SEDUVI y la PAOT confirman el engaño o fraude de la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras sobre uso de suelo prohibido

• Son oficinas administrativas las de Calvario y Abasolo, afirma la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial; Contreras estableció oficinas de gobierno en uso de suelo para instalaciones de educación y cultura que también están prohibidas; deben retirarlas de Calvario 61, dicen vecinos

México, D. F.-  Una requisición de información de la PAOT y una respuesta de la SEDUVI vía InfoDF comprueban que la instalación de unas oficinas delegacionales en el Centro de Tlalpan por Maricela Contreras, son totalmente ilegales y por lo tanto deben ser retiradas de Calvario 61 y Abasolo 105, denunciaron los Vecinos Unidos del Centro Histórico de Tlalpan

El engaño o fraude que realiza Maricela Contreras Julián en la casa de Calvario 61, donde estableció la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan, consiste en situar unas oficinas de gobierno utilizando un uso de suelo para Centro de Procesamiento de Información, uso que sólo es aceptado si está vinculado con instalaciones para la educación y la cultura, denunciaron los Vecinos del Centro Histórico de Tlalpan.

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial encontró, de acuerdo con el oficio PAOT-05-300/300-4152-2013 de fecha 15 de octubre de este año, que “derivado de los reconocimientos de hechos practicados por personal adscrito a esta unidad administrativa en fechas 8 y 24 de julio de 2013, se constató que en los predios ubicado (sic) en Calvario 61 y Mariano Abasolo 105, ambos en la colonia Tlalpan Centro, Delegación Tlalpan, son utilizados para uso de oficinas administrativas de la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan”.

Este hecho afirmado por la PAOT, expresó Sara Espíritu Reyes, es lo que siempre ha negado la Jefa Delegacional de Tlalpan, Maricela Contreras Julián, amparándose en un certificado de la propia SEDUVI que sólo es un órgano regulador, pero no es verificador ni investigador como si lo es la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.

En el documento firmado por el subprocurador José L. Guerrero Mendoza, la Subprocuraduría del Ordenamiento Territorial le solicita al Director General de Administración Urbana de la SEDUVI, Luis Antonio García Calderón que le informe “si conforme al Programa Parcial de Desarrollo Urbano ‘Zona Centro de Tlalpan’ (…) y ratificado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Tlalpan (…) el uso de suelo para oficinas administrativas, así como para archivo y centro procesador de información se encuentra permitido para el predio ubicado en Calle Calvario, número 61”.

La respuesta de García Calderón no fue para la PAOT, pero sí para un particular que a través de un recurso de revisión en el InfoDF lo consiguió: “Se informa que dentro de la Tabla de Usos del Suelo del Programa Parcial Centro de Tlalpan, dentro del Género “Servicios’, se encuentra el uso de suelo (Subgénero) Administración Privada y dentro del mismo el de oficinas privadas, no así el de Administración Pública ni el de Oficinas de Gobierno”.

Asimismo, respondió que no se encuentra establecido el uso correspondiente a Educación y Cultura, aunque en una contradicción dijo que archivos o centros procesadores de datos sí, los cuales debieran estar contenidos en el género de Educación y Cultura, según el Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal.

Es decir, que están prohibidas las oficinas de Administración Pública o Gobierno, no así las privadas, así como también el subgénero Educación y Cultura que contiene los Archivos o Centros Procesadores de Información.

Por supuesto, añadió la vocera de los vecinos de Tlalpan, en la SEDUVI “nunca podrán afirmar que el uso de suelo para oficinas administrativas está permitido, lo que nos lleva a esperar una respuesta pronta para que esas oficinas sean desmontadas de inmediato porque es evidente que su instalación violenta la norma”.

Es decir, la Jefa Delegacional en Tlalpan incumple el artículo 32 del Reglamento de Zonificación para el Distrito Federal donde dice que “los usos y destinos de servicios se refieren a predios, sus construcciones e instalaciones que se dediquen a administración, comercio, salud, educación y cultura, recreación, alojamiento, seguridad, mortuorios y comunicación y transporte”.

El reglamento advierte que en el apartado de Administración, los usos de suelo se refieren a la Administración pública y Oficinas de gobierno, como son las de la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan y no otra cosa.

El asunto es que Maricela Contreras Julián engaña y defrauda a la población con un uso de suelo que, en efecto, permite instalar Centros de información, Archivos, Centros procesadores de información y Bibliotecas y hemerotecas, pero todos ellos relacionados dentro del rubro de Educación y Cultura, más no para oficinas de gobierno como ella misma lo detalló el pasado viernes, durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa.

Contreras dijo ese día: “Nosotros, en el caso de Calvario 61, la Dirección General de Administración, de conformidad a la normatividad establecida, es competente y responsable de resguardar toda la documentación relativa a expedientes de personal, a expedientes con documentación soporte del ejercicio financiero, expedientes de procesos de contratación”.

