Francisco Velasco Zapata
Según la definición clásica y moderna la palabra política deriva del adjetivo de polis (politikós) que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público; también sociable y social. De esta manera “política gubernamental” equivaldrá -así lo podemos acordar- a decisiones públicas, decisiones de gobierno, políticas gubernamentales, las cuales, tienen implicaciones directas e indirectas en la relación gobernantes-gobernados. Luis F. Aguilar afirma que “no deja de ser extraño que en el proceso de elaboración de las políticas (popularmente conocidas como “políticas públicas”, aunque por definición toda la política es pública) la hechura de las políticas, haya sido poco estudiado. Y no deja de extrañar porque gobernar un estado es elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y medios, ciertas rutas estratégicas de acción, ciertos actores, ciertos procedimientos, tiempos e instrumental” (Cfr. Luis F. Aguilar Villanueva, Coordinador, “La hechura de las políticas”, 2ª reimpresión, México, Porrúa, p. 15).
Una vez definido, pactado, el significado de políticas gubernamentales nos podríamos preguntar ¿Por qué México ha avanzado en la historia de su crecimiento y desarrollo sin un rumbo que nos permita tener claridad de hacia dónde nos dirigimos en cuanto economía, o como sociedad, como Estado-nación? ¿Porqué contamos con un entramado tan complicado de leyes, reglamentos; normas, circulares y nadie dentro del gobierno ha involucrado con seriedad a la ciudadanía en la toma de decisiones, excepto para la foto o el lucimiento? ¿Alguien dudaría que el ejercicio de la administración pública, la política, la dirección del Estado esta íntimamente ligada a la relación entre gobernantes y gobernados, a la relación entre quienes pagan impuestos y quienes los administran, a la relación entre quiénes presuntamente mandan y presuntamente tienen que obedecer? ¿Alguien pondría en duda que esta relación nunca ha sido estática o sin altibajos? ¿Quién podría negar abiertamente, públicamente, que los ciudadanos libres, los que no tienen partido, también deben participar en la toma de decisiones? ¿Alguien dentro del gobierno o fuera del mismo podría negarse a que a casi doscientos de nación “independiente” persisten vigentes los anhelos ciudadanos que buscan leyes justas e imparciales, uso eficaz y equitativo de los recursos públicos? ¿Habrá alguien en esta época que le niegue a la ciudadanía el derecho no dado, mucho menos ejercido, de vigilar el uso de los recursos públicos generados de los impuestos pagados?
¿Quien dentro del gobierno se podría oponer de cara a la nación, al pueblo, a la ciudadanía o los medios de comunicación respecto a la necesidad -cada día más apremiante- de contar con un eficaz y eficiente sistema de rendición de cuentas de la administración pública en sus tres niveles de gobierno que penalice eficazmente la corrupción y trascienda a la impunidad? Es evidente que los anhelos ciudadanos se enfrentan día a día, año con año, sexenio tras sexenio a la triste y terca obsesión de la neoconservadora “realpolitik”, (basada más en intereses prácticos que en la teoría, la ética, o las leyes). Ideales que se topan a la mala administración pública que no planea, no programa y generalmente termina improvisando y dilapidando conforme al humor y carácter del mandatario en turno. No obstante, ello no significa que se debe retroceder o quedarse inmóvil frente a esos fenómenos. Tampoco hay razón para dudar que persistirán las decisiones inconsultas y sin controles, las adjudicaciones de contratos sin licitación; o aquellas que en nombre la “nación” le hacen el favor a los intereses privados o de grupo, algunas veces nacionales, pero generalmente a extranjeros. Tampoco faltarán los programas de gobierno incorregiblemente descuidados en la asignación de los recursos públicos.
