por motivo de interés público o privado, pero legítimo.

Lo mismo, en el contexto de un proceso contencioso, presente escrito o discurso, con las salvedades de las responsabilidades que, de acuerdo a las disposiciones legales, puedan acreditarse; y que goce del fuero constitucional.

Los integrantes de dichos órganos parlamentarios aprobaron por unanimidad, con modificaciones hechas por los diputados Ricardo Moreno Bastida, Víctor Manuel Bautista López y Horacio Jiménez López, derogar los artículos 275 a 286 del Código Penal; así como la adición de un párrafo y las fracciones I, II y III al artículo 7.156, así como fracciones I, II, III y IV del artículo 7.157 del Código Civil, ambos del Estado de México.

De conformidad a lo establecido por el ordenamiento, se consideran como hechos ilícitos: comunicar a una o más personas, la imputación que se hace a otra de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que cause o pueda causarle deshonra, descrédito o perjuicio y exponerla al desprecio de alguien.

Asimismo, ejecutar una acción o proferir una expresión que, por su naturaleza, ocasión o circunstancia pueda perjudicar la reputación del agraviado fuera de una contienda de obra o palabra y con ánimo de ofender, además de imputar a otra falsamente un delito, ya sea porque el hecho es falso o inocente la persona a quien se imputa.

En la opinión de...

Artículo Editorial

LA INICIATIVA DE PEÑA NIETO

  

Opinión del especialista en asuntos de transparencia y libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Ernesto Villanueva

  

México. D. F., a 23 de julio de 2012.- Puede uno coincidir o no con Enrique Peña Nieto. No obstante, me parece que en las actuales circunstancias habría que sumar esfuerzos en aquellos puntos donde haya coincidencia para evitar que el país siga el rumbo fallido de la estrategia de Felipe Calderón, que en las urnas ha visto el repudio social a su gobierno y a su partido. Peña Nieto formula como primeras acciones de iniciativa legislativa rubros que son de la mayor importancia para el país y donde lo grave sería minimizar las propuestas porque no las propone quien uno hubiera deseado que lo hiciere. Veamos.

Primero. Lucha contra la corrupción a través de una “Comisión Nacional Anticorrupción”. El propósito es compartible, pero la vía no es la más afortunada. Se debe fortalecer lo que ya se tiene, pero ahora de forma acotada. La Auditoría Superior de la Federación formalmente hace esa función, pero está impedida por su diseño legal para llevarla a cabo. Lo primero que debería hacerse es romper el cordón umbilical que la tiene sujeta a la Cámara de Diputados y transformarse en el órgano autónomo constitucional a que se refiere Peña Nieto. Habría que dotarle, además, de mayores atribuciones, entre ellas la sancionatoria. La actual Secretaría de la Función Pública debería pasar a formar parte de la Auditoría Superior. Esta experiencia existe en buena parte de las democracias contemporáneas con distintos nombres, “Tribunal de Cuentas”, “Contraloría General de la República”, etcétera. Además de la reforma constitucional necesaria, se deberían introducir las reformas pertinentes a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y las correspondientes en los estados. Más aún, las secretarías de contraloría de los estados deberían formar parte de la propia Auditoría como especie de delegaciones en las entidades federativas. Para evitar o reducir presiones políticas, el titular de la Auditoría debería contar con la más amplia seguridad laboral, sujeto, por un lado, a las sanciones previstas en el artículo 108 constitucional párrafo segundo y, por otros, a los controles derivados de un riguroso régimen de incompatibilidades y conflictos de interés para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. A grandes males grandes remedios.

Segundo. El Fortalecimiento del IFAI. Es verdad sabida que los problemas de opacidad existen en la Federación y con mayor persistencia en las entidades federativas y los municipios. Hoy, a pesar de la reforma constitucional del 2007, es bastante complicado acceder a la información pública. Hay infinidad de plazos, de criterios y de voluntad por cumplir la ley a lo largo y a lo ancho del país. La creación del sistema Infomex, creado con la idea inicial de homologar procedimientos, es una herramienta que ha cumplido parcialmente su cometido. En buena parte de las comisiones e institutos prospera la simulación en un inacabado esfuerzo por mostrar la formalidad legal. Es por ello, pertinente y oportuna la propuesta de Peña Nieto en este rubro. El IFAI debería convertirse en un tribunal especializado convirtiendo el acceso a la información y transparencia en un asunto federal como sucede, por ejemplo, con los tribunales agrarios, creando salas regionales, unitarias o colegiadas, dejando intocados los principios de amigabilidad de este derecho, sin dejar de lado la fundamentación y motivación a que obliga el artículo 14 constitucional. Como a todo órgano jurisdiccional debe otorgársele atribuciones para imponer medidas de apremio y capacidad sancionatoria. Debe conocer de asuntos federales, de las entidades federativas, municipios y órganos autónomos constitucionales, excepción hecha del Poder Judicial de la Federación, que tiene en el Consejo de la Judicatura Federal una instancia para estas labores, siempre con oportunidades de mejora. Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de la Federación. Las tareas de promoción y fomento de la cultura de la transparencia deben ser internalizadas en los libros de texto gratuito para la primaria y la secundaria, como en su momento se hizo un experimento atendible en San Luis Potosí, cuyo impacto jamás lo podrían alcanzar comisiones e institutos de transparencia. De manera complementaria, este nuevo tribunal de la transparencia podría retomar la idea de las Casas de la Cultura Jurídica que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en buena parte del país. De la misma forma debe abrogarse la Ley de Datos Personales en Posesión de Particulares para crear una nueva que incluya al sector público, que deje esa tarea a un organismo especializado con fundamento constitucional para imponer sanciones que hoy carece el IFAI.

