APRUEBAN ABRIR “CAJAS NEGRAS” DE DEUDAS ESTATALES
La bandera de transparencia con la que navega Enrique Peña
Nieto deberá tener como principal objetivo develar lo que ocultan las cajas
negras de los estados más endeudados del país, pues no hay forma de conocer el
monto real de la deuda de estos gobiernos, en su mayoría priístas
Por Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo
Cancún, Qna. Roo.- La alerta roja que se encendió en
diversos estados de la República donde se reportan “deudas ocultas” por más de
200 mil millones de pesos, no sólo tiene en quiebra los sistemas financieros
estatales sino que es tema de preocupación en el equipo de transición del
presidente electo, Enrique Peña Nieto, desde donde se ha considerado inclusive
la posibilidad de constituir un Fobaproa para rescatar a cuando menos una
decena de entidades federativas, mayoritariamente priístas, que empeñaron hasta
el 75 por ciento de sus ingresos para pago de los empréstitos durante los
próximos 30 años.
A finales de 2010, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), así como las calificadoras internacionales alertaron sobre los
primeros focos rojos que se encendieron en diversas entidades cuyas deudas se
habían disparado monumentalmente, sin pasar por la autorización de los
respectivos Congresos estatales.
En respuesta a estas anomalías, la Secretaría de Hacienda
inició una investigación que descubrió el caso emblemático de endeudamiento por
36 mil millones de pesos del ex gobernador de Coahuila y entonces presidente
nacional del PRI, Humberto Moreira, de cuyo gobierno se comprobó haber
falsificado documentación oficial para aspirar al crédito. Por dichos delitos,
algunos funcionarios públicos de su administración andan prófugos de la
justicia y el propio paradero de Moreira se desconoce.
El asunto fue capitalizado políticamente por el presidente
Felipe Calderón Hinojosa, quien envió al Congreso de la Unión la iniciativa de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la intención de poner un alto
al abuso de los recursos públicos por parte de gobernadores y alcaldes,
obligándolos a revelar la entrega de concesiones y a esclarecer las deudas que
pactan.
La semana pasada, la iniciativa finalmente fue aprobada por
el Congreso de la Unión. El miércoles 26 de septiembre, en el Senado de la
República, la bancada panista subió a tribuna para exigir que se abran las
“cajas negras” de los estados para poder saber dónde fueron a parar tantos recursos
si en las entidades no se ven obras que justifiquen los millonarios
endeudamientos.
En tribuna, la senadora del PAN Laura Angélica Rojas pidió a
los estados que legislen para mejorar las reglas de contratación de deuda
pública, a fin de garantizar transparencia. “Los estados no están obligados por
ley a hacer público el monto total de su deuda. Fue gracias a un acuerdo de la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que nos enteramos, apenas el
año pasado, de los montos reales de ésta, pero no sabemos cómo se utiliza”,
reseñó.
El priísta José Francisco Yunes, presidente de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público, admitió que ha existido endeudamiento en muchas
entidades pero el gobierno federal no se queda atrás y resulta irresponsable al
tratar de favorecer a alguien.
En respuesta, el senador perredista por Oaxaca, Ángel
Benjamín Robles aseguró que la solución a la opacidad debe venir desde el
ámbito de los estados, porque ellos han ocasionado el problema y la deuda.
“Para que el federalismo funcione, las entidades deben
comprometerse a mantener un manejo correcto de las finanzas, así como de la
administración pública en que son competentes”, concluyó.
Con sólo tres votos en contra, la iniciativa prosperó pese a
que Dolores Padierna, vicecoordinadora de los senadores del PRD, presentó una
moción suspensiva con el argumento de que no existe la ley reglamentaria para
procesar la iniciativa, pero la votación mayoritaria del PRI, PAN y PVEM la
desechó.
