jueves, 7 de noviembre de 2013

Gana periodista Jaime Avilés demanda por daño moral a Rafael Herrerías

  • Afirma su abogado José Arturo Ortiz Peña que el amparo definitivo “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos; hubo colusión del TSJDF que encabeza Edgar Elías Azar, acusan


México, D. F., a 7 de noviembre de 2013.- El periodista Jaime Avilés salió airoso de una demanda por daño moral enderezada por el empresario de la Plaza de Toros México, Rafael Herrerías Olea, con la complicidad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal encabezado por Edgar Elías Azar, al recibir el pasado 12 de septiembre un amparo definitivo para anular las sentencias adversas que en primera y segunda instancias dictó en su contra el Juez Trigésimo de lo civil en el Distrito Federal, Francisco Neri Rosales.

Desde marzo de 2012, Rafael Herrerías Olea, administrador de la Plaza de Toros México, demandó al periodista Jaime Avilés, bajo su seudónimo de Lumbrera Chico, el pago indemnizatorio por el daño moral que dijo le causaron las crónicas taurinas publicadas por el diario La Jornada del 26 de diciembre de 2011 y del 12 de febrero de 2012, la primera en la que se le imputó haber robado en Navidad a los dueños el derecho de apartado y la oferta de lidia y carteles que han desanimado la asistencia del público taurino, como su efecto de favorecimiento para alejar la afición taurina y lograr la consolidación fiscal en beneficio de las empresas de Miguel Alemán Magnani.

Ambos juicios se radicaron ante el Juzgado Trigésimo de lo Civil del Distrito Federal, bajo la titularidad del Juez Francisco Neri Rosales, quien dictó sorpresivamente, obsequiando los fundamentos legales de la demanda de Herrerías, una sentencia fundada en una legislación civil derogada por la vigencia de la ley especial denominada Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, para el Distrito Federal, no obstante su comportamiento escrupulosamente imparcial observado durante el procedimiento en la tramitación de los juicios.

“Mi cliente fue condenado injusta e indebidamente, porque Herrerías invocó leyes que fueron derogadas hace años y que ya no tienen vigencia”, explicó el abogado José Arturo Ortiz Peña, un reconocido especialista en materia de daño moral, que llevó la defensa del crítico de toros.

El enjuiciado Avilés, por conducto de su abogado patrono, promovió dos apelaciones que se radicaron en la Primera y Segunda Salas Civiles del Tribunal Superior de Justicia, integradas respectivamente por los Magistrados José Luis Castillo Lavín, ponente, Alicia Pérez de la Fuente y Martha Lucía Elizondo Téllez, como por Víctor Rolando Díaz Ortiz, ponente, Rubén Loredo Abdalá y Dora Isela Solís Sandoval, quienes inexplicablemente, solícitos, confirmaron en el fallo de apelación las sentencias de primera instancia en todos sus términos.

El agraviado Avilés, promovió sendos juicios de amparo radicados ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y Tercer Tribunal Colegiado, ambos en materia Civil del Primer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, los cuales repararon los barbarismos jurisdiccionales de las instancias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante 2 ejecutorias que destacaron la importancia del derecho humano a la libertad de prensa y su correlativo de libertad de información, que debe ser privilegiados frente al derecho a la honra de las personas con connotación social, no obstante guardaron riguroso silencio respecto de la legislación derogada en que se fundaron las resoluciones en contra de las cuales concedieron la protección de la Justicia de la Unión al quejoso Jaime Avilés Iturbe.

Existe la precepción entre la comunidad de litigantes en el Distrito Federal, de que desde que llegó Edgar Elías Azar, aumentó la corrupción y el precio de la justicia, de lo que constituye prueba irrefutable la constancia de la actuación judicial en el caso de Jaime Avilés Iturbe, circunstancia que implica un manejo político de intereses de grupos de privilegio en la aplicación parcial de la justicia; expresan en los corrillos del tribunal que Elías Azar “¡le quitó el velo a la esfinge de la justicia!”.

Desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2012, “Lumbrera Chico” denunció semana a semana la estafa sistemática cometida por Herrerías Olea contra los intereses de los asistentes al embudo de Mixcoac, “violando en todos sus aspectos el reglamento taurino y la ley de espectáculos del Distrito Federal”.

Pese a que en su carácter de figura pública está expuesto a las críticas que los medios de difusión hagan de sus labores como organizador de espectáculos taurinos, Herrerías Olea –quien ha protagonizado escandalosos episodios, al golpear o amenazar a los jueces que representan al Gobierno del Distrito Federal durante las corridas-- optó por demandar a Lumbrera Chico en febrero de 2012.

En su querella ante el juez Francisco Neri Rosales, el abogado de Herrerías, Ricardo Alfonso Lugo Prieto, arguyó que esto habría causado “daño moral” a su representado. Pese a lo insubstancial de la acusación, Neri Rosales condenó a “Lumbrera Chico” a “publicar a su costa [en La Jornada] un extracto de la sentencia”, a lo que se negó el periodista y por medio de su abogado defensor, José Arturo Ortiz Peña, solicitó el amparo de las instancia superiores, que el pasado 12 de septiembre se lo concedieron en forma definitiva.

La ausencia de ganado “adulto y sano, suplantado por novillos engordados con hormonas, carentes de fuerza y de bravura, que salen al ruedo medio muertos y sólo se prestan a la simulación en que incurren desde el empresario hasta las autoridades, ha terminado por estimular el creciente desprestigio de una tradición cultural con casi 500 años de antigüedad en América”, afirmó el periodista Jaime Avilés, quien escribe de toros bajo el seudónimo de Lumbrera Chico.


José Arturo Ortiz Peña, aseguró que el amparo definitivo otorgado al periodista “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos. Ni los apellidos de alcurnia ni los intereses empresariales familiares de los viejos grupos políticos mexicanos pudieron atropellar la justicia en este caso”.

martes, 5 de noviembre de 2013

Entrega Ávila Villegas apoyos de las 10 Acciones para la Mujer


Tepetlixpa, México.- En gira de trabajo por la Región Oriente de la entidad, el gobernador Eruviel Ávila Villegas entregó apoyos de las 10 Acciones para la Mujer, donde aseguró que con acciones que eleven la productividad de los pequeños y medianos productores, así como la agilización de trámites para la entrega de créditos directos y con tasas accesibles para los campesinos, el Gobierno del Estado de México se suma a las estrategias para construir Un Nuevo Campo para México, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto, pues este programa impulsará un campo más justo, productivo, competitivo, rentable y sustentable en beneficio de las familias mexiquenses, y buscará que al menos 75 por ciento de los alimentos que se consuman en el país, sean producidos en México.

domingo, 3 de noviembre de 2013

Anuncian comerciantes denuncias penales contra Maricela Contreras y colaboradores

  • Convocan a los gobiernos del DF y delegacional a desarrollar en conjunto un programa de reordenamiento de la vía pública a través de corredores comerciales que les den certeza jurídica


México, D, F.- Con el fin de defenderse frente a  lo que consideran arbitrariedades de Maricela Contreras Julián, los Comerciantes Unidos La Esperanza enderezarán denuncias de carácter penal en contra de la Jefa Delegacional, el Director General de Jurídico y Gobierno y los puestos de la estructura administrativa involucrados en la cancelación de sus permisos, anunció esta mañana la Asociación.

A la vez, la representante de los comerciantes en vía pública de Tlalpan, María de los Ángeles García Grimaldo dijo que le toman la palabra al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, por lo que convocó a los gobiernos del Distrito Federal y de la Delegación Tlalpan a desarrollar en conjunto un programa de reordenamiento del comercio en la vía pública en la demarcación, que como principales componentes tenga la certeza jurídica para los comerciantes y su ingreso a la formalidad, en tanto que la ciudad ganaría en higiene, imagen, orden e impuestos.

