Toluca de Lerdo, México.
Los órganos de control interno de los municipios tienen un
papel muy relevante en el recientemente creado Sistema Estatal y Municipal
Anticorrupción, por lo que sus integrantes deben capacitarse permanentemente
para manejar las disposiciones legales que lo sustentan y desarrollar la
experiencia mínima que les facilite cumplir con las acciones prácticas que
implican, dijo Agustín Guerrero Traspaderne, magistrado del Tribunal de
Justicia Administrativa.
Durante su conferencia “Responsabilidad de los Órganos de
Control Interno Municipales”, ante un nutrido auditorio de servidores públicos
de los municipios que atendieron la última ponencia del ciclo organizado por la
Contraloría del Poder Legislativo con motivo del primer año de vigencia de la
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado
de México y Municipios, Guerrero Traspaderne agregó que esta responsabilidad
será mayor en cuanto entre en funciones la nueva administración federal, que ha
marcado como uno de sus principales objetivos combatir la corrupción.
Con la presencia del titular de la Contraloría legislativa,
Victorino Barrios Dávalos, el magistrado recordó que tales órganos internos
dentro del sistema son también autoridad y tienen facultades sancionadoras de
faltas menores cometidas por servidores públicos, así como el deber de dar
curso a las hechos que constituyen faltas graves.
Exhortó a los servidores municipales asistentes a prestar
atención especial a la formulación de las notificaciones personales que se
hacen a las partes involucradas en un proceso administrativo, pues muchas veces
las notificaciones mal elaboradas son causa de retraso o nulidad de éste.
Acotó que todo expediente de este tipo debe sostenerse bajo
los principios que la propia legislación establece, es decir legalidad,
honradez, lealtad e integridad, pero sobre todo, motivarse suficientemente para
que las sanciones que se impongan sean efectivamente ejemplares y no las
mínimas.
Al señalar que a la fecha sólo 22 municipios han constituido
sus comités anticorrupción, se pronunció por la creación de una plataforma
digital que registre a los funcionarios que hayan cometido alguna falta y por
tal razón hayan sido inhabilitados, de tal manera que ningún otro gobierno
local, estatal o nacional lo contrate.
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