Periódico Digital "El Nauzonteco" Marzo 2012

Urge transparentar las funciones de maestros estatales comisionados

• El Estado de México incumple el requisito federal; obstaculiza una mejor política educativa 

Toluca de Lerdo, Méx.- El diputado Alejandro Landero Gutiérrez, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la LVII Legislatura del Estado de México, apremió ante el congreso la exigencia de la sociedad a que se transparente el padrón de maestros comisionados del sistema estatal a fin de saber con exactitud quienes imparten clases o realizan funciones distintas a la enseñanza. 

En una iniciativa presentada ante el pleno del poder legislativo, para adicionar esta demanda al artículo 27 de la Ley de Educación, el representante precisó que la plantilla del magisterio estatal está integrada por 218 mil 767 docentes, lo que representa el 12 por ciento del total nacional, sin embargo se desconoce cuántos de ellos están al frente de un grupo, lo que obstaculiza no sólo el acceso a la información pública, sino también la aplicación de una mejor política educativa. 

Alejandro Landero recordó que hace aproximadamente un año, con el acuerdo del grupo parlamentario del PAN, el pleno de la legislatura aprobó por unanimidad la Ley de Educación del Estado de México, en la que se dan pasos adecuados para mejorar la calidad de la educación de los mexiquenses. Reconoció que la Ley aprobada elimina la discrecionalidad en la asignación de plazas; se vincula la carrera magisterial a las evaluaciones a fin de ayudar al maestro a reforzar sus conocimientos y técnicas pedagógicas; se dota al Instituto de Evaluación Educativa de autonomía técnica; se logra que el presupuesto para la educación año con año crezca en términos reales de infraestructura y becas; además de busca atender nuevas realidades como el bullyng y la obesidad infantil; entre otros avances. 

Pero, acotó, no se logró incluir la necesidad de transparentar el padrón de maestros comisionados. Dijo que no contar con un padrón transparente de maestros comisionados, que evite excesos en la utilización de dicha figura, genera consecuencias negativas para la educación, como son: 1) se abre la posibilidad de un uso inadecuado en el ejercicio del presupuesto educativo que debe estar destinado al mejoramiento de la educación y no a otros objetivos de cualquier índole. 2) se vulnera la carrera magisterial al generar promociones o cargos a partir, no de méritos profesionales de los docentes, sino de favores o controles políticos. 3) se merma la calidad educativa al tener más alumnos por maestro consecuencia de un abultado padrón de maestros comisionados que no están en las aulas. 4) se dificulta la posibilidad de ampliar el programa de escuelas de tiempo completo (que es una de las principales demandas de la sociedad) al no contar con los suficientes maestros para aumentar la cobertura de dicho programa. 

Para ejemplificar la gravedad del problema, precisó Landero Gutiérrez, el Estudio “La Situación de la Educación en México 2010, Brechas” elaborado por la asociación civil “Mexicanos Primero” presenta diversas anomalías graves en nuestra entidad durante 2008, como: la existencia de 16 maestros que cobran ingresos iguales o mayores a 100 mil pesos mensuales; 43 plazas incompatibles geográficamente, así como la existencia en 2008 de 492 personas comisionadas que reciben un salario con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB). 

A esto se suma que año con año, la Auditoría Superior de la Federación ha hecho diversas observaciones al uso de los recursos del FAEB relacionadas al pago de sueldos de los maestros comisionados. Lo que implica estar ante un grave desorden en el tema de pagos o ante un inadmisible desvío de recursos. 

Quizá, por ello, advirtió, el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Año Fiscal 2012, en su artículo 10 establece claramente dispone los estados deberán además de informar a la autoridad educativa federal, publicar en internet el número de maestros comisionados, los pagos realizados, nombres, tipo de plaza, horas, funciones especificas, fechas de inicio y conclusión, entre otros. 

No obstante ello, en el Estado de México esta regla no se cumple, lo que hace necesaria una iniciativa como la que presentó ante el pleno del congreso.