En el salón de sesiones, estuvo presente el senador Félix
González Canto, ex gobernador de Quintana Roo quien en seis años disparó la
deuda estatal de mil 300 millones de pesos, en 2005, a más de 25 mil millones
de pesos al concluir su administración en 2011. Ni siquiera se dio por aludido
y alzó el dedo públicamente para aprobar una ley que persigue acabar con la
opacidad con que los estados de la República se manejan para contraer deuda
pública que deberán pagar los ciudadanos.
La Ley General de Contabilidad Gubernamental dio como plazo
límite hasta el 31 de diciembre de 2013 para cumplir a cabalidad con lo
estipulado en esta nueva ley.
Campeones en opacidad. Los estados de la República más
endeudados, con los problemas financieros más serios, son también los que más
denuncias tienen en su contra por carecer de transparencia y rendición de
cuentas en el ejercicio de su presupuesto.
Claridad y Participación Ciudadana asegura que el
endeudamiento en las entidades se logró gracias a que en gobiernos como el de
Coahuila, Quintana Roo o Nuevo León, se caracterizan por una notable sombra
respecto al uso de sus recursos presupuestales.
La organización civil realizó a principios de año una gira
nacional para dar a conocer las deudas de todos los estados y su conclusión es
que las leyes estatales de transparencia son, en estos casos, letra muerta o
inexistente. Además, el que generalmente los gobiernos ejerzan un férreo
control sobre sus congresos estatales, amplia el compás de opacidad, no existe
fiscalización alguna sobre el gasto, ni tampoco posibilidad alguna de hurgar en
las cuentas de los distintos proyectos y programas.
Por eso, el presidente electo Enrique Peña Nieto busca
sacudirse de la sombra de casi diez gobernadores priístas que endeudaron a sus
entidades de forma exorbitante en menos de 12 años y, presumiblemente, usaron
el dinero para las campañas de sus candidatos. En su agenda de iniciativas
inmediatas, una vez que asuma el poder, se prepara ya una iniciativa para
garantizar el derecho a la información gubernamental y la transparencia.
Su propuesta busca modificar diez artículos de la
Constitución para dar al Instituto Federal de Acceso a la Información y
Protección de Datos (Ifai) mayores facultades para investigar a todos los
niveles de gobierno, así como hacer que sus resoluciones sean vinculatorias, es
decir, que deriven en consecuencias administrativas o penales contra los
funcionarios que resulten responsables.
No olvidemos que en México, siempre en los primeros lugares
mundiales de corrupción, el tema de la transparencia es la bandera de cada
gobierno que inicia. Lo fue para los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, y
ahora será para Peña Nieto.
Con las modificaciones al órgano de transparencia, los
primeros en pasar por el banquillo serán los de su propio partido. En los estados
más endeudados continúan las averiguaciones para poder esclarecer el destino
final de los recursos de miles de empréstitos que impunemente se solicitaron en
las administraciones priístas.
En la lista de estados más endeudados se encuentra en primer
lugar Coahuila, Quintana Roo, Nuevo León, Nayarit, Chihuahua, Veracruz y
Zacatecas. Estos estados han utilizado todo recurso legal para ocultar la
información y el monto real de sus deudas que, en su mayoría, triplican sus
participaciones federales y los han dejado sin capacidad de pagar nóminas y
servicios.
La clasificación de información como reservada y exclusiva
en el gobierno es la primera inequidad del derecho de acceso a la información
en las distintas entidades del país, asegura Eugenio Monterrey Chepov,
presidente de la Confederación Mexicana de Acceso a la Información Pública
(COMAIP), la cual aglutina a los 33 órganos garantes del país y se encarga de
observar el cumplimiento de la ley en los estados.
En entrevista con este semanario, Monterrey Chepov explica
que hay gran cantidad de actitudes en los servidores públicos con respecto a la
información que entregan y mucha tiene que ver con la actitud de los servidores
públicos. “Unos nos encontramos que son omisos, otros rebasan los plazos legales,
algunos no atienden las solicitudes hasta que el particular impugna (…) en
algunos análisis no se entrega ni siquiera la información solicitada”, refiere.
