“Un engaño el Seguro Popular”: Derechohabientes
- Tras el reclamo de una pobladora del municipio de Carrillo Puerto al presidente Fe lipe Calderón, sobre la supuesta gratuidad de los servicios que tanto predica, con el Seguro Popular, vuelven a salir a la luz los cuestionamientos sobre la eficacia de los programas impulsados por el gobierno federal
Por: Hugo David Pérez y Juan Manuel Coronel / Luces del Siglo
Cancún, Q. Roo.- La escena ya es conocida: durante su visita
al municipio quintanarroense de Felipe Carrillo Puerto, el 12 de enero pasado,
el presidente Felipe Calderón Hinojosa fue increpado por una habitante del
municipio de Carrillo Puerto. Le reclamó airadamente un cobro injustificado en
el Hospital General a pesar de contar con el Seguro Popular. Alto en reflejos,
Calderón no tardó en apuntar al gobierno estatal, poniendo en entredicho el
buen uso de los recursos.
Mercedes Hernández Rojas, delegada de la Secretaría de
Desarrollo Social (SEDESOL), estaba junto al presidente y recrea el tenso
momento. Detalla que Calderón volteó a ver al gobernador, Roberto Borge, y lo
interrogó: “a ver señor gobernador, qué me tiene que decir al respecto”. El gobernador
respondió: “nosotros la vamos a atender de inmediato a la señora”.
Después caminaron y sostuvieron una breve plática en
privado. “Yo creo que el presidente dio una indicación puntual a la Secretaría
de Salud federal porque algo va a resultar de esta situación”, asegura la
delegada federal.
Y es que políticos y organizaciones civiles coinciden en la
importancia de poner candados a los recursos federales, pues al menos en el
tema de salud, no cuentan con delegados atentos a cada programa.
De hecho, en el último informe presentado por la Auditoría
Superior de la Federación (ASF), que incluye los resultados de la fiscalización
de la Cuenta Pública 2009, detectó anomalías por cerca de 3 mil millones de
pesos en los recursos que ese año se entregaron a los estados para la
operatividad del Seguro Popular.
De las 32 auditorías practicadas -una a cada estado- la
opinión contenida en los dictámenes de la ASF fue negativa para 14 de ellas y
con salvedad para 18. Dentro de las anomalías detectadas se encuentran la falta
de transparencia de las Reglas de Operación, pues no establece los plazos para
que se presenten las solicitudes de recursos; la resolución acerca de la
viabilidad de los proyectos; la autorización de solicitudes; el envío de
informes de los recursos y la formalización de los convenios de colaboración
con las entidades federativas.
Alfonsa Zituk es la mujer de edad avanzada y rasgos humildes
que denunció ante el presidente que en el Hospital General de Carrillo Puerto
le habían pedido 106 pesos para atender a su hijo. “Yo les digo, para qué dicen
que hay Seguro Popular, no es cierto que hay Seguro Popular porque lo llevé y
son 106 pesos, me cobraron”.
El mandatario federal explicó, ante la mirada de la
agraviada y el gobernador, que el gobierno estatal es el encargado de ejecutar
el programa, destinar la infraestructura y los recursos humanos. “Lo voy a
revisar”, comentó y señalando al gobernador dijo: “él es el que tiene que dar
la salud”.
En septiembre del año pasado en su visita a Chetumal,
aprovechó la oportunidad para hacer un señalamiento al secretario de Salud en
Quintana Roo, Rafael Humberto Alpuche