Las donaciones y las leyes
México, D. F., a 1 de mayo de 2015.- A lo largo de los años,
los políticos mexicanos de todo tipo, jerarquía y partido encontraron en la
palabra “donaciones” una forma burda pero socorrida de ocultar el origen de
“bienes” que se encuentran en su poder, debido a que las leyes no sólo no obligan
a que quienes se encuentran en el poder público o político a hacer públicas sus
declaraciones patrimoniales para transparentar su carrera, sino que, por el
contrario, hay tal laxitud que casi casi los alienta a generar este tipo de
acciones.
El intento más más cercano para transparentar la información
de los integrantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial fue en
2002, pero antes de que pasara al pleno, el dictamen se trucó para especificar
que la información sólo sería pública si el funcionario que la presentaba así
lo deseaba. De esta forma, también, los únicos que la tienen y no se sabe si
completa son las áreas de Gobierno desde donde se manipula tal información
cuando alguien se sale del redil.
El experto Ernesto Villanueva afirma que “la corrupción
pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo
importa una desviación del poder respecto del interés común para el cual éste
es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad,
arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países”.
Los Estados democráticos de derecho, afirma Ernst Wolfgang
Böckenförd en Estudios sobre el Estado de derecho y la democracia, “están
comprometidos a asegurar la legitimidad de las instituciones públicas, para
proteger el orden moral y la justicia de la sociedad”. Este es el tema
principal de cualquier argumentación sobre la transparencia sobre las fortunas
de los políticos, la justicia social, el hecho de que el poder político no sea
utilizado para amasar grandes fortunas amparadas en tal poder. Y también porque
las donaciones finalmente pueden caer en la figura de lavado de dinero, más
allá del conflicto de interés y corrupción.
Un estudio realizado por la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), en 2011, destaca que para evitar y resolver
conflictos de interés, es necesario contar con información que permita
identificar relaciones que puedan influir en el desempeño de los funcionarios
durante su encargo. Es decir, que las declaraciones patrimoniales además de
servir como una herramienta de fiscalización de ingresos, lo es también para
conocer si hay conflictos de interés entre funcionarios públicos y actores
privados a los que les toca regular.
Hace algunos años por motivo de mi trabajo reporteril me
tocó entrevistar a un empresario sobre una deuda que tenía con la Secretaría de
Hacienda. Las respuestas a la entrevista se desarrollaron por el lado
institucional, pero una vez terminada y la grabadora apagada me confió “off the
record” que no tendría problema porque él había cooperado con la campaña de
quien estaba en ese momento en la Presidencia de la República, lo mismo que con
los otros dos candidatos fuertes, precisamente para ahorrarse problemas.
Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? Simple y sencillamente a
que los diputados mexicanos han sido los más interesados en mantener la
opacidad en cuanto a los bienes de todo el sistema político mexicano, simple y
sencillamente porque es en las votaciones donde se genera la gran corrupción,
donde se llevan la gran tajada y no en su dieta legislativa (así se le llama a
sus percepciones económicas por su “trabajo” cameral).
Por esto mismo, vemos cómo los diputados atienden más a los
intereses de las grandes empresas en contra de los de la sociedad a la que se
supone deben servir. El caso más reciente se dio apenas el miércoles 29 de
abril cuando en el cochinero de las últimas horas que cada fin de periodo
ordinario realizan, los legisladores en la Cámara de Diputados desempolvaron
una iniciativa de hace seis años y aprobaron que los vehículos con antigüedad
mayor a tres años deben realizar una segunda verificación, ahora de carácter
federal, y a la revisión de condiciones mecánicas si quieren circular por las
carreteras federales.
El negocio es para las armadoras de vehículos, como hace dos
años lo hicieron para las aseguradoras con el seguro necesario para circular
también en las vías federales. Además, los diputados definieron que las propias
armadoras o concesionarias podrán realizar el trámite en sus instalaciones y
quien no cumpla la verificación será detenido por la Policía Federal, que
"podrá retirar de la circulación los vehículos".
De acuerdo con la iniciativa aprobada, los propietarios que
no realicen estas dos verificaciones deberán pagar multas entre 40 y 500 días
de salario mínimo; los ingresos derivados de esas sanciones se destinarán a la
Secretaría de Gobernación para programas de seguridad pública y prevención del delito.
El pago de este nuevo derecho representará al gobierno federal ingresos por 7
mil 500 millones de pesos.
Es decir, en un país donde los salarios y el poder
adquisitivo va en picada, se aprueba una ley que como dijo el diputado Salvador
Romero Valencia, “porque sabemos perfectamente que fortalecemos uno de los
sectores más importantes de la economía nacional, como es el sector automotriz,
generador extraordinario de empleos, prosperidad y desarrollo para el
país".
¿Cómo ven? ¿De a cómo?