El primer escudo con el que los estados ocultan la
información de la deuda pública es el secreto bancario. Para Armando Guadiana
Tijerina, presidente de Claridad y Participación Ciudadana, esta figura
jurídica debe desaparecer en cualquier organismo público y en fideicomisos
públicos.
“El movimiento de las cuentas bancarias del gobierno es
público y debe, en consecuencia, ponerse a disposición de cualquier ciudadano
que requiera dicha información, ya sea que en la justificación alegue un
interés legítimo que puede ser colectivo, o jurídico”, puntualiza el
empresario.
Con la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental, aprobada por
el Senado, los ciudadanos tendrán acceso a todos los adeudos que tengan los
estados, municipios o la Federación, y a este derecho no se podrán oponer
mecanismos como el secreto bancario o fiduciario.
El Índice Estatal de Transparencia Presupuestaria 2011 del
Instituto Mexicano para la Competitividad detalla que los estados han mentido y
mal informado el verdadero estado de sus deudas. Se trata de un maquillaje de
cifras con variaciones de casi el 80 por ciento de la cifra real registrada en
el gobierno federal.
Por ejemplo, la Secretaría de Hacienda de Coahuila reportó
que su deuda era de 8 mil 239 millones de pesos en 2010, sin embargo, a finales
del siguiente año tuvo que admitir que en realidad se enfrenta a 35 mil 823 millones
de pesos.
En Tabasco, gobernada en su momento por el priísta Andrés
Granier Melo, donde se declaró 2 mil millones de pesos de deuda, en realidad
aceptaron que era más de 4 mil millones. En Chihuahua, la Auditoria Superior
del Estado aseguró que la entidad únicamente adeudaba 4 mil 500 millones de
pesos, la realidad llegó de manos de la Secretaría de Hacienda federal, quien
mostró que la deuda es superior a 13 mil millones de pesos.
Michoacán, gobernada por el priísta Fausto Vallejo, declaró
tener 13 mil millones de pesos de deuda. En este año se develó que en realidad
la deuda pública asciende a más de 42 mil millones de pesos.
Nuevo León también ha maquillado su deuda pública. Reportó
34 mil millones de pesos como deuda cuando la Secretaría de Hacienda develó que
se trata de 36 mil.
La explicación de este encubrimiento de números es que no se
reportaron las deudas a corto plazo cuyo registro ante la Unidad de
Coordinación con Entidades Federativas no es obligatorio, tampoco lo es
registrar sus deudas a proveedores; estas deudas a corto plazo son las que
requieren de un pago perentorio.
Por lo mismo, especialistas aseguran que esto es apenas la
punta de un iceberg. Bajo el agua están los saldos reales de las deudas, las
cuales duplican las cifras oficiales. No se ha encontrado forma para develar la
realidad debido a la opacidad en a los gobernadores estatales.
Quintana Roo, Sonora, Coahuila, Guerrero, Tamaulipas,
Guanajuato y Tlaxcala son focos rojos en cuanto a la transparencia, de acuerdo
al Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal de la
Entidades Federativas de 2011 realizado por la consultora Aregional. Entre los
elementos evaluados están la publicación de documentos de las decisiones
presupuestales y la información sobre sus deudas. Sólo 11 estados de la
República tuvieron una calificación aceptable en la rendición de cuentas.
A este respecto, René Torres Ruiz, especialista en política
y administración pública de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de
México, explica que la opacidad en el gobierno está directamente relacionada
con la cultura de la corrupción en el país.
“Desde inicios del siglo XX y la creación del partido
hegemónico, se instauró también en el gobierno una cultura sustentada en la
corrupción. El sistema priísta necesitaba de la corrupción para engrasar todos
los engranajes del aparato gubernamental”, reseña el doctor en Ciencia Política
por la Universidad de Barcelona.
René Torres Ruiz asegura que aún con la reforma de Enrique
Peña Nieto se necesita un largo camino para lograr cambiar la cultura de la
corrupción en el país.