Reportaje

Quintana Roo: el peor estado en confiabilidad policíaca

La falta de poligrafistas en todo México (operadores del famoso detector de mentiras) ha impedido que los cuerpos policíacos sean evaluados a fondo y determinar si están coludidos con el crimen. Este estado ocupa el último lugar a nivel nacional en exámenes de control y confiabilidad, lo que se traduce en la poca confianza de la ciudadanía que ya no se anima a denunciar los delitos

Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo

México, D. F.- Los mexicanos tendrán que esperar cerca de 12 años más para poder tener policías confiables. Ese es el tiempo que tardarán los gobiernos estatales y municipales en aplicar las pruebas de confianza a los 458 mil policías del país, con lo cual, se rebasa de forma abrumadora el Compromiso para Evaluaciones de Control de Confianza pactado en 2008, cuando fue decretado realizar exámenes al 100 por ciento de las policías del país en menos de cuatro años.

Los avances son lentos debido al elemento crucial en estas indagatorias, los especialistas que aplican, analizan y estudian a los mandos de procuración de justicia. En todo México existen alrededor de 200 poligrafistas certificados para evaluar a los policías, según Apolo Domínguez, ex director del C-4 en la Zona Norte de Quintana Roo. Con esto se infiere que cada profesional tendrá que realizar 2 mil 290 exámenes, los cuales, son de dos días de duración en promedio, y esta cifra sólo lograrían cumplir en un lapso de 12 años, trabajando sin descanso, claro.

Dos sexenios no es una estimación aventurada, pues a unos cuantos meses de que se cumpla el plazo establecido, sólo ha sido evaluado 9 por ciento de los 458 mil 816 policías, de los cuales 25 mil 916 resultaron reprobados, según datos de la Secretaría de Gobernación. A grandes rasgos, poco más del 80 por ciento de elementos de las policías estatales y municipales no han concretado la depuración en las corporaciones.

Esta realidad no la quiere aceptar el gobierno federal, quien se ha enfrascado en recriminaciones contra los gobiernos estatales. Basta recordar la XXI sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, realizada a finales del año pasado, donde los gobernadores de los estados expusieron las razones por las cuales a muchos de sus territorios les resultaba casi imposible cumplir para enero de 2013 la certificación en los términos que establece el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

“México no puede esperar a que se limpien los cuerpos policiales al ritmo al que vamos ahora. La gente no puede esperar 12 años para tener una policía confiable”, repeló el presidente Felipe Calderón, quien estalló cuando los gobernantes le detallaron el problema de los poligrafistas en el país.

“Sabemos que se necesitan 600 poligrafistas. ¿No podremos encontrar 600 muchachos a los que les demos una capacitación de cuatro meses para hacer una poderosa fuerza de control de confianza del país que nos de las policías que necesitamos? Es frustrante para el país que se hagan compromisos que luego no se cumplen”, dijo a los gobernadores.

Lo que el presidente omitió fue que desde hace más de tres años, el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, está en una operación subrepticia para reclutar poligrafistas en la institución, que le permitan controlar las policías estatales y municipales con los controles de confianza.

De acuerdo con el cable de WikiLeaks que dio a conocer el periódico La Jornada en junio de 2011, Héctor Sánchez, un alto funcionario de la SSP, reportó en 2008 a los funcionarios de la embajada estadounidense las intenciones de García Luna de controlar las policías estatales y municipales, contratando a 300 poligrafistas para examinar, “tanto a los efectivos de la propia secretaría como a las policías estatales y municipales”.

La realidad es que la operación de este ejército de especialistas en el polígrafo, dependientes del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, no ha dado los resultados que el gobierno federal esperaba.

Basta con observar que de los 39 centros de evaluación en los estados, a febrero de 2012 apenas se han logrado acreditar 23, y una cifra mucho menor son los que están ya certificados. También, sólo siete estados han logrado avances del 50 al 100 por ciento en la evaluación de controles de confianza.

“Hablamos de tiempo, no de dinero”. Así lo resumió Isabel Arvide, asesora de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Quintana Roo, quien defendió la postura de la falta de personal capacitado para la labor.

Siendo Quintana Roo uno de los últimos en cuanto a la implementación de controles de confianza según el último informe federal, la asesora refiere que se tardarían cerca de 14 mil días, es decir, unos 38 años en analizar a los cerca de 7 mil cuerpos de justicia estatales.

