Toluca de Lerdo, México.
Para facilitar la inversión, elevar la competitividad y
otorgar certidumbre jurídica a los inversionistas, mediante la simplificación
de procesos, trámites y servicios administrativos del Gobierno del Estado de
México para la instalación de nuevos negocios, la 59 Legislatura mexiquense
actualizó el marco jurídico estatal en materia de mejora regulatoria y
desarrollo económico, al aprobar por unanimidad la expedición de tres nuevas
leyes y reformas a 11 ordenamientos.
El diputado Diego Eric Moreno Valle (PRI), encargado de dar
lectura al dictamen, explicó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal
tiene como objetivo central armonizar la
legislación mexiquense con la Ley General de Mejora Regulatoria, además
de que simplifica trámites, requisitos, costos y tiempos de respuesta por parte
de las autoridades en relación con obras, unidades económicas, inversiones y proyectos.
La nueva Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México
y sus Municipios plantea una alineación normativa con el marco regulatorio
federal y busca generar la mejora integral, continua y permanente de la
regulación estatal y municipal, de manera coordinada con las autoridades de la
materia, los poderes del Estado, los ayuntamientos y la sociedad civil.
La Ley que crea la Comisión de Factibilidad del Estado de
México establece que ésta será un órgano desconcentrado de la Secretaría de
Justicia y Derechos Humanos, encargada de diseñar y coordinar la política
jurídica y de acceso a la justicia del Poder Ejecutivo y de planear, programar,
dirigir, resolver, controlar y evaluar la función de mejora regulatoria, con lo
que se pretende atender de manera más eficaz la responsabilidad de la emisión
del Dictamen Único de Factibilidad, necesario para la apertura e instalación de
nuevos negocios.
La Ley que crea el Instituto de Verificación Administrativa
del Estado de México señala como responsabilidades de este órgano
desconcentrado de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos la verificación
administrativa de documentos y del cumplimiento de las condiciones,
requerimientos u obligaciones de obras, unidades económicas, inversiones o
proyectos incluidos en las evaluaciones técnicas de factibilidad o en el
Dictamen Único de Factibilidad.
Los
once ordenamientos reformados para modernizar el andamiaje legal en favor de
mejores condiciones para el desarrollo económico y el progreso integral de la
entidad son las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Competitividad
y Ordenamiento Comercial, de Fomento Económico, de Eventos Públicos, Orgánica
Municipal, del Agua y de Movilidad, así como los códigos Administrativo, de
Procedimientos Administrativos, para la Biodiversidad y Penal.
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