No obstante frente a todo lo mencionado debe prevalecer el sentido de responsabilidad tanto de gobernantes como de gobernados. Hoy más que nunca los gobernados, los ciudadanos, debemos aprender a transitar del papel de súbditos al de ciudadanos. Sin ello no habrá política o planes de gobierno que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. Somos los ciudadanos quienes debemos aprender para que el gobierno obedezca y cumpla su papel asignado en las leyes. Debemos reconocer primero nuestra falta de conciencia de nuestro carácter ciudadano, no de súbditos o esclavos y, luego, transformar nuestra actitud pasiva y excesivamente tolerante frente a las fallas del gobierno. Nunca es tarde para empezar. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
Según la definición clásica y moderna la palabra política deriva del adjetivo de polis (politikós) que significa todo lo que se refiere a la ciudad, y en consecuencia ciudadano, civil, público; también sociable y social. De esta manera “política gubernamental” equivaldrá -así lo podemos acordar- a decisiones públicas, decisiones de gobierno, políticas gubernamentales, las cuales, tienen implicaciones directas e indirectas en la relación gobernantes-gobernados. Luis F. Aguilar afirma que “no deja de ser extraño que en el proceso de elaboración de las políticas (popularmente conocidas como “políticas públicas”, aunque por definición toda la política es pública) la hechura de las políticas, haya sido poco estudiado. Y no deja de extrañar porque gobernar un estado es elegir ciertos valores y criterios, ciertos objetivos y medios, ciertas rutas estratégicas de acción, ciertos actores, ciertos procedimientos, tiempos e instrumental” (Cfr. Luis F. Aguilar Villanueva, Coordinador, “La hechura de las políticas”, 2ª reimpresión, México, Porrúa, p. 15).
Una vez definido, pactado, el significado de políticas gubernamentales nos podríamos preguntar ¿Por qué México ha avanzado en la historia de su crecimiento y desarrollo sin un rumbo que nos permita tener claridad de hacia dónde nos dirigimos en cuanto economía, o como sociedad, como Estado-nación? ¿Porqué contamos con un entramado tan complicado de leyes, reglamentos; normas, circulares y nadie dentro del gobierno ha involucrado con seriedad a la ciudadanía en la toma de decisiones, excepto para la foto o el lucimiento? ¿Alguien dudaría que el ejercicio de la administración pública, la política, la dirección del Estado esta íntimamente ligada a la relación entre gobernantes y gobernados, a la relación entre quienes pagan impuestos y quienes los administran, a la relación entre quiénes presuntamente mandan y presuntamente tienen que obedecer? ¿Alguien pondría en duda que esta relación nunca ha sido estática o sin altibajos? ¿Quién podría negar abiertamente, públicamente, que los ciudadanos libres, los que no tienen partido, también deben participar en la toma de decisiones? ¿Alguien dentro del gobierno o fuera del mismo podría negarse a que a casi doscientos de nación “independiente” persisten vigentes los anhelos ciudadanos que buscan leyes justas e imparciales, uso eficaz y equitativo de los recursos públicos? ¿Habrá alguien en esta época que le niegue a la ciudadanía el derecho no dado, mucho menos ejercido, de vigilar el uso de los recursos públicos generados de los impuestos pagados?
¿Quien dentro del gobierno se podría oponer de cara a la nación, al pueblo, a la ciudadanía o los medios de comunicación respecto a la necesidad -cada día más apremiante- de contar con un eficaz y eficiente sistema de rendición de cuentas de la administración pública en sus tres niveles de gobierno que penalice eficazmente la corrupción y trascienda a la impunidad? Es evidente que los anhelos ciudadanos se enfrentan día a día, año con año, sexenio tras sexenio a la triste y terca obsesión de la neoconservadora “realpolitik”, (basada más en intereses prácticos que en la teoría, la ética, o las leyes). Ideales que se topan a la mala administración pública que no planea, no programa y generalmente termina improvisando y dilapidando conforme al humor y carácter del mandatario en turno. No obstante, ello no significa que se debe retroceder o quedarse inmóvil frente a esos fenómenos. Tampoco hay razón para dudar que persistirán las decisiones inconsultas y sin controles, las adjudicaciones de contratos sin licitación; o aquellas que en nombre la “nación” le hacen el favor a los intereses privados o de grupo, algunas veces nacionales, pero generalmente a extranjeros. Tampoco faltarán los programas de gobierno incorregiblemente descuidados en la asignación de los recursos públicos.
No obstante frente a todo lo mencionado debe prevalecer el sentido de responsabilidad tanto de gobernantes como de gobernados. Hoy más que nunca los gobernados, los ciudadanos, debemos aprender a transitar del papel de súbditos al de ciudadanos. Sin ello no habrá política o planes de gobierno que mejoren la calidad de vida de los mexicanos. Somos los ciudadanos quienes debemos aprender para que el gobierno obedezca y cumpla su papel asignado en las leyes. Debemos reconocer primero nuestra falta de conciencia de nuestro carácter ciudadano, no de súbditos o esclavos y, luego, transformar nuestra actitud pasiva y excesivamente tolerante frente a las fallas del gobierno. Nunca es tarde para empezar. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
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