Esto debido a la falta de presupuesto e infraestructura y, principalmente, la falta de gente especializada en polígrafos. “Ya existe el centro de control de confianza, pero no tenemos aún los polígrafos, no hay una escuela de polígrafos, ¿ustedes conocen uno?, díganme”, enfatiza Arvide.

Debido a esta intrincada lucha de visiones sobre la seguridad que existe entre el gobierno federal y los estados, se ha optado por una cifra más cómoda. Ahora, según anunciaron las autoridades, se someterán a controles de confianza sólo a los altos mandos en la procuración de justicia en el país. Entonces sí, de un universo de 377 mandos, se ha evaluado al 83 por ciento; reprobaron el examen 53 jefes.

Estados Unidos ha tenido que vincularse con nuestro país para ayudar al gobierno federal a cumplir sus metas en los controles de confianza. El Coordinador del Programa de Desarrollo de Instituciones confiables de la oficina de Narcotics Affairs Section (NAS, por sus siglas en inglés) de Iniciativa Mérida, David Wattley, asegura que hay cerca de 13 organizaciones norteamericanas interesadas en este tema, entre ellas, el FBI, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional.

El agente del FBI, quien se encargó también de la división antiterrorismo en Washington, refiere que en tres años de operación vinculado con México, se otorgaron 318 polígrafos y 9 millones de dólares fueron para adquirir equipo a los centros de confianza nacionales. Asimismo, para los estados se proyectaron cerca de 8 millones de pesos para equipar, capacitar y brindar hardware, software y conectividad a los centros de Control de Confianza de los estados de la República.

No sólo es cuestión de manzanas podridas

La policía no se puede medir sólo en cuestiones cuantitativas sobre su número de elementos desplegados en las ciudades, pues ante el poder de infiltración del crimen organizado y la radicalización de la violencia armada en el país se hace necesario un análisis cualitativo sobre sus aptitudes y preparación.

Para el doctor José Luis Calderón, del Centro de Estudios de Inteligencia Estratégica, el control de confianza es una parte pequeña de un sistema más ambicioso que es la profesionalización de las policías. Sin embargo, pese a la profesionalización y todos los filtros de seguridad, es muy difícil luchar contra la corrupción.

Luis Calderón pone el dedo en el renglón, pues para él se debe crear un círculo de colaboración entre muchos sectores para revisar la calidad de elementos judiciales. El primer paso es el institucional, pues de nada sirve tener policías certificados y que salgan de academias si al entrar al terreno laboral se van a ver inmiscuidos en una red de corrupción casi ineludible dentro de las corporaciones judiciales.

“Si el policía sale de la academia, llega a trabajar y el jefe le dice que tiene que llegar con una cuota de dinero de su acción policíaca, entonces se acabó el policía que la academia acababa de formar, el policía tiene de dos, o renuncia o se mete a la dinámica de corrupción que impera en las fuerzas judiciales”, detalla.

No sólo se tiene que lograr la acreditación de los elementos, se tiene que crear certidumbre sobre las instituciones rectoras de justicia en el país, según Juan Salgado, especialista del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas.

Es de vital importancia definir la forma de pasar del control de confianza a la acreditación institucional, es decir, ir de la acreditación de individuos a la formación de instituciones más confiables. Este es un momento clave, pues en México no existen experiencias previas de los centros de evaluación, y estamos viendo cómo pasar de la ley a la política pública, explica el especialista en ciencias jurídicas.

“El control de confianza nos permite identificar cuál es la manzana podrida en el barril y sacarla y que no pudra las manzanas. Pero tenemos que pensar en qué está pasando con la corrupción al interior de las fuerzas. No funcionan mal sólo porque ellos sean malos, sino porque existe una institución que se los permite”, declara.

Para lograr la acreditación institucional se tiene que dar seguimiento a las políticas públicas y de seguridad social al interior de las policías, como los incentivos. Tener en cuenta la colaboración entre todos los niveles de justicia penal que comienza con la prevención del delito.

Al final de su sexenio, Felipe Calderón no ha logrado realizar una batalla proactiva contra el crimen organizado, entendiendo esto como un gobierno que no cuenta con sistemas de inteligencia e información ciudadanos que lo oriente en los problemas sociales y le permita identificar la raíz de la violencia y la corrupción en el país.

