- En el combate a la delincuencia no se debe admitir “el ejercicio arbitrario de la fuerza” porque esta estrategia “no se sostiene como una lucha de largo plazo” expresó la presidenta de Costa Rica.
En el combate a la delincuencia no se debe admitir “el ejercicio arbitrario de la fuerza” porque esta estrategia “no se sostiene como una lucha de largo plazo” y tarde o temprano se sacrifican garantías fundamentales, expresó ante senadores y diputados la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda.
Manifestó que “el combate a la criminalidad es más un asunto de inteligencia que de fuerza” y es necesario apostar al Estado de derecho, la institucionalidad y “a una robusta política social”.
Pero esto no significa, precisó, renunciar al ejercicio legítimo de la fuerza porque es un monopolio en manos del Estado y si éste no responde con oportunidad, otros la tomarán por propia mano “y eso también es sumamente peligroso”.
En el encuentro, Chinchilla Miranda dijo que la fuerza hay que ejercerla con todas sus consecuencias, pero siempre sometida a las reglas del Estado de derecho.
Enfatizó que el uso arbitrario de la fuerza es “muchas veces una gran tentación” y en el combate a la inseguridad, ya sea provocada por el crimen organizado, terrorismo o por delitos menores, siempre existe la paradoja de proteger las garantías individuales y la democracia.
Si bien es cierto que en el corto plazo es necesario intensificar algunas acciones en el ejercicio de la fuerza, subrayó, “esto no se sostiene como una lucha de largo plazo y si vamos a hacer solamente eso, tarde o temprano tendremos que sacrificar garantías fundamentales”.
La única alternativa, consideró la presidenta de Costa Rica, es invertir en más democracia, porque “cuando la sociedades son abiertas, transparentes, con instituciones íntegras, que rinden cuentas, la penetración del crimen sea hace mucho más difícil”.
Señaló que cuando las leyes ya no responden, la democracia tiene los mecanismos para revisarlas y actualizarlas.
Asentó que “vemos en México a un pueblo que está dando una lucha heroica y un gobierno que no está negando ningún recurso a su alcance para enfrentar esta dura tarea y confiamos que en el marco del Congreso y del Senado se brinde todo el apoyo para afinar los instrumentos legales, que son con los únicos con que podemos enfrentar al crimen organizado”.
Laura Chinchilla afirmó que América Latina es el continente más violento del mundo, a pesar de que no existe ninguna guerra convencional, y la región más desigual.
Por ello, resaltó, “más allá de los esfuerzos que estamos haciendo en el plano represivo y de control a la criminalidad, necesitamos hacer mucho más y de manera sostenida en el plano social y educativo”.
Por su parte, el vicepresidente de la Comisión Permanente, Ricardo García Cervantes, reconoció que México “está en una grave crisis de seguridad”, sin embargo, “al margen de los regateos de la política nuestras autoridades están haciendo todo lo que pueden”, pero a los ojos de los ciudadanos no es suficiente.
Dijo que es momento de sumar esfuerzos y considerar a todas las autoridades mesoamericanas para combatir la inseguridad derivada del crimen organizado internacional, porque este problema no puede resolverlo una nación por sí sola.
En el diálogo con la mandataria costarricense, el senador Fernando Baeza Meléndez, del PRI, resaltó que la marginación y exclusión hacen más vulnerable a México en materia de delincuencia, por lo que no se puede atacar sólo con medidas de carácter penal.
“No es el Código Penal la solución”. Hay que fortalecer a la sociedad para combatir al delito, asentó el legislador.
Se pronunció por fortalecer los lazos bilaterales y buscar la vinculación con las naciones más vulnerables al crimen organizado, así como demandar de la comunidad internacional y los países consumidores de droga la solidaridad para enfrentar este problema.
Por el PAN, la senadora Adriana González Carrillo subrayó que Costa Rica apostó por construir una democracia fuerte, basada en el respeto y vigencia de los derechos humanos, la educación y el cuidado del medio ambiente.
La diputada perredista Claudia Anaya Mota destacó que invertir en educación y políticas sociales “es la vía para lograr la paz”, pues alcanzar este objetivo a través de la guerra “se vislumbra complicado y causa muchos daños, muertes y lamentaciones”.
Expresó que Costa Rica es uno de los países más seguros de la región, a pesar de que no cuenta con un Ejército y dijo que México tiene el reto de alcanzar la paz deseada por medio del desarrollo.
En tanto, la diputada priista Beatriz Paredes Rangel señaló que la gran paradoja para nuestro continente es saber si la problemática del crimen organizado se resuelve con represión o con seguridad, respeto a los derechos humanos y desarrollo.
La ciudadanía quiere resultados, pero ¿cómo logramos resultados sin desnaturalizar la condición democrática que le costó tanto esfuerzo a América Latina conquistar?, cuestionó la legisladora.
A su vez, la senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, del PRD, reconoció la sensibilidad de Costa Rica en materia migratoria y dijo que en México se trabaja para encontrar soluciones a los migrantes y desaparecidos centroamericanos en nuestro país.
Por el PVEM, la senadora Ludivina Menchaca Castellanos expresó que en México “nos falta mucho por hacer” en el combate a la inseguridad, por lo que es importante primero la coordinación a nivel local para después presentar propuestas en el ámbito internacional.
A la reunión, que tuvo lugar en el recinto alterno del Senado, en Xicoténcatl 9, asistieron las senadoras María Teresa Ortuño Gurza y Minerva Hernández Ramos, del PAN, y María Elena Orantes López, del PRI; así como la diputada Marcela Guerra Castillo, del PRI, entre otros legisladores.