Es decir, observó Espíritu Reyes, que Maricela Contreras metió unas oficinas de gobierno en donde sólo se pueden colocar instalaciones que tienen que ver con la educación y cultura, lo que, sin duda, es un engaño y por lo tanto un fraude que debe ser sancionado, además de que reiteró, las oficinas deben ser retiradas porque por reglamento no deben estar en Calvario 61.

Pero, también, la PAOT observó que las oficinas no sólo se encuentran en Calvario 61, sino también en Mariano Abasolo 105, lo que constituye otra irregularidad, de acuerdo con las propias afirmaciones que ha realizado la Jefa Delegacional, Maricela Contreras Julián, y a la vez corrobora lo afirmado por los vecinos de que en Abasolo instaló sus oficinas alternas.

Además, incumple también con el Certificado Único de Zonificación de Uso de Suelo, Folio Número 15629-181TOES12, ya que en el Formato Normas Particulares correspondiente a Estacionamiento, se menciona que todos los cajones de estacionamiento deberán estar ubicados dentro del predio que los origina.

El Reglamento de Construcción en el área de Servicios, explica que el número mínimo de cajones de estacionamiento a la zonificación rubro ll.4.6, a las instalaciones para la información corresponden un lugar por cada 40 m2 construidos, sin embargo, el estacionamiento no se encuentra en el mismo lugar, sino que de acuerdo con lo dicho por la propia Maricela Contreras, se encuentra a tres calles de distancia.

Elevar penas a acosadores en transporte público: URN

• Propone penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa.

Toluca, Estado de México.-  Con el fin de que el Estado eleve las penas a quienes en el transporte público cometen acoso sexual, pues las vigentes no son equiparables al daño emocional que causan a las víctimas, en su mayoría mujeres y menores de edad, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ulises Ramírez Núñez, presentó iniciativa que reforma el Código Penal del Estado de México, en su modalidad de sexting.

En tribuna, al hacer uso de la palabra, Ulises Ramírez, aseveró que el acoso en el transporte colectivo, al sumarse a los problemas imperantes de este sector, tornan dicho servicio público concesionado, muy peligroso para tan vulnerable sector social.

Ante este panorama, el legislador indicó que Acción Nacional propone tipificar como delito de acoso sexual, la conducta consistente en actos con fines ofensivos, difamatorios, eróticos o sexuales, por parte de quien grabe, reproduzca, publique, ofrezca, publicite, almacene, distribuya, difunda, exponga, envíe, transmita, importe o exporte de cualquier forma imágenes, texto, sonidos o la voz de una persona, sea en forma directa, informática, audiovisual, virtual o por cualquier otro medio, así como desnudos o semidesnudos, reales o simulados.

De igual forma, el coordinador de los diputados panistas en el Congreso Mexiquense, señaló que la iniciativa también propone perseguir y castigar penalmente a quien con fines de lujuria, asedie reiteradamente a cualquier persona sin su consentimiento, en instalaciones o vehículos destinados al transporte público de pasajeros.

Ramírez Núñez, añadió que en ambas hipótesis, se impondrán penas de uno a cuatro años de prisión y de cien a trescientos días multa, aunque si el pasivo del delito fuera menor de edad o persona que no tenga la capacidad para comprender el  significado del hecho o de resistirlo, la pena se incrementará en un tercio.

Finalmente, indicó que es importante actualizar el marco legal para remediar males sociales de forma eficaz y así las instituciones de seguridad pública, los órganos de procuración y de administración de justicia, puedan investigar, judicializar y condenar, a fin de que se materialice el acceso a la jurisdicción estatal efectiva, de quiénes son víctimas de tan reprochables conductas, máxime cuando los pasivos son menores de edad o personas que por sus condiciones personales no pueden entender o resistir la conducta.

Presentan vecinos denuncia penal por fraude contra la delegada en Tlalpan, Maricela Contreras Julián

• Anunciaron también una denuncia ante la contraloría interna del INVEA porque afirma no haber encontrado las oficinas que la PAOT si ubicó

México, D. F., a 20 de noviembre de 2013.- Los Vecinos Unidos del Centro Histórico de Tlalpan presentaron este mediodía una denuncia penal en contra de la Jefa Delegacional Maricela Contreras Julián y sus colaboradores, por los presuntos delitos de fraude procesal, fraude, responsabilidad de los servidores públicos y uso ilegal de atribuciones y facultades, entre otros, como resultado por violar el uso de suelo para instalar la Dirección General de Administración de la demarcación en una zona protegida.