Ante esta encrucijada, organizaciones civiles como Cacusa en Común se han metido de lleno a la construcción de mecanismos de evaluación de policías. Presidida por María Elena Morera, ha mantenido una lucha de varios meses para este objetivo y llama a los ciudadanos a que no dejen sólo en manos de las autoridades la impartición de justicia y la seguridad pública.

Qué se necesita para ser policía en este país

Existen más de 2 mil organizaciones policiales diferentes en el país, entre locales, federales y estatales, todas con sus realidades concretas y sus retos diferenciados. Según los especialistas consultados por Luces del Siglo, no se pueden hacer las evaluaciones de confianza de la misma forma a todos.

El doctor José Luis Calderón asegura que hay que tener en cuenta cuáles son los perfiles de puestos, saber qué tipo de policía se quiere, dependiendo de las aptitudes físicas de los pobladores en cada estado. “El examen que le hacen al policía se lo hacen también al jefe, no hay una diferenciación, se tienen que hacer perfiles por grupos, mandos superiores, mandos medios, policías operativos, personal administrativo, una cuestión general”, detalla.

Además de los perfiles, se tienen que tener criterios de evaluación institucionales, es decir, saber si se permitirán a personas tatuadas o rehabilitadas de alguna droga, todas aquellas pautas que diriman cuestiones de reclutamiento.

Para Juan Salgado, especialista del CIDE, se tiene que medir también el trabajo que realizan, pues en cada estado el nivel de intervención que tiene cada organización policiaca es diferente. Según datos de la Encuesta Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia Municipal del INEGI, en Yucatán y Quintana Roo existe un índice alto de intervención policial, y esto implica que responden a mayores llamados de delitos comunes.

El especialista jurídico señala que se necesita tener perspectiva de género al aplicar las pruebas de control de confianza, pues las estadísticas nacionales muestran que, del personal de primer nivel, el 3 por ciento son mujeres, en personal intermedio sólo el 4 por ciento. En personal operativo, la tendencia aumenta al 8 por ciento de mujeres contra el 92 por ciento de hombres.

“Este es un cambio que va significando, así que las pruebas toxicológicas, psicológicas y de polígrafo tienen que tener en cuenta estos cambios. Por tanto, tiene que haber un enfoque para ver en qué manera diferenciada están afectando a estas personas”, asegura el académico.

Un último aspecto a evaluar para hacer la diferenciación, es la desproporción en los salarios que reciben los diversos mandos policiacos, pues es el elemento que determina la proclividad que tienen a corromperse ante la falta de políticas de seguridad social en sus trabajos.

El especialista del CIDE asegura que en el norte del país existen salarios altos para los agentes de la ley, mientras que en el sur los salarios bajan de forma considerable, incluso Quintana Roo está en el fondo de la tabla de estados que peor pagan a sus cuerpos policiacos.

Isabel Arvide, asesora del secretario de Seguridad del General Carlos Bibiano Villa, da un ejemplo y detalla que en Quintana Roo los mil 160 policías estatales tienen un salario máximo de 5 mil pesos al mes. Los policías del municipio de Benito Juárez gozan de un sueldo que está por encima de los 15 mil pesos.

Los policías que más ganan son los de Cancún, seguidos por los de Chetumal. Isabel Arvide denuncia que existe una desproporción en los sueldos de las policías debido al apoyo federal que reciben los municipios por cuestiones del Subsidio para Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN), beneficio que no tiene la Secretaría de Seguridad Pública para poder mejorar sus puestos.

La realidad de los sueldos para los policías en el estado es abrumadora para la funcionaria, quien afirma que en los hoteles, lo mínimo que pagan por ser guardia de seguridad son 9 mil pesos, sin filtros de confianza, ni traer un arma y con la seguridad de horarios. En el ámbito público, los policías no tienen un horario, el reglamento permite que un policía trabaje los 365 días del año sin descanso y el servicio es a necesidad.

Cuadro

Desconfianza en autoridades crece en Quintana Roo

El 81 por ciento de los ciudadanos de Cancún ha sido víctima de algún delito en los últimos seis meses, de los cuales, 43 por ciento no denunciaron por falta de confianza y credibilidad hacia las instituciones policíacas, según datos de la más reciente encuesta del Consejo Ciudadano de Quintana Roo.

