jueves, 11 de octubre de 2018

Desplegará Profeco toda su capacidad operativa durante “El Buen Fin 2018”


Por instrucciones del secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal y del titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Rogelio Cerda Pérez, la Procuraduría Federal del Consumidor desplegará toda su fuerza operativa a nivel nacional, a través de sus 51 delegaciones y subdelegaciones, así como de sus canales de comunicación cómo el Teléfono del Consumidor, Conciliaexprés y redes sociales, particularmente en Whatsapp, mensaje instantáneo: 55 8078 0488, 55 8078 0485 y 55 8078 0344.
Redes sociales oficiales:
Twitter: @AtencionProfeco
Facebook: ProfecoOficial
El número del consumidor 555688722 en área metropolitana o al 01 800 468 8722
Dicho operativo arrancará este viernes 16 de noviembre de 2018 a las 00:00 horas, de forma simultánea en todo el país.

La estrategia nacional incluye un estimado de 300 brigadas itinerantes para atender denuncias, brindar asesorías y realizar conciliaciones inmediatas para los consumidores en tiempo real. Se tendrán instalados 177 módulos a nivel nacional, de los cuales 32 se instalarán en aeropuertos y el resto en centros comerciales, plazas, tiendas y corredores comerciales más importantes.

Más de 200 conciliadores en Conciliaexprés, a través del teléfono del consumidor, con horario de 9:00 a 21 horas estarán atendiendo para conciliar inmediatamente  y operarán  a nivel nacional, para apoyar en la defensa de la economía familiar durante la edición 2018 de El Buen Fin.

La procuraduría, a través del programa “Quien es Quién en los Precios” (QQP) ha realizado un levantamiento de 141,000 precios de 591 productos de mayor demanda en 49 ciudades, como pantallas, electrodomésticos y sistemas de audio. De acuerdo con estimaciones, se espera un impacto económico de 97 mil millones de pesos por las transacciones comerciales durante la octava edición de El Buen Fin, esto es, un 5% más que el año anterior.

CIFRAS DE PROFECO  “BUEN FIN 2017”
En 2017 se realizaron un total de 52 millones de operaciones (15% más que en 2016).
Se alcanzó un monto de conciliación del 94% de las reclamaciones atendidas durante el evento.
Se otorgaron 69,464 asesorías a consumidores, 39,217 asesorías más  que en 2016 es decir, un incremento de 113%.
Se superó en 162% el monto recuperado para los consumidores respecto a 2016.
Fueron realizados 643 monitoreos de publicidad que permitieron corregir 18 anuncios de publicidad.
Las reclamaciones más frecuentes fueron: No respetar promociones u ofertas anunciadas, no respetar los precios exhibidos, brindar información o publicidad engañosa y condicionar o negar la venta.
Entre los productos más vendidos durante el Buen Fin destacan: Ropa, Pantallas, Calzado, Teléfonos celulares, electrodomésticos y equipos de cómputo (Fuente: Deloitte, El Buen Fin 2017 y la experiencia de los consumidores).

Cerrar el ciclo de impunidad y corrupción, exigen diputados al fiscal; el sistema no da para más: Morena



Toluca, México.
Los grupos parlamentarios de morena y PT en la 60 Legislatura exigieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM ) que en la entidad no se presente “ni una muerta más”, que a las víctimas y sus familiares se les procure justicia y que cierre el círculo de corrupción e impunidad.
Al comparecer su titular, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, ante el Pleno legislativo para continuar con el análisis del Primer Informe de Gobierno, las bancadas del PRI, PAN, PES, PRD y PVEM coincidieron, por otro lado, en que los mexiquenses perciben la inseguridad como uno de los principales problemas de la entidad, igual que la impunidad y la corrupción, en tanto que el fiscal admitió que los resultados presentados no son suficientes.

La diputada Karina Labastida Sotelo (morena) sostuvo que en procuración de justicia el panorama que ofrece la entidad es desolador y que la víctima es la sociedad.  Sobre la fiscalía, dijo, pesa un escenario de corrupción y debilidad institucional

Cuestionó que únicamente 8.33% de las carpetas de investigación se convierten en causas penales y de éstas sólo 0.59% acaban en sentencia, además de señalar que persisten detenciones arbitrarias y la tortura para castigar, extraer confesiones o información, por lo que preguntó sobre las acciones para erradicar la corrupción, sobre las recomendaciones en materia de derechos humanos y sanciones a servidores públicos.

