- Afirma su abogado José Arturo Ortiz Peña que el amparo definitivo “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos; hubo colusión del TSJDF que encabeza Edgar Elías Azar, acusan
México, D. F., a 7 de noviembre de 2013.- El periodista
Jaime Avilés salió airoso de una demanda por daño moral enderezada por el
empresario de la Plaza de Toros México, Rafael Herrerías Olea, con la
complicidad del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal encabezado
por Edgar Elías Azar, al recibir el pasado 12 de septiembre un amparo
definitivo para anular las sentencias adversas que en primera y segunda
instancias dictó en su contra el Juez Trigésimo de lo civil en el Distrito
Federal, Francisco Neri Rosales.
Desde marzo de 2012, Rafael Herrerías Olea, administrador de
la Plaza de Toros México, demandó al periodista Jaime Avilés, bajo su seudónimo
de Lumbrera Chico, el pago indemnizatorio por el daño moral que dijo le
causaron las crónicas taurinas publicadas por el diario La Jornada del 26 de
diciembre de 2011 y del 12 de febrero de 2012, la primera en la que se le
imputó haber robado en Navidad a los dueños el derecho de apartado y la oferta
de lidia y carteles que han desanimado la asistencia del público taurino, como
su efecto de favorecimiento para alejar la afición taurina y lograr la
consolidación fiscal en beneficio de las empresas de Miguel Alemán Magnani.
Ambos juicios se radicaron ante el Juzgado Trigésimo de lo
Civil del Distrito Federal, bajo la titularidad del Juez Francisco Neri
Rosales, quien dictó sorpresivamente, obsequiando los fundamentos legales de la
demanda de Herrerías, una sentencia fundada en una legislación civil derogada
por la vigencia de la ley especial denominada Ley de Responsabilidad Civil para
la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, para
el Distrito Federal, no obstante su comportamiento escrupulosamente imparcial
observado durante el procedimiento en la tramitación de los juicios.
“Mi cliente fue condenado injusta e indebidamente, porque
Herrerías invocó leyes que fueron derogadas hace años y que ya no tienen
vigencia”, explicó el abogado José Arturo Ortiz Peña, un reconocido
especialista en materia de daño moral, que llevó la defensa del crítico de
toros.
El enjuiciado Avilés, por conducto de su abogado patrono,
promovió dos apelaciones que se radicaron en la Primera y Segunda Salas Civiles
del Tribunal Superior de Justicia, integradas respectivamente por los
Magistrados José Luis Castillo Lavín, ponente, Alicia Pérez de la Fuente y
Martha Lucía Elizondo Téllez, como por Víctor Rolando Díaz Ortiz, ponente,
Rubén Loredo Abdalá y Dora Isela Solís Sandoval, quienes inexplicablemente,
solícitos, confirmaron en el fallo de apelación las sentencias de primera
instancia en todos sus términos.
El agraviado Avilés, promovió sendos juicios de amparo
radicados ante el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y Tercer Tribunal Colegiado,
ambos en materia Civil del Primer Circuito, del Poder Judicial de la
Federación, los cuales repararon los barbarismos jurisdiccionales de las
instancias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, mediante 2
ejecutorias que destacaron la importancia del derecho humano a la libertad de
prensa y su correlativo de libertad de información, que debe ser privilegiados
frente al derecho a la honra de las personas con connotación social, no
obstante guardaron riguroso silencio respecto de la legislación derogada en que
se fundaron las resoluciones en contra de las cuales concedieron la protección
de la Justicia de la Unión al quejoso Jaime Avilés Iturbe.
Existe la precepción entre la comunidad de litigantes en el
Distrito Federal, de que desde que llegó Edgar Elías Azar, aumentó la
corrupción y el precio de la justicia, de lo que constituye prueba irrefutable
la constancia de la actuación judicial en el caso de Jaime Avilés Iturbe,
circunstancia que implica un manejo político de intereses de grupos de
privilegio en la aplicación parcial de la justicia; expresan en los corrillos
del tribunal que Elías Azar “¡le quitó el velo a la esfinge de la justicia!”.
Desde noviembre de 1999 hasta marzo de 2012, “Lumbrera
Chico” denunció semana a semana la estafa sistemática cometida por Herrerías
Olea contra los intereses de los asistentes al embudo de Mixcoac, “violando en
todos sus aspectos el reglamento taurino y la ley de espectáculos del Distrito
Federal”.
Pese a que en su carácter de figura pública está expuesto a
las críticas que los medios de difusión hagan de sus labores como organizador
de espectáculos taurinos, Herrerías Olea –quien ha protagonizado escandalosos
episodios, al golpear o amenazar a los jueces que representan al Gobierno del
Distrito Federal durante las corridas-- optó por demandar a Lumbrera Chico en
febrero de 2012.
En su querella ante el juez Francisco Neri Rosales, el
abogado de Herrerías, Ricardo Alfonso Lugo Prieto, arguyó que esto habría
causado “daño moral” a su representado. Pese a lo insubstancial de la
acusación, Neri Rosales condenó a “Lumbrera Chico” a “publicar a su costa [en
La Jornada] un extracto de la sentencia”, a lo que se negó el periodista y por
medio de su abogado defensor, José Arturo Ortiz Peña, solicitó el amparo de las
instancia superiores, que el pasado 12 de septiembre se lo concedieron en forma
definitiva.
La ausencia de ganado “adulto y sano, suplantado por
novillos engordados con hormonas, carentes de fuerza y de bravura, que salen al
ruedo medio muertos y sólo se prestan a la simulación en que incurren desde el
empresario hasta las autoridades, ha terminado por estimular el creciente
desprestigio de una tradición cultural con casi 500 años de antigüedad en
América”, afirmó el periodista Jaime Avilés, quien escribe de toros bajo el
seudónimo de Lumbrera Chico.
José Arturo Ortiz Peña, aseguró que el amparo definitivo
otorgado al periodista “constituye un triunfo de la libertad de expresión, en
beneficio del derecho a la información de todos los mexicanos. Ni los apellidos
de alcurnia ni los intereses empresariales familiares de los viejos grupos
políticos mexicanos pudieron atropellar la justicia en este caso”.
