sábado, 1 de agosto de 2020

Tres regidores acusan al edil Luis Maya Doro de Enriquecimiento Ilícito, Corrupción, Persecución, Opacidad y Nepotismo ante el presidente Andrés Manuel López Obrador


  • Con recortes y extorsión, intimidan a regidores
  • Piden la intervención del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza y responsabilizan a Luis Maya Doro de lo que pueda pasarles a ellos o a sus familias
  • Reclaman regidores falta de transparencia en Ayuntamiento de Almoloya de Juárez



Por: Raúl González Nova
Almoloya de Juárez, México. - Al acusar que el alcalde de Almoloya de Juárez Luis Maya Doro, quiere gobernar solo el municipio sin tomarlos en cuenta, dos regidores de #MORENA, uno del #PT, piden que intervenga el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, Secretaría de Gobernación Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alfredo del Mazo Maza gobernador del Estado de México y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, para ponerle un alto a este edil y sus sicarios.

En un escrito realizado por los regidores Santos Hernández García y María Yolanda López Paredes de #MORENA, Fermín Romero Valdés del #PT, expusieron la situación que ha provocado en varias ocasiones el edil Luis Maya Doro, derivado de la imposición a conveniencia de algunos actores dentro del propio movimiento, consideramos urgente, la intervención de los ya mencionados, para poner un alto y erradicar los vicios del poder público acentuados los últimos 20 años en Almoloya de Juárez, agravados, hoy en día por el gobierno municipal de #MORENA que representa Luis Maya Doro presidente municipal 2019-2021.

“No buscamos un pleito, seguir encarnizándonos. Pero el sometimiento, la opresión, persecución y el abuso a los grupos más vulnerables, en este caso grupos indígenas que valiéndose del poder como alcalde por #MORENA realiza la sumisión de comunidades indígenas, que no les ha suministrado el vital líquido y es considerado un derecho humano universal, como lo son el Jacal de Buenavista, La Lagunita que pertenece a la comunidad de Yebucibi, que han sido privadas del vital líquido, y la cuales han pedido la intervención del presidente municipal y ha sido omiso en sus peticiones y privados del líquido desde hace dos años.

Señalaron el alcalde, otorga beneficios a quienes le interesa favorecer, no ha cumplido el compromiso de aportar los recursos federales, por eso mismo, solicitamos su intervención, porque al interior del gobierno municipal y al amparo, la protección o encubrimiento de propios y órganos superiores de gobierno, solicitando auditorías de las áreas fiscalizadoras respectivas y fehacientes que permitan conocer el destino de los recursos y cuenta pública 2019, ya que hay comunidades indígenas y en general que presentan alto rezago social y no hay obras de impacto social que refleje el gasto que llega al gobierno municipal.

Los regidores refirieron que existen sospechas de malos manejos y el Enriquecimiento ilícito de unos cuantos a consta del padecimiento y atraso de la mayoría a través de la confusión, el engaño y la impunidad, ya que con más de 400 millones de pesos obtenidos del gobierno federal para el ejercicio fiscal 2019, no observamos el avance y desarrollo de nuestros pueblos indígenas y comunidades en general.

La regidora María Yolanda López Paredes de MORENA, solicito una audiencia con el edil Luis Maya Doro, y obtuvo una respuesta afirmativa con un horario de 3 a 4 de la mañana que la podía atender, lamentó que el alcalde con esa actitud de sentirse el que solo gobierna el municipio está afectando a los ciudadanos de Almoloya de Juárez y a nuestros pueblos indígenas, que lo único que ocupan es el recurso que llegan para que sea aplicado para su destino y no desviarlo para otros fines.

La crisis por Covid-19 no es excusa para participar en conductas comerciales poco éticas y corruptas: ICC



Ciudad de México.
Una crisis como la que estamos viviendo por la pandemia Covid 19 no es excusa para participar en conductas comerciales poco éticas y corruptas, motivo por el que la International Chamber of Commerce (ICC) alienta a los líderes de empresa a que mantengan los más altos estándares de integridad en las transacciones comerciales y a que sigan actuando de manera responsable con respecto a los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de integridad al realizar actividades empresariales.