Dijo que las mujeres mexiquenses “vivimos con miedo” a caminar libres en la calle, a viajar en el transporte público, a que nuestras hijas no regresen a casa, “a enfrentarnos a aquellos que nos matan sólo por ser mujeres”, y que desde que se tipificó el feminicidio, hasta diciembre de 2017 en la entidad se han reportado mil 199 muertes violentas de mujeres y sólo 104 terminaron con una sentencia condenatoria por dicho delito. Los diputados de morena, afirmó, se solidarizan con las víctimas y “alzamos la voz frente a usted, para solicitarle les procure Justicia y exigirle: Ni una muerta más”.

Mientras Karina Labastida hablaba, un grupo de legisladores extendió frente a la tribuna una manta con las fotografías y nombres de personas desaparecidas en la entidad; en la sesión estuvo además la señora Lorena Gutiérrez Rangel, madre de Fátima, niña de apenas 12 años víctima de feminicidio.

El diputado Gerardo Ulloa Pérez pidió al compareciente cerrar el ciclo de impunidad y corrupción, ya que este sistema no “da para más”, y lo interrogó sobre los resultados del combate a la corrupción y la posibilidad de que opere una red de traficantes de órganos en la entidad, a propósito de la reciente detención de un presunto asesino serial en Ecatepec.

Hizo un llamado a que los tres órdenes de gobierno y los tres poderes diseñen una estrategia directa para combatir estos males.

En nombre del PRI, el diputado Juan Maccise Naime apuntó que en la lucha por la paz y por la impartición expedita de la justicia no hay colores, y que hoy los gobiernos de cualquier orden y signo político están obligados a acompañar y hacerse acompañar de la sociedad, del pueblo, para legitimar, en los hechos, el mandato que en las urnas les fue otorgado. Preguntó por las medidas para que la FGJEM tenga cercanía con la población y si han mejorado sus capacidades procesales para ser más efectivos al litigar.

El diputado Sergio García Sosa señaló que los mexiquenses perciben la justicia lejana y desigual, y que en general no confían en las instituciones. Demandó que se detengan las desapariciones de personas y el secuestro, pues las cifras no dejan tranquilo a nadie. Adelantó que en el PT están convencidos de que con coordinación interinstitucional se enfrentará con éxito el delito.

También del PT, el legislador Luis Antonio Guadarrama Sánchez le pidió explicar el mapa delictivo de la entidad, señaló rezagos en la infraestructura de la institución y la falta de un servicio civil de carrera.

Con la representación del PAN, el diputado José Antonio García García reconoció que la tarea del fiscal es un reto institucional mayor y lo interrogó sobre los logros del nuevo sistema penal acusatorio y oral, por la diferencia entre las cifras que da él y las del gobernador, por la coordinación con los gobiernos municipales y las acciones concretas en derechos humanos.

También se pronunció por la eliminación del fuero a los legisladores para enviar a la sociedad el mensaje de que la lucha contra la impunidad es en serio, así como por la profesionalización de los servidores de la FGJEM.

El coordinador parlamentario de Encuentro Social, Carlos Loman Delgado, se pronunció por un cambio en el modelo institucional que permita integrar políticas públicas integrales, de tal manera que las instituciones no dupliquen ni tareas ni esfuerzos. Sólo así, agregó, se evitará la dispersión de acciones y programas y se logrará entregar soluciones reales a los mexiquenses.

Para el PRD, el coordinador parlamentario, diputado Omar Ortega Álvarez, dijo que delitos graves como los homicidios dolosos, las extorsiones y los feminicidios siguen al alza; preguntó por el proceso de conversión de Procuraduría a Fiscalía y por la falta de ministerios públicos. Exhortó al fiscal a aprovechar que se le han entregado recursos suficientes para cumplir con su tarea.

El PVEM, por el que hablaron sus diputados María Luisa Mendoza Mondragón y José Alberto Couttolenc Buentello, reconoció la capacidad del servidor al que no responsabiliza personalmente por la impunidad e inseguridad, aunque le señaló su responsabilidad en la solución de ambos problemas. Preguntaron por avances en el combate a la impunidad, la delincuencia y la corrupción, así como por las acciones para que la FGJEM sea una institución empática con la ciudadanía.  

El fiscal Gómez Sánchez admitió un aumento en los delitos vinculados a la violencia de género, tales como feminicidios, lesiones dolosas, abuso, hostigamiento, acoso sexual, violencia familiar y sustracción de menores. Por el contrario, delitos como el robo con violencia a casa habitación y a negocio, robo a transportistas e instituciones bancarias, secuestro y violación, presentan “disminuciones moderadas”.

