Ciudad de México.
Una crisis como la que estamos viviendo por la pandemia
Covid 19 no es excusa para participar en conductas comerciales poco éticas y
corruptas, motivo por el que la International Chamber of Commerce (ICC) alienta
a los líderes de empresa a que mantengan los más altos estándares de integridad
en las transacciones comerciales y a que sigan actuando de manera responsable
con respecto a los derechos humanos, la buena gobernanza y las normas de
integridad al realizar actividades empresariales.
“La pandemia crea entornos que aumentan los riesgos de
corrupción, soborno, fraude, lavado de dinero y otras formas de comportamiento
ilícito que afectan a las empresas”, alertó el organismo global en un
comunicado, al dar a conocer la Guía: Integridad para una respuesta y
reconstrucción resiliente pos-Covid 19.
“Con esta Guía de la ICC queremos contribuir a impulsar a
México hacia delante”, expresó Claus von Wobeser, quien advirtió que “la
reconstrucción debe estar cimentada en el respeto al estado de derecho y la
integridad.
“Nuestro país requiere fortalecer su posición como una
jurisdicción atractiva a la inversión para recuperar sus fuentes de trabajo y
potencial de crecimiento y desarrollo”, añadió el presidente de la ICC México,
quien agregó que “sólo se logrará esto si se honran y respetan las reglas del
juego y se privilegia la transparencia en el manejo de recursos públicos, al
tiempo que las empresas deben robustecer su compromiso con sus programas de
Compliance”.
La ICC considera que la integridad y la transparencia son
factores clave para guiar a los reguladores y empresas durante la respuesta a
la crisis por Covid-19 y la reconstrucción, además de observar que “la pandemia
actual también ofrece nuevas oportunidades para crear conciencia sobre la
necesidad de que todos cumplan con altos estándares de integridad y
transparencia, así como para innovar con nuevas soluciones colaborativas hacia
estos objetivos”.
Diego Sierra, presidente de la Comisión Anticorrupción de
ICC México, destacó que “estamos viviendo momentos de falta de operaciones y
flujo para las empresas, en las que muchas se han visto orilladas al borde de
la insolvencia. Además, las cadenas de suministro a nivel global han sufrido
disrupciones insospechadas y los recortes presupuestales se han convertido en
una constante. Por su parte, los
gobiernos siguen batallando con una crisis pública de salud que no parece
decrecer”.
En México, agregó, “esto abre nuevos y mayores riesgos de
corrupción y observancia de las políticas de integridad. En este contexto, el
Compendio de Integridad Empresarial de la ICC resulta una herramienta
particularmente útil para que las empresas preserven y eleven sus estándares de
integridad. Ante la tangible disminución de recursos, invitamos a nuestros
socios a acercarse a nuestros expertos en la Comisión Anticorrupción para
encontrar estrategias creativas y eficientes que contribuyan a una
reconstrucción resiliente pos-Covid-19 íntegra”.
El comunicado de la ICC Mundial refiere que tanto el sector
público como las empresas, deben respetar los principios de transparencia y
competencia durante el proceso de contratación, aún en circunstancias
emergentes.
De igual forma, deben combatir prácticas ilícitas en tiempos
de crisis como son la falsificación de medicamentos, insumos y equipos médicos;
así como también la de documentación para adquirir financiamientos públicos.
ICC recomienda también mantener el uso de la debida
diligencia, para hacer frente a los riesgos de corrupción y los efectos nocivos
para los derechos humanos derivados de las perturbaciones en la cadena mundial
de suministros.
También recomienda mitigar los riesgos de corrupción que han
surgido debido a importantes retrasos aduaneros, mientras que las empresas y
los gobiernos tratan de conseguir suministros que se necesitan con urgencia a
través de las fronteras.
Y, finalmente, respecto a la preservación del estado de
Derecho, ICC previene que las circunstancias excepcionales de crisis, pueden
llevar a algunos gobiernos a tomar atribuciones excepcionalmente fuertes y no
necesariamente propias de sus facultades, sin especificar cuándo cesará este
uso extra-facultativo. Las leyes y políticas, deben establecer límites claros
en cuanto al alcance y la duración del uso excepcional del poder por parte de
los gobiernos. Esas preocupaciones, son especialmente graves en algunos países
que se caracterizan por una mala gobernanza, una supervisión normativa
deficiente, sistemas judiciales parciales y corrupción.
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