Asimismo, los vecinos y su abogado anunciaron que en breve realizarán una denuncia ante la contraloría interna del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) porque en sus respuestas afirma que no encontró las oficinas denunciadas por los vecinos, mientras que un órgano como la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial (PAOT) si las encontró, lo que significa que le sirven de tapadera a la delegada, expresó Sara Espíritu Reyes, vocera de los vecinos.

La denuncia fue entregada en la Oficialía de Partes de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el abogado de los vecinos tlalpenses, Alejandro Álvarez Calderón, quien dio a conocer que los delitos por los que se acusa a la Jefa Delegacional de Tlalpan, son entre otros los de fraude procesal y uso ilegal de atribuciones y facultades.

El primero de los probables delitos, de acuerdo con el representante legal de los colonos, se comete cuando la delegación utiliza un certificado de uso de suelo que por la zonificación sólo avala un centro de procesamiento de datos, pero en realidad el uso es distinto como lo afirma la PAOT.

El segundo presunto delitos que comete la delegación es el de haber firmado un contrato para arrendar el inmueble, utilizando dicho certificado anómalo desde su origen.

Asimismo, dieron a conocer que en cuanto a los estacionamientos, la ley marca que deben estar dentro de la propia construcción y lo que hace Maricela Contreras es llevarlos a tres calles de distancia, orden que sus empleados incumplen porque ahora se apropiaron de las aceras de por lo menos 10 calles a la redonda.

De acuerdo con los ciudadanos tlalpenses, al instalar las oficinas administrativas delegacionales en la calle de Calvario 61 bajo el argumento de que es un Centro de Procesamiento de Datos, Maricela Contreras Julián violenta no sólo el uso de suelo decretado en el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano, sino también el patrimonio histórico, artístico, cultural y ambiental de Tlalpan.

“Estamos en el mundo al revés porque quienes por ley deben ‘vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Delegación’ como lo estipula la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, son quienes la violentan y entonces debemos ser los habitantes, los vecinos, quienes debemos acudir a hacer este tipo de diligencias para proteger nuestro entorno”, declaró Sara Espíritu Reyes.

Sobre todo, afirma Espíritu Reyes, cuando son atribuciones de la Jefa Delegacional, entre otras, informar a la Secretaría de Desarrollo Urbano del Distrito Federal sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de Obra, corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás disposiciones aplicables, como es el caso.

Los Vecinos del Centro Histórico de Tlalpan advirtieron hace algunos días que de acuerdo con información pública que encontraron en Internet, meses antes de que la Delegación Tlalpan rentara la casa de lujo ubicada en Calvario 61 para oficinas, sus propietarios ya la ofertaban para ello.         

Proponen ley para alertar sobre violencia de género: Annel Flores

• Edoméx, ocupa primeros lugares en violencia sexual en las relaciones de pareja, psicológica, física, económica, escolar, laboral y en la comunidad.

Toluca, Estado de México, 17 de noviembre de 2013.- La diputada Annel Flores Gutiérrez, presentó iniciativa para modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la entidad, con el fin de evitar los feminicidios y fomentar que los ciudadanos den aviso a las autoridades sobre agresiones a mujeres, y se apliquen medidas preventivas.

En tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la legisladora destacó que la motivación principal para alertar si hay condiciones de riesgo para una mujer, víctima de violencia de género, radica en el convencimiento, pasando por el otorgamiento de incentivos que no distorsionen el propósito original, y dejando como último recurso la aplicación de una sanción en una multa moderada.

Indicó que el Estado de México ocupa el primer lugar en feminicidios y de acuerdo al artículo “Violencia de Género en México” del Comité del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, entre las principales manifestaciones de violencia se encuentran: la sexual en las relaciones de pareja con 11%, la psicológica con 47%, la física con 24.5%,  la económica con 29.6%, la escolar con 18.1%, la laboral con 37.5% y en la comunidad, con 42.3%.

Añadió que los feminicidios se han elevado desmesuradamente en el estado, fenómeno social que se presenta desde hace años, pues con el registro de estadísticas y datos, se cuenta con información suficiente para observar una crisis en el bien jurídico tutelado, que es la vida de las mujeres en la alta incidencia de este delito, ya de por sí grave por tratarse de la privación de vidas humanas.

Flores Gutiérrez, manifestó que la iniciativa propone utilizar las tecnologías de la información para ser funcional y que los datos puedan ser explotados con toda oportunidad, con miras a salvaguardar la integridad de las mujeres.

Finalmente, señaló que plantea estrechar la coordinación entre los cuerpos policiacos y jueces calificadores municipales, agentes del Ministerio Público del fuero común y personal del Sistema DIF, autoridades encargadas de conocer, investigar y aplicar sanciones de tipo administrativo a los agresores de las mujeres en un entorno de violencia familiar, así como solicitar medidas protectoras.