Por Walter Ramírez Aguilar
Ciudad de México.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) aún tiene muchos
pendientes...
A casi un año de que fue promulgado el sistema nacional, aún
no hay un Fiscal General de la República ni un Fiscal Anticorrupción, ni
magistrados en la materia y tampoco existe un Fiscal especializado en delitos
electorales.
Un sistema anticorrupción es el último recurso de una
democracia amenazada, y la nuestra lo está, afirma Eduardo Bohórquez de
Transparencia Mexicana (TM).
En México, cada día más, la sociedad siente menos aprecio
por la democracia.
“El caso empieza a ser alarmante. Entre el 2015 y el 2017 el
número de personas que consideró la democracia como la mejor forma de gobierno
cayó del 71 por ciento al 56, y sólo uno de cada cuatro mexicanos está
satisfecho con los resultados de este tipo de régimen”, agrega el directivo de
esa organización civil.
Además, señala que entre las explicaciones de nuestro
descontento, “destaca la frecuencia con la que tenemos que pagar sobornos”.
Dice que un estudio reciente de la organización que
representa, revela que un 53 por ciento de la sociedad declaró haber pagado
mordidas para acceder a la educación, la seguridad y la justicia, entre otros
servicios públicos básicos.
La corrupción, sintetiza, es el impuesto más regresivo que
tenemos.
Transparencia Mexicana considera que en promedio, el 14 por
ciento del ingreso familiar se destina al soborno para facilitar trámites y
servicios públicos.
El principal objetivo del SNA es el de contribuir,
aprovechando al máximo los recursos del Estado, a sanar la República.
Su restauración, supone, a pesar de los quebrantos y los
desvíos, que el bien público se imponga a los intereses de los particulares;
que se terminen y corrijan las canonjías, los malos manejos y los privilegios,
que según el periodista Arturo Ángel, en su libro Duarte el priista perfecto,
ha dejado una sangría a la sociedad de más de 214 mil millones de pesos del
2001 al 2016, es decir, poco más de 12 mil millones de dólares. Y según la
organización ciudadana Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la
cifra de desvíos del erario público contabiliza más de 64 mil millones de pesos
en 2017.
Un dato que demuestra el tamaño del problema es que el
refiere la encuesta Nacional de Corrupción y Buen Gobierno: en solo 12 meses se
registraron la comisión de más de 220 millones de actos de corrupción
administrativa.
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