- A punto de ser inaugurada en su totalidad, no han sido indemnizados ni les han dado a conocer el avalúo por las tierras ocupadas; ganaron tres amparos que son violados por constructoras, con respaldo de la SCT
México, D. F., a 21 de junio de 2013.- Representantes de 29
ejidos de los estados de Durango, Sinaloa y Nayarit dieron a conocer esta
mañana la apropiación ilegal, por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT), de aproximadamente 1 mil 900 hectáreas para la construcción de las
autopistas, súper carreteras, libramientos y el famoso puente Baluarte en la
vía Durango-Mazatlán, presumida como la más grande obra de ingeniería del
sexenio anterior no sólo en México sino en Latinoamérica.
Los ejidatarios dieron a conocer que a pesar de carecer de
diálogo con los actuales funcionarios, conceden el beneficio de la duda al
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para que les resuelva sus demandas
de alcanzar una indemnización legal y justa, recordándole su discurso del 6 de
enero pasado.
Con la obra en un 90 por ciento de ejecución y con tramos en
operación, las irregularidades llegan a tal punto que los ejidatarios,
comuneros y pequeños propietarios afectados —que representan a más de tres mil
familias— no han sido indemnizados y desconocen a ciencia cierta la cantidad de
tierra afectada y el monto del avalúo.
Miguel Ángel Alvarado, representante del Ejido Chavarría
Viejo de Durango, dio a conocer que “funcionarios de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes de Juan Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome
Friscione, llegaron imponiendo un acuerdo de ocupación previa mediante
amenazas, cooptación, secuestros y engaños con firmas en hojas en blanco”.
Sin embargo, los acuerdos sobre los que se basa la ejecución
de la obra son ilegales, como lo sentenciaron tres recursos de amparo que
fueron fallados a su favor, a la espera de que caminen 26 más: Los amparos
ganados son el 145/2010 otorgado al ejido Ojo de Agua de Palmillas, en Sinaloa;
el 323/2010 para la comunidad de Malpica, también en Sinaloa y el más reciente
del 13 de febrero de este año y ratificado el 7 de marzo, el 137/2013 a favor
del Ejido Pueblo Nuevo.
“Con estos elementos jurídicos a nuestro favor, queríamos
negociar. Sin embargo, frente al silencio escuchado por parte de las distintas
autoridades gubernamentales, el pasado 31 de mayo los habitantes de los ejidos
Pueblo Nuevo, San Antonio y Anexos, Chavarría Viejo, Chavarría Nuevo y Comunidad
de Chavarría Nuevo, realizamos una movilización y aplicamos el derecho
constitucional del amparo”, expresó Alvarado.
Agregó que “a partir del 7 de marzo que quedó firme, (el
amparo) ha sido violentado por las constructoras con el respaldo de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes, pues mantienen las actividades, pese a que el
juez decretó que las cosas debían quedarse en el estado en el que se
encontraban al momento de la sentencia”.
Hoy los representantes de aproximadamente 3 mil familias de
los tres estados quisieron “dar a conocer el abuso del que hemos sido objeto
por parte de las anteriores autoridades del Gobierno de la República y con el
fin de poder dialogar y llegar a un acuerdo con los nuevos funcionarios de la
Federación”.
Al realizar una valoración de los daños, Felipe Coria
Quiñones destacó que las afectaciones quizá no puedan medirse inmediatamente,
“el daño es cuantificable en periodos superiores a 60 años y ese es el más
grande peligro forestal y de producción”.
Añadió que desean ser incluidos en el proyecto de desarrollo
alrededor de la vía Mazatlán-Durango, pero “no por estar en él debemos cargar
con todo el costo, así que es innegociable la restitución de daños y una
indemnización justa por nuestras tierras”.
Un aspecto importante para los ejidatarios pero también para
el medio ambiente, describió Felipe Coria, es la afectación al bosque
reproductor de la guacamaya verde o Ara Militaris, que fue dividido por el
trazo de la carretera, lo que poco a poco obligará al ave a salir de ese
territorio, además de que ellos dejaron de percibir un millón 200 mil pesos
anuales por concepto de servicios ambientales, es decir, por el cuidado del
bosque que ha sido afectactado en un 80 por ciento.
A lo largo del trazado de la Vía Mazatlán Durango se
afectarán grandes plantaciones de mango de exportación, bosque de maderas,
sorgo, maíz y otras gramíneas.
Finalmente, Ernesto Pérez Virgen, representante de los
ejidatarios de los tres estados señaló que las empresas que han producido las
afectaciones ambientales son entre otras la española Aldesa, Tradeco, Omega y
Carso.
