Toluca, México.
Diputados integrantes de la Comisión Legislativa de
Participación Ciudadana de la 60 Legislatura mexiquense, que preside la
diputada María Lorena Marín Moreno del PRI, advirtieron sobre los índices de
corrupción en la entidad y coincidieron en que la suma de esfuerzos será
primordial para combatirla y fortalecer el estado de derecho, lo que además
abonará a la transparencia y la rendición de cuentas.
Durante la comparecencia del secretario de la Contraloría,
Javier Vargas Zempoaltecatl, que con motivo del análisis del Primer Informe de
Gobierno los diputados de morena, Faustino de la Cruz Pérez y del PT, Luis
Antonio Guadarrama Sánchez destacaron los casos de corrupción de la empresa
OHL, la llamada estafa maestra, en la que se vio involucrada la UAEMEX, y las
nóminas fantasma.
El diputado De la Cruz pidió al secretario un listado de las
sanciones y observaciones que la dependencia ha hecho a otras secretarías a fin
de que los legisladores tengan herramientas para tomar decisiones durante la
revisión del Paquete Fiscal 2019; también
pidió información sobre sus acciones para evitar que los contralores
internos de los ayuntamientos sean amigos de los alcaldes.
Luis Antonio Guadarrama preguntó cuál fue el resultado de la
investigación de la Contraloría sobre los actos de corrupción dados a conocer,
entre la empresa OHL y funcionarios de alto nivel del gobierno del Estado de
México, específicamente Apolinar Mena Vargas, exsecretario de Comunicaciones, y
Luz María Zarza Delgado, consejera jurídica.
La diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, preguntó sobre
las acciones de la Contraloría respecto de la obligación de los servidores
públicos de presentar sus declaraciones patrimoniales y si con la desaparición
de la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado
de México (IGISPEM) habrá algún vacío en la lucha contra actos de corrupción
dentro de los cuerpos de seguridad pública.
La diputada Brenda Escamilla Sámano, del PAN, dijo que la
corrupción y la impunidad son problemas graves que deben ser considerados de
atención prioritaria en la agenda del gobierno y preguntó si existe impedimento
para que se presenten denuncias y se sancione a servidores públicos por falta
de una plataforma digital estatal, así como sobre las acciones de la secretaría
en conjunto con otras instituciones estatales para disminuir los índices de
corrupción o las faltas cometidas por los funcionarios.
También preguntó si existe voluntad política en el Poder
Ejecutivo para que funcione de forma adecuada y en corto tiempo el Sistema
Estatal Anticorrupción.
Por el Partido Encuentro Social, el diputado Juan Carlos
Soto Ibarra cuestionó las acciones en materia anticorrupción y si están
vinculadas al Sistema Nacional Anticorrupción, además de los mecanismos que
garanticen el derecho a la participación ciudadana para fortalecer a la
democracia y como un derecho básico.
La legisladora Araceli Casasola Salazar, del PRD, indicó que
se debe incrementar la participación de observadores sociales en las
licitaciones del gobierno estatal y preguntó qué acciones ha implementado la
secretaría al respecto, además de las realizadas por el contralor para cumplir
con las obligaciones que le impone la legislación en materia anticorrupción.
La
legisladora María Luisa Mendoza Mondragón dijo que al PVEM le interesa conocer
como el trabajo de la dependencia contribuye a erradicar la corrupción. Sobre
la ley del Issemym preguntó si está en riesgo el pago de las pensiones, si la
crisis que vive este sistema de seguridad social es consecuencia de malos manejos
y si se han realizado auditorías financieras para verificar su solvencia.
También preguntó sobre las garantías de seguridad que brinda
la secretaría a los ciudadanos que denuncian a servidores públicos; sobre las
declaraciones Tres de Tres, quiso saber cuántas han presentado conflicto de
interés y cuántos servidores públicos causaron baja por no haberlas presentado.
Adrián Manuel Galicia Salceda, legislador de morena,
consideró de vital importancia que la Secretaría de la Contraloría cumpla
estrictamente con las funciones que le señala la Ley Orgánica de la
Administración Pública, ya que la entidad mexiquense ocupa el primer lugar en
actos de corrupción. Tal vez por ello, dijo, esta administración pública
estatal es la segunda más auditada en temas de corrupción.
“Con la coalición legislativa (morena-PT-PES) habremos de
frenar de manera contundente la ruta de corrupción e impunidad que ha dañado
tanto al Estado de México”, concluyó.
Por el PT, la diputada Julieta Villalpando Riquelme dijo que
con motivo de las afectaciones del sismo del 19 de septiembre de 2017 se
aportaron recursos federales para la reconstrucción de escuelas y viviendas;
sin embargo, padres de familia comentan que los alumnos toman clases en los
patios de las escuelas porque la construcción es lenta y aún no ha concluido y
muchas familias han reconstruido sus casas con recursos propios. Preguntó qué
acciones ha emprendido la secretaría para verificar la correcta aplicación de
los recursos.
Además, cuestionó sobre las dos mil 456 inspecciones a obra
pública y las cuatro mil 173 verificaciones a programas sociales a que se
refiere el Primer Informe, cuántos actos u omisiones irregulares se detectaron
y cuántas denuncias se hicieron al Ministerio Público.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PES, Carlos Loman
Delgado, dijo que la actuación de la Contraloría es un buen instrumento para
lograr la Cuarta Transformación. “Con la participación conjunta, la Secretaría
de la Contraloría puede auxiliar y brindar luz
a la Legislatura sobre los diagnósticos y mecanismos para brindar mayor
transparencia en el quehacer de la actual administración”.
Al dar respuesta a los cuestionamientos de los diputados, el
secretario Vargas Zempoaltécatl dijo que en el primer año de la presente
administración se han realizado cerca de mil 700 auditorías financieras,
administrativas, de obre pública e integrales.
Dijo que se han observado más de 16 mil expedientes de
investigación, a efecto de determinar la probable comisión de faltas
administrativas y, en su caso, determinar su calificación como grave o no
grave. Explicó que se resolvieron mil 906 procedimientos disciplinarios y
resarcitorios en contra de servidores públicos a los que se les acreditó un mal
comportamiento en el desempeño de sus funciones.
Indicó que se impusieron mil 685 sanciones, de las cuales
405 fueron amonestaciones, 73 inhabilitaciones, 184 suspensiones, 47
destituciones, 73 económicas, 856 pecuniarias y 47 resarcitorias, “con lo que
se refrenda la tolerancia cero de este gobierno a la corrupción”.
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