- La iniciativa del diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado, prevé sanciones de cinco a 10 años de prisión, a quienes otorguen servicios educativos sin los permisos correspondientes.
- En sesión del Quinto Periodo Extraordinario, se turnó a Comisiones la iniciativa que crea organismo vigilante de las instituciones de Seguridad Pública.
- La Asamblea también dio trámite a propuesta para ampliar el plazo para operación de Coprisem.
Sancionar a quienes, sin los permisos respectivos, impartan
educación en sus diferentes modalidades y niveles, es el objetivo de la
iniciativa de reforma a la Ley de Educación y al Código Penal del estado,
presentada por el diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado (Nueva Alianza), en
la que propone sanciones de cinco a 10 años de prisión, y multa de mil a cinco
mil días, agravando la sanción al reincidente, cuando en la comisión de este
delito concurran fines de lucro.
En sesión deliberante del Quinto Periodo Extraordinario de
la LVIII Legislatura, del cual es presidente el diputado Norberto Morales
Poblete (PT), también se turnaron a comisiones las iniciativas para crear el
organismo descentralizado denominado Inspección General de las Instituciones de
Seguridad Pública del Estado de México, y ampliar el plazo para completar los requisitos
de operación de la Comisión para la
Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem).
El diputado Marco Antonio Rodríguez Hurtado propuso, a
nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, agregar al Código Penal el
Capítulo XX, “De la impartición ilícita de la educación”, y modificar el
segundo párrafo del artículo 116 de la Ley de Educación de la entidad,
para sancionar a quienes, sin los
permisos respectivos, impartan educación en sus diferentes modalidades y
niveles.
Remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales, así como Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, la
iniciativa establece que el surgimiento
y operación de supuestas instituciones que “incluso expiden documentos de
distintos tipos y modalidades relacionados con esa actividad realizada sin
autorización”, traen consigo un daño grave a los estudiantes, quienes al
egresar carecen de un documento oficial que acredite sus estudios.
En virtud de que esta situación genera pérdida de tiempo y
de recursos económicos queafectan el patrimonio familiar e impide el desarrollo
educativo, se proponen penas de cinco a 10 años de prisión, y multa de mil a
cinco mil días.
Si tiene intervención cualquier servidor público del ámbito
educativo, la pena aplicable se aumentará de una a dos terceras partes de las
que le corresponda por el delito cometido, además de la destitución e
inhabilitación de ocho a 20 años para desempeñar empleo, cargo o comisión
públicos.
VIGILANCIA DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Vigilar, supervisar e inspeccionar que la actuación de los
servidores públicos sea conforme a los principios de legalidad, objetividad,
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, es el
propósito de la iniciativa del gobernador Eruviel Ávila Villegas para crear el
Organismo Público descentralizado denominado Inspección General de las
Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México.
Enviada para su resolución a las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales, así como Seguridad Pública y Tránsito, la iniciativa
establece que este organismo podrá conocer las quejas y denuncias que se
interpongan por cualquier medio, e incluso anónimas, con motivo del
incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, preservando la
confidencialidad de las actuaciones.
También, podrá planear e implementar procedimientos de
inspección, vigilancia, así como de técnicas de verificación para comprobar el
cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos; dictar las medidas
precautorias necesarias con el objetivo de salvaguardar el interés social, el
interés público o el orden público, derivado de las funciones que realiza, de así convenir para
el mejor cumplimiento del servicio de instituciones de seguridad pública.
NUEVO PLAZO PARA OPERACIÓN DE LA COPRISEM
Por considerar insuficiente el plazo originalmente
establecido para que la Coprisem asuma los convenios y acuerdos necesarios para
el ejercicio de sus funciones, anteriormente operados por el Instituto de
Salud, el Ejecutivo estatal presentó la iniciativa para ampliar el plazo a 120
días en lugar de 60, la cual será estudiada por la Comisión de Salud,
Asistencia y Bienestar Social.