Destacó que la Fiscalía cuenta con 13 agencias del Ministerio Público (MP) especializadas en género, cuatro centros de justicia para las mujeres y tres agencias del MP para la atención de niñas, niños y adolescentes expósitos, así como un agente del MP por cada siete mil 200 personas y un policía de investigación por cada seis mil 900. Además, se impulsó el programa Unidad Móvil de Alerta de Género, y se logró disminuir la tasa de víctimas de delito el 1.98%.

Afirmó que desde 2014, se ha localizado, en promedio, a 80 por ciento de las mujeres y niñas desaparecidas, y que se logró disminuir la tasa de víctimas de este delito el 1.98%.

Reconoció el compromiso de la Fiscalía para trabajar de manera coordinada con la Legislatura local, con las próximas autoridades federales y con el presidente electo del país, a fin de combatir la delincuencia y la impunidad y regresar la tranquilidad a los mexiquenses. La justicia no tiene colores ni partidos, estamos listos para sumarnos a este nuevo esquema de coordinación, concluyó.

martes, 9 de octubre de 2018

Procuradores, de sistemas DIF, salvaguardan derechos de la familia



Valle de Chalco Solidaridad.
Madres y padres de familia, tenemos la obligación de criar, educar y conducir por el buen camino a nuestros hijos, hijas, que son presente y, futuro en este caso del municipio donde residimos y, de ser posible del resto de nuestro México, ha sido uno de tantos programas que en beneficio de la sociedad estableció, el Arquitecto Ramón Montalvo Hernández, presidente municipal constitucional.

Bien enterado, de la situación en que viven familias de escasos recursos económicos, Montalvo Hernández, instruyó a Manuel Jiménez Reyes, director del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la familia, Dif, establecer servicios de salud, programas especiales de atención a la mujer, Adultos mayores, gente de diversa capacidad, entre otros destinados a favorecer a la familia en situación vulnerable.

Con la finalidad de intercambiar experiencias y proyectos sobre la problemática familiar que funcionarios del Sistema Dif. Local han detectado durante la atención prestada a la población vallechalquense. El jefe de gobierno Montalvo Hernández, a través de Jiménez Reyes, decidieron que esta metrópoli fuera el baluarte de reunión de procuradores de diversos difs, dedicados a ofertar servicios legales a la familia.

Siendo el auditorio de seguridad pública, la sede de la asamblea de procuradores de los diversos sistemas Dif, establecidos en municipios de la zona oriente de la entidad mexiquense. Como son: Chalco, Cocotitlán, Temamatla, Tenango del Aire, Juchitepec, Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl y, el anfitrión Valle de Chalco Solidaridad.

Durante su intervención, cada uno de los responsables de proteger y defender los derechos de la familia en sistemas municipales Dif. Intercambiaron destrezas con la finalidad de salvaguardar los derechos y garantías individuales de la población infantil principalmente, orientar a adolescentes y adultos sobre el peligro que presenta el consumo de bebidas embriagantes y estupefacientes.

Entre los asistentes y ponentes, destacaron Manuel Jiménez Reyes, Director del DIF Local, M. en D. A. Cristel Yunuen Pozas Serrano, Procuradora de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, Lic. Emeterio Javier Pérez Fuentes, Procurador de Protección de Niñas, Niñas y Adolescentes del Gobierno de Valle de Chalco, Georgina Vidales Castillo Directora de la Policía Femenil y Alerta de Género, Raymundo Mora Esquivel Comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Advierten diputados sobre índices de corrupción en Edoméx; colaboración será primordial para combatirla



Toluca, México.
Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Participación Ciudadana de la 60 Legislatura mexiquense, que preside la diputada María Lorena Marín Moreno del PRI, advirtieron sobre los índices de corrupción en la entidad y coincidieron en que la suma de esfuerzos será primordial para combatirla y fortalecer el estado de derecho, lo que además abonará a la transparencia y la rendición de cuentas.

Durante la comparecencia del secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, que con motivo del análisis del Primer Informe de Gobierno los diputados de morena, Faustino de la Cruz Pérez y del PT, Luis Antonio Guadarrama Sánchez destacaron los casos de corrupción de la empresa OHL, la llamada estafa maestra, en la que se vio involucrada la UAEMEX, y las nóminas fantasma.

El diputado De la Cruz pidió al secretario un listado de las sanciones y observaciones que la dependencia ha hecho a otras secretarías a fin de que los legisladores tengan herramientas para tomar decisiones durante la revisión del Paquete Fiscal 2019; también  pidió información sobre sus acciones para evitar que los contralores internos de los ayuntamientos sean amigos de los alcaldes.