Patricia Palma, directora de la organización civil Consejo Ciudadano de Quintana Roo, asegura que frente a la acción de las bandas criminales, las policías del estado son incapaces de transparentar su labor. Agrega que de los 6 mil 900 policías que se tiene en el estado, sólo 93 agentes han presentado los exámenes de control de confianza, y no se sabe si lo acreditaron positivamente.

Quintana Roo presenta un retraso en materia de certificación de confianza de sus cuerpos policiacos, sin embargo, el Consejo Ciudadano, que trabaja con 53 organizaciones en el estado y tiene colaboración con más de 300 a nivel nacional, ha instado al secretario estatal de Seguridad, Carlos Bibiano Villa, para mejorar a las policías de la entidad.

Al inicio de la administración, el general retirado le presentó al Consejo una radiografía del estado de la policía, la cual mostraba el panorama desastroso de la institución de seguridad. “No se tenían patrullas, sin elementos capacitados y sin equipamiento. Esto se ha ido mejorando en la medida que las organizaciones han exigido las mejoras”, refiere Patricia Palma.

En la conferencia Para Qué Evaluar a los Policías, los Centros de Control de Confianza en la Estrategia de Seguridad, se nombraron como representantes de la organización Causa Común para Quintana Roo a la directora del Consejo Ciudadano, Patricia Palma, y en la Zona Sur a Rodrigo Tello.

Cuadrito

De acuerdo con el Consejo Ciudadano de Cancún, muchos policías están en la organización debido a que no cuentan con otro trabajo al que puedan acceder. No se emplean métodos curriculares adecuados a los contextos donde viven los policías, para poder reclutarlos de forma efectiva. Las convocatorias para pertenecer a las corporaciones, piden mínimos requisitos como la estatura con criterios que sólo se usan en el norte de más de 1 metro 70 centímetros, cuando la estatura promedio en el sur es de 1 metro con 55.

DATO

¿Qué es un polígrafo y cómo funciona?

• Mide cambios psicofisiológicos asociados con el estrés de mentir, como lo son la presión arterial, la respiración y la resistencia eléctrica de la piel.

• Estos cambios se registran al tiempo en que un sujeto, conectado al polígrafo, responde a preguntas específicas de “Sí o No”.

• Las reacciones son comparadas por un poligrafista contra patrones de veracidad registrados en el mismo sujeto, que le permiten reportar cuando el sujeto es veraz o no en sus respuestas.

• El polígrafo no es un “detector de mentiras”.

• Un poligrafista bien entrenado, utilizando un polígrafo y un riguroso procedimiento (la evaluación poligráfica) si puede ser un “detector de mentiras”.

¿Qué tipo de evaluaciones hay?

1) Evaluación poligráfica específica (o de investigación).

2) Evaluación poligráfica de Pre-empleo. Ayudan a determinar actos indeseables en el pasado de candidatos a empleos.

3) Evaluación poligráfica de control de confianza.

- Para evaluar si un empleado actual ha incumplido con leyes, reglas o procedimientos.

- Se usa en forma periódica para personal crítico, o antes de una promoción.

Componentes del polígrafo computarizado

• Dos Neumógrafos: Miden la actividad respiratoria.

• Un Galvanómetro: Mide los cambios de conductividad eléctrica en la piel (el reflejo galvánico)

(sudoración).

• Un Baumanómetro: Mide los cambios en la presión arterial.

• Cardiógrafo: Registra la actividad cardiaca (pulsaciones).

• Una caja sensora o interfase.

• Software graficador.- Tiene un módulo que emite el juicio de verdad o mentira. Dicho módulo no debe de substituir el análisis de las gráficas de parte del poligrafista.

El polígrafo digital está casi desplazando al polígrafo mecánico de agujas por su conveniencia, aunque los dos son igual de precisos.

Fuente: http://www.asismexiconorte.com.mx/archivos/File/0804%20Poligrafo.pdf

¿En qué países se utiliza?

En la actualidad el polígrafo es utilizado por agencias de inteligencia, policías y sectores privados de más de 90 países.

Fuente: http://cita.es/poligrafistas/