Ciudad de México.
El presidente de COPARMEX-CDMX, Jesús Padilla Zenteno, hizo
eco de la molestia ciudadana ante el alza en los precios de los combustibles y
advirtió que provocará una escalada de aumentos en otros productos, elevando la
presión sobre los bolsillos de la clase media y sectores vulnerables de la
población.
Ante el llamado gubernamental a la ciudadanía para que
tolere los aumentos, el dirigente empresarial pidió sensibilidad política a las
autoridades para atender el reclamo social y convocó al Gobierno Federal y al
Congreso de la Unión a considerar una reducción sobre el Impuesto Especial
sobre Productos y Servicios (IEPS), pues dicha carga fiscal impide que el
precio de las gasolinas se mueva a la baja como ocurre en el mercado
internacional, para favorecer a los consumidores.
El líder empresarial hizo un llamado a la cordura y pidió al
Gobierno Federal y al Gobierno de la Ciudad de México, abrir los canales
necesarios para que la ciudadanía pueda expresar su molestia ante los aumentos
en los precios de los combustibles y solicitó a los inconformes canalizar su
molestia dentro de los cauces legales.
Padilla Zenteno lamentó que nuevamente la necesidad
recaudatoria del gobierno caiga sobre los bolsillos del usuario final, en lugar
de ajustar los egresos del gobierno y eliminar gastos innecesarios tanto del
Gobierno de la República, así como de los de los poderes Legislativo y
Judicial.
Padilla explicó que esta escalada de aumentos golpeará con
dureza la capacidad productiva de pequeñas y medianas empresas, lo cual
dificultará su permanencia y pondrá en riesgo su capacidad generadora de
empleo.
El representante de los empresarios capitalinos recordó que
uno de los beneficios esperados por los mexicanos de la reforma energética era
reducir los precios, y en su lugar han aumentado. Sin embargo, aclaró que el
problema no radica en la reforma, sino en su implementación y en los malos
manejos de las finanzas públicas, pues optaron por elevar los impuestos en
lugar de buscar recortes efectivos en el gasto público.
En línea con las peticiones de COPARMEX Nacional, Padilla
Zenteno subrayó la necesidad de que se mejore la Ley del Impuesto Especial
sobre Productos y Servicios, pues actualmente el costo de los combustibles
lleva una carga fiscal superior al 40% del precio final.
El dirigente de Coparmex-CDMX recordó que los combustibles
son indispensables para que las empresas mexicanas puedan desarrollar con
normalidad sus actividades, pero el plan de aumentos escalados planteados por
el gobierno se convierte en un serio lastre que frena la competitividad y la
capacidad productiva de las empresas mexicanas.
El líder empresarial cuestionó la política recaudatoria del
gobierno, pues en aras de conseguir más recursos para la Federación han
inyectado presión extra a la productividad interna y pone en riesgo la
estabilidad social, mientras no existe ninguna señal verdadera de su parte por
acabar con la corrupción, los gastos dispendiosos y, sobre todo, la impunidad
de los gobernantes que se apropian del erario público sin tener un castigo
ejemplar, por los que la mayoría de la población ya comenzó a levantar la voz a
partir de los primeros minutos de este año.
Padilla Zenteno reiteró que no están solicitando un subsidio
al precio de la gasolina, pero sí que se elimine la carga fiscal impuesta por
el gobierno a través del IEPS y del IVA sobre combustibles.
La liberación de los precios de la gasolina, consideró,
traería beneficios si no tuviera que soportar tan elevada carga fiscal, lo que
queda de manifiesto cuando Pemex vende en Houston gasolina más barata debido a
que está exenta de la carga fiscal mexicana.
A manera de ejemplo, recordó que de enero a noviembre de
2016 el gobierno federal recaudó a través del IEPS a gasolinas y diésel 263 mil
546millones de pesos y en el proyecto de ingresos de la Federación para 2017,
se proponía la recaudación 284 mil millones de pesos, por el mismo concepto.
Padilla, coincidió con Gustavo de Hoyos, Presidente Nacional
de COPARMEX, en la necesidad de un recorte efectivo del gasto público donde se
establezca una meta de reducción real con respecto del gasto autorizado por el
Congreso, sin reducir la inversión pública o los recursos de programas
sociales, sino eliminando la corrupción y los gastos excesivos en publicidad y
elecciones, entre otros.
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