Luis Antonio Guadarrama preguntó cuál fue el resultado de la investigación de la Contraloría sobre los actos de corrupción dados a conocer, entre la empresa OHL y funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado de México, específicamente Apolinar Mena Vargas, exsecretario de Comunicaciones, y Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica.

La diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, preguntó sobre las acciones de la Contraloría respecto de la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y si con la desaparición de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) habrá algún vacío en la lucha contra actos de corrupción dentro de los cuerpos de seguridad pública.

La diputada Brenda Escamilla Sámano, del PAN, dijo que la corrupción y la impunidad son problemas graves que deben ser considerados de atención prioritaria en la agenda del gobierno y preguntó si existe impedimento para que se presenten denuncias y se sancione a servidores públicos por falta de una plataforma digital estatal, así como sobre las acciones de la secretaría en conjunto con otras instituciones estatales para disminuir los índices de corrupción o las faltas cometidas por los funcionarios.

También preguntó si existe voluntad política en el Poder Ejecutivo para que funcione de forma adecuada y en corto tiempo el Sistema Estatal Anticorrupción.

Por el Partido Encuentro Social, el diputado Juan Carlos Soto Ibarra cuestionó las acciones en materia anticorrupción y si están vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción, además de los mecanismos que garanticen el derecho a la participación ciudadana para fortalecer a la democracia y como un derecho básico.

La legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, indicó que se debe incrementar la participación de observadores sociales en las licitaciones del gobierno estatal y preguntó qué acciones ha implementado la secretaría al respecto, además de las realizadas por el contralor para cumplir con las obligaciones que le impone la legislación en materia anticorrupción.

La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón dijo que al PVEM le interesa conocer como el trabajo de la dependencia contribuye a erradicar la corrupción. Sobre la ley del Issemym preguntó si está en riesgo el pago de las pensiones, si la crisis que vive este sistema de seguridad social es consecuencia de malos manejos y si se han realizado auditorías financieras para verificar su solvencia.

También preguntó sobre las garantías de seguridad que brinda la secretaría a los ciudadanos que denuncian a servidores públicos; sobre las declaraciones Tres de Tres, quiso saber cuántas han presentado conflicto de interés y cuántos servidores públicos causaron baja por no haberlas presentado.

Adrián Manuel Galicia Salceda, legislador de morena, consideró de vital importancia que la Secretaría de la Contraloría cumpla estrictamente con las funciones que le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública, ya que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en actos de corrupción. Tal vez por ello, dijo, esta administración pública estatal es la segunda más auditada en temas de corrupción.

“Con la coalición legislativa (morena-PT-PES) habremos de frenar de manera contundente la ruta de corrupción e impunidad que ha dañado tanto al Estado de México”, concluyó.

Por el PT, la diputada Julieta Villalpando Riquelme dijo que con motivo de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 se aportaron recursos federales para la reconstrucción de escuelas y viviendas; sin embargo, padres de familia comentan que los alumnos toman clases en los patios de las escuelas porque la construcción es lenta y aún no ha concluido y muchas familias han reconstruido sus casas con recursos propios. Preguntó qué acciones ha emprendido la secretaría para verificar la correcta aplicación de los recursos.

Además, cuestionó sobre las dos mil 456 inspecciones a obra pública y las cuatro mil 173 verificaciones a programas sociales a que se refiere el Primer Informe, cuántos actos u omisiones irregulares se detectaron y cuántas denuncias se hicieron al Ministerio Público.

El coordinador del Grupo Parlamentario del PES, Carlos Loman Delgado, dijo que la actuación de la Contraloría es un buen instrumento para lograr la Cuarta Transformación. “Con la participación conjunta, la Secretaría de la Contraloría puede auxiliar y brindar luz  a la Legislatura sobre los diagnósticos y mecanismos para brindar mayor transparencia en el quehacer de la actual administración”.

Al dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el secretario Vargas Zempoaltécatl dijo que en el primer año de la presente administración se han realizado cerca de mil 700 auditorías financieras, administrativas, de obre pública e integrales.

Dijo que se han observado más de 16 mil expedientes de investigación, a efecto de determinar la probable comisión de faltas administrativas y, en su caso, determinar su calificación como grave o no grave. Explicó que se resolvieron mil 906 procedimientos disciplinarios y resarcitorios en contra de servidores públicos a los que se les acreditó un mal comportamiento en el desempeño de sus funciones.

Indicó que se impusieron mil 685 sanciones, de las cuales 405 fueron amonestaciones, 73 inhabilitaciones, 184 suspensiones, 47 destituciones, 73 económicas, 856 pecuniarias y 47 resarcitorias, “con lo que se refrenda la tolerancia cero de este gobierno a la corrupción”.