Toluca de Lerdo, México.
El Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción cuenta con una
legislación de vanguardia e incluye nuevas instituciones y procedimientos para
la prevención, detección y sanción de faltas administrativas y actos indebidos
que afecten el patrimonio público, destacó el diputado Cruz Roa Sánchez.
A propósito de la entrada en vigor del Sistema Nacional
Anticorrupción este miércoles, el presidente de la Junta de Coordinación
Política recordó que la 59 Legislatura mexiquense aprobó por unanimidad, en
tiempo y forma, reformas a la Constitución local, a cinco ordenamientos
estatales y expidió tres nuevas leyes.
Dos de estas, la Ley de Responsabilidades Administrativas
del Estado de México y Municipios y la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado de México, precisamente inician su vigencia este 19
de julio, especificó.
Cruz Roa detalló que uno de los propósitos del sistema
anticorrupción es fortalecer el vínculo entre ciudadanos e instituciones, por
lo que el Comité Coordinador del sistema estará presidido por un ciudadano de
probidad y prestigio, que cuente con experiencia en materia de transparencia,
rendición de cuentas o combate a la corrupción.
Además, dentro los 90 días naturales siguientes a la
expedición, en mayo pasado, del decreto que creó el Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción, la Legislatura deberá designar a los integrantes de la Comisión
Estatal de Selección, la cual, a su vez, designará a los integrantes del Comité
de Participación Ciudadana, de entre quienes se elegirá al presidente del
Comité Coordinador.
El Estado de México contará con una Plataforma Digital
Estatal, integrada con información de los sistemas de evolución patrimonial, de
declaración de intereses y constancia de presentación de la declaración fiscal;
del sistema de los servidores públicos que intervengan en procedimientos de
contrataciones públicas y del sistema de servidores públicos y particulares
sancionados.
El diputado destacó la creación del Tribunal de Justicia
Administrativa, cuya ley orgánica entra en vigor este miércoles, en sustitución
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, para el que
los diputados locales aprobaron el nombramiento de siete nuevas magistradas y
magistrados el pasado 5 de julio.
Este órgano autónomo resolverá las responsabilidades
administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados con faltas
graves, además de dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal
entre las autoridades y los particulares.
En cuanto a las sanciones, se clasificó como falta
administrativa grave el cohecho, que consiste en que el servidor público exija,
acepte, obtenga o pretenda obtener cualquier beneficio no comprendido en su
remuneración como servidor público con motivo de sus funciones, al igual que el
peculado, entendido como el uso o apropiación para sí, sus familiares o para
terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios,
de recursos públicos sin fundamento jurídico o en contraposición a la norma.
Se consideran también faltas administrativas graves el
desvío de recursos públicos, la utilización indebida de información, el abuso
de funciones, cometer o tolerar conductas de hostigamiento y acoso sexual, la
actuación bajo conflicto de interés, la contratación indebida, el
enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, el tráfico de
influencias, el encubrimiento, el desacato y la obstrucción de la justicia.
Las sanciones de tipo administrativo por la comisión de
faltas graves del mismo tipo son desde económicas hasta la suspensión del
empleo, cargo o comisión o la inhabilitación, y corresponderá al Tribunal de
Justicia Administrativa determinar el pago de una indemnización cuando la falta
administrativa haya provocado daños y perjuicios a la hacienda pública.
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