“La pandemia crea entornos que aumentan los riesgos de corrupción, soborno, fraude, lavado de dinero y otras formas de comportamiento ilícito que afectan a las empresas”, alertó el organismo global en un comunicado, al dar a conocer la Guía: Integridad para una respuesta y reconstrucción resiliente pos-Covid 19.

“Con esta Guía de la ICC queremos contribuir a impulsar a México hacia delante”, expresó Claus von Wobeser, quien advirtió que “la reconstrucción debe estar cimentada en el respeto al estado de derecho y la integridad.

“Nuestro país requiere fortalecer su posición como una jurisdicción atractiva a la inversión para recuperar sus fuentes de trabajo y potencial de crecimiento y desarrollo”, añadió el presidente de la ICC México, quien agregó que “sólo se logrará esto si se honran y respetan las reglas del juego y se privilegia la transparencia en el manejo de recursos públicos, al tiempo que las empresas deben robustecer su compromiso con sus programas de Compliance”.

La ICC considera que la integridad y la transparencia son factores clave para guiar a los reguladores y empresas durante la respuesta a la crisis por Covid-19 y la reconstrucción, además de observar que “la pandemia actual también ofrece nuevas oportunidades para crear conciencia sobre la necesidad de que todos cumplan con altos estándares de integridad y transparencia, así como para innovar con nuevas soluciones colaborativas hacia estos objetivos”.

Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de ICC México, destacó que “estamos viviendo momentos de falta de operaciones y flujo para las empresas, en las que muchas se han visto orilladas al borde de la insolvencia. Además, las cadenas de suministro a nivel global han sufrido disrupciones insospechadas y los recortes presupuestales se han convertido en una constante.  Por su parte, los gobiernos siguen batallando con una crisis pública de salud que no parece decrecer”. 
En México, agregó, “esto abre nuevos y mayores riesgos de corrupción y observancia de las políticas de integridad. En este contexto, el Compendio de Integridad Empresarial de la ICC resulta una herramienta particularmente útil para que las empresas preserven y eleven sus estándares de integridad. Ante la tangible disminución de recursos, invitamos a nuestros socios a acercarse a nuestros expertos en la Comisión Anticorrupción para encontrar estrategias creativas y eficientes que contribuyan a una reconstrucción resiliente pos-Covid-19 íntegra”.

El comunicado de la ICC Mundial refiere que tanto el sector público como las empresas, deben respetar los principios de transparencia y competencia durante el proceso de contratación, aún en circunstancias emergentes.

De igual forma, deben combatir prácticas ilícitas en tiempos de crisis como son la falsificación de medicamentos, insumos y equipos médicos; así como también la de documentación para adquirir financiamientos públicos.

ICC recomienda también mantener el uso de la debida diligencia, para hacer frente a los riesgos de corrupción y los efectos nocivos para los derechos humanos derivados de las perturbaciones en la cadena mundial de suministros.

También recomienda mitigar los riesgos de corrupción que han surgido debido a importantes retrasos aduaneros, mientras que las empresas y los gobiernos tratan de conseguir suministros que se necesitan con urgencia a través de las fronteras.

Y, finalmente, respecto a la preservación del estado de Derecho, ICC previene que las circunstancias excepcionales de crisis, pueden llevar a algunos gobiernos a tomar atribuciones excepcionalmente fuertes y no necesariamente propias de sus facultades, sin especificar cuándo cesará este uso extra-facultativo. Las leyes y políticas, deben establecer límites claros en cuanto al alcance y la duración del uso excepcional del poder por parte de los gobiernos. Esas preocupaciones, son especialmente graves en algunos países que se caracterizan por una mala gobernanza, una supervisión normativa deficiente, sistemas judiciales parciales y corrupción.