Tercero. La publicidad oficial es, particularmente en los estados y municipios, un asunto público que se ha reservado de manera inconstitucional y absurda. Es plausible que haya en esa misma lógica un organismo que vigile estas contrataciones que en la práctica violentan la libertad de expresión al generar incentivos para uniformar información gubernamental en perjuicio del derecho a saber de la sociedad. Esta comisión debería, además, vigilar con gran exhaustividad que no haya negocios entre empresas mediáticas y gobiernos que generen conflicto de interés. En muchas ocasiones la publicidad oficial en sentido estricto es lo de menos. Lo demás son los contratos de construcción, mantenimiento de equipo informático, entre muchos otros, que aparentemente no tienen nada que ver con la línea editorial del medio, pero en la realidad definen los grandes trazos de qué se informa, qué no y cómo.

El interés superior del país debe estar por encima de las preferencias políticas. Si existen propuestas positivas para regenerar los tejidos mínimos de la ética pública hay que apoyarlas, vigilando, por supuesto, que no nos den gato por liebre.

E-mail: evillanueva99@yahoo.com

Twitter: @evillanuevamx 

Blogger: ernestovillanueva.blogspot.com

Mayor infraestructura ahora para la región nororiental

• Con los nuevos caminos se busca alcanzar el equilibrio entre las zonas más apartadas del estado
• En marcha modernización y ampliación de dos carreteras
• Inversión superior a los 9 millones 710 mil pesos

Yaonáhuac, Pue.- El Gobernador Rafael Moreno Valle puso en marcha los trabajos de modernización y ampliación de los caminos Ahuehuetes-Contzintzintan-Tételes de Ávila Castillo-Hueyapan y Mazatonal-Tatempan, en esta localidad que se realizarán con una inversión superior a los 9 millones 710 mil pesos.

Con estas acciones se busca incrementar la estructura carretera de la región nororiental del estado, para mejorar y modernizar la conectividad carretera, lo que facilitará el desplazamiento de personas y productos, además de mejorar el acceso a servicios y una mayor comunicación para los habitantes de la región.

Los trabajos en ambos caminos estarán concluidos antes de concluir el 2012.

Moreno Valle reiteró a los asistentes la importancia del trabajo conjunto para la realización de obras de alto impacto social, así como su compromiso de contribuir al desarrollo de las comunidades indígenas.

No importa el tamaño del municipio, sino la dimensión de sus necesidad, subrayó el Gobernador Rafael Moreno Valle, al destacar el impacto social que éste tipo de obras tienen en las comunidades indígenas y los ayuntamientos con mayores rezagos.

El Titular del Ejecutivo refrendó su compromiso de transformar al estado, no sólo con grandes obras de infraestructura sino con la realización de proyectos en todas las regiones del estado.

La inversión de casi diez millones de pesos, dijo, se traduce en un decidido impulso que si se llevará a cabo por parte del ayuntamiento, hubiera absorbido más del 100 por ciento de los recursos del ramo 33 del municipio de Yaonáhuac.

En su gira de trabajo por esta región, el Gobernador resaltó la importancia de sumar esfuerzos, luego de pronunciarse porque la próxima administración federal le de continuidad a programas como el PIBAI e incluso fortalecerlos debido al impacto social que representan.

Este programa permite llevar agua, drenaje, energía eléctrica y caminos a comunidades, debido a que la dispersión poblacional eleva el costo.

Indicó que el crecimiento económico del estado está por encima de la media nacional y el desempleo se ubica por debajo de los indicadores nacionales.

El turismo, dijo, es uno de los pilares de desarrollo de la entidad, por lo que se lleva a cabo un amplio programa de difusión para atraer a un mayor número de visitantes nacionales e internacionales por los diversos destinos, entre ellos, los pueblos mágicos.

El camino a los Ahuehuetes-Contzintzintan-Tételes de Ávila Castillo-Hueyapan se realizará en una extensión de 1.06 kilómetros con una inversión de 5 millones 330 mil pesos y él Mazatonal-Tatempan a lo largo de 0.90 kilómetros con 4 millones 380 mil pesos. En ambos casos, los recursos provienen del PIBAI.

Lo acompañaron la delegada de la CDI, Ivonne Gutiérrez; el presidente municipal, Humberto Lozada Murillo y el diputado local José Ángel Guerrero Herrera, quien reconoció la transparencia y honestidad en la aplicación de los recursos públicos realizada por la administración, que se plasmó en la aprobación por unanimidad de la cuenta pública 2011 que se llevó a cabo en el Congreso poblano, el pasado jueves 19 de julio.

Lo que distingue a este gobierno, refirió la delegada de la CDI, Ivonne Gutiérrez Vázquez es la suma de voluntades, para definir las obras que contribuyan al desarrollo de las comunidades indígenas, escuchando a la ciudadanía en una interrelación social e institucional.

Adelantó a los asistentes que trabaja en coordinación con el secretario de Infraestructura, Antonio Gali en la definición de los proyectos para el próximo año.