“Ojalá, Maricela Contreras la acepte. Si no lo hace, entonces comprobaremos una vez más que lo único que desea es quitar a nuestra asociación para ponerse ella y convertirse en líder de comerciantes a través de sus funcionarios; si es así, quedará de manifiesto que lo que menos le interesa es el reordenamiento del comercio en vía pública”, expresó la dirigente.

García Grimaldo denunció el pasado domingo que Contreras Julián le exigía un pago de 5 millones de pesos y una cuota mensual de un millón para dejarlos trabajar sin necesidad de obtener y pagar sus permisos, por lo que al negarse, la Jefa Delegacional enderezó una serie de operativos para quitarlos y poner en esos lugares a comerciantes liderados por funcionarios de la delegación o familiares de estos.

García Grimaldo propone acordar “la certeza jurídica de que no estaremos sujetos a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, sino que, así como tenemos obligaciones como es el pago constante de los permisos, también haya derechos adquiridos”, crear corredores comerciales que los obligue a dar un mejor servicio a los ciudadanos, tener una fuente de empleo digno a los comerciantes y a los gobiernos una ciudad equilibrada y que se ajuste a la modernidad.

Asimismo, la incorporación de los comerciantes en vía pública a la seguridad social y otros esquemas de los que carecen como trabajadores informales; establecer también las condiciones para que puedan obtener un fondo de retiro y generar un fideicomiso para poder adquirir una vivienda.

Como contraprestación a la ciudad, se obligarían a mantener limpios los lugares de comercio para dar un aspecto diferente al que, precisamente la falta de certeza jurídica, les impide mejorar; a que el manejo de los alimentos —es lo que más venden— se dé con mayor higiene; a instalar medidores de energía eléctrica para pagar su consumo (los integrantes de Comerciantes Unidos La Esperanza ya lo hacen); a pagar una cuota fija a la ciudad y, sobre todo, a tener un padrón controlado de comerciantes que eviten precisamente que haya puestos en todos lados.

Respecto a las probables denuncias penales, el abogado Mario Valdés expresó que “a pesar de ser temporales, cuando se retira un permiso que está pagado, sin fundamentar y motivar, es un acto violatorio de las garantías individuales; es por donde jurídicamente vamos a defender el asunto para salvaguardar los derechos de los comerciantes en vía pública”.               

El litigante destacó que están tratando de que esto no llegue a los tribunales; “la postura conciliadora de parte de la Asociación está permanentemente en la mesa; constantemente se le está buscando la cara a la autoridad delegacional para que no llevemos esto a un extremo de falta de voluntad, que es de lo que están llenos de juicios lo tribunales, pero si llegamos al extremo, lo vamos a hacer porque finalmente son derechos que se están violando”.

Agregó: “Es una convocatoria para que la Jefa Delegacional tenga conciencia política, humana y social y no esté violando los derechos de los comerciantes”. Además, el abogado criticó la actitud del Director General de Jurídico y Gobierno de Tlalpan porque debería ser el primero en “ponderar que los actos de autoridad que no están fundados ni motivados son totalmente violatorios de las garantías individuales. Si ellos siguen cometiendo este tipo de actos, habrá una respuesta legal y les estoy asegurando que tendremos mucha buena disposición de los tribunales porque es increíble que en pleno 2013 ocurran estas acciones”.

García Grimaldo reiteró en conferencia de prensa: “Sí queremos transformarnos. Somos gente de trabajo y deseamos hacer bien las cosas porque tampoco queremos ser carne de cañón ni mucho menos piezas canjeables en el ajedrez de los funcionarios. Somos personas como todos y merecemos que se respeten nuestros derechos humanos”.


Agregó García Grimaldo: “Lo que buscamos es que poco a poco el trabajo en vía pública se pueda semiprofesionalizar y profesionalizar como ya ocurrió en otros dos corredores comerciales donde participé y dejen de existir los conflictos de siempre. Lo que proponemos es una ordenación que nos permita evitar este forcejeo infame en el que nos encontramos hoy y que en pequeño se da todos los días”.