Artículo Editorial
LA INICIATIVA DE PEÑA NIETO
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y
libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F., a 23 de julio de 2012.- Puede uno coincidir o
no con Enrique Peña Nieto. No obstante, me parece que en las actuales
circunstancias habría que sumar esfuerzos en aquellos puntos donde haya
coincidencia para evitar que el país siga el rumbo fallido de la estrategia de
Felipe Calderón, que en las urnas ha visto el repudio social a su gobierno y a
su partido. Peña Nieto formula como primeras acciones de iniciativa legislativa
rubros que son de la mayor importancia para el país y donde lo grave sería
minimizar las propuestas porque no las propone quien uno hubiera deseado que lo
hiciere. Veamos.
Primero. Lucha contra la corrupción a través de una
“Comisión Nacional Anticorrupción”. El propósito es compartible, pero la vía no
es la más afortunada. Se debe fortalecer lo que ya se tiene, pero ahora de
forma acotada. La Auditoría Superior de la Federación formalmente hace esa
función, pero está impedida por su diseño legal para llevarla a cabo. Lo
primero que debería hacerse es romper el cordón umbilical que la tiene sujeta a
la Cámara de Diputados y transformarse en el órgano autónomo constitucional a
que se refiere Peña Nieto. Habría que dotarle, además, de mayores atribuciones,
entre ellas la sancionatoria. La actual Secretaría de la Función Pública
debería pasar a formar parte de la Auditoría Superior. Esta experiencia existe
en buena parte de las democracias contemporáneas con distintos nombres,
“Tribunal de Cuentas”, “Contraloría General de la República”, etcétera. Además
de la reforma constitucional necesaria, se deberían introducir las reformas
pertinentes a las leyes Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos
y las correspondientes en los estados. Más aún, las secretarías de contraloría
de los estados deberían formar parte de la propia Auditoría como especie de
delegaciones en las entidades federativas. Para evitar o reducir presiones
políticas, el titular de la Auditoría debería contar con la más amplia
seguridad laboral, sujeto, por un lado, a las sanciones previstas en el
artículo 108 constitucional párrafo segundo y, por otros, a los controles
derivados de un riguroso régimen de incompatibilidades y conflictos de interés
para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. A grandes males grandes
remedios.
Segundo. El Fortalecimiento del IFAI. Es verdad sabida que
los problemas de opacidad existen en la Federación y con mayor persistencia en
las entidades federativas y los municipios. Hoy, a pesar de la reforma
constitucional del 2007, es bastante complicado acceder a la información
pública. Hay infinidad de plazos, de criterios y de voluntad por cumplir la ley
a lo largo y a lo ancho del país. La creación del sistema Infomex, creado con
la idea inicial de homologar procedimientos, es una herramienta que ha cumplido
parcialmente su cometido. En buena parte de las comisiones e institutos
prospera la simulación en un inacabado esfuerzo por mostrar la formalidad
legal. Es por ello, pertinente y oportuna la propuesta de Peña Nieto en este
rubro. El IFAI debería convertirse en un tribunal especializado convirtiendo el
acceso a la información y transparencia en un asunto federal como sucede, por
ejemplo, con los tribunales agrarios, creando salas regionales, unitarias o
colegiadas, dejando intocados los principios de amigabilidad de este derecho,
sin dejar de lado la fundamentación y motivación a que obliga el artículo 14
constitucional. Como a todo órgano jurisdiccional debe otorgársele atribuciones
para imponer medidas de apremio y capacidad sancionatoria. Debe conocer de
asuntos federales, de las entidades federativas, municipios y órganos autónomos
constitucionales, excepción hecha del Poder Judicial de la Federación, que
tiene en el Consejo de la Judicatura Federal una instancia para estas labores,
siempre con oportunidades de mejora. Los mecanismos de acceso, estabilidad, promoción
y sanción deberían retomarse de los observados por el propio Poder Judicial de
la Federación. Las tareas de promoción y fomento de la cultura de la
transparencia deben ser internalizadas en los libros de texto gratuito para la
primaria y la secundaria, como en su momento se hizo un experimento atendible
en San Luis Potosí, cuyo impacto jamás lo podrían alcanzar comisiones e
institutos de transparencia. De manera complementaria, este nuevo tribunal de
la transparencia podría retomar la idea de las Casas de la Cultura Jurídica que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en buena parte del país. De la
misma forma debe abrogarse la Ley de Datos Personales en Posesión de
Particulares para crear una nueva que incluya al sector público, que deje esa
tarea a un organismo especializado con fundamento constitucional para imponer
sanciones que hoy carece el IFAI.
Tercero. La publicidad oficial es, particularmente en los
estados y municipios, un asunto público que se ha reservado de manera
inconstitucional y absurda. Es plausible que haya en esa misma lógica un
organismo que vigile estas contrataciones que en la práctica violentan la
libertad de expresión al generar incentivos para uniformar información
gubernamental en perjuicio del derecho a saber de la sociedad. Esta comisión
debería, además, vigilar con gran exhaustividad que no haya negocios entre
empresas mediáticas y gobiernos que generen conflicto de interés. En muchas
ocasiones la publicidad oficial en sentido estricto es lo de menos. Lo demás son
los contratos de construcción, mantenimiento de equipo informático, entre
muchos otros, que aparentemente no tienen nada que ver con la línea editorial
del medio, pero en la realidad definen los grandes trazos de qué se informa,
qué no y cómo.
El interés superior del país debe estar por encima de las
preferencias políticas. Si existen propuestas positivas para regenerar los
tejidos mínimos de la ética pública hay que apoyarlas, vigilando, por supuesto,
que no nos den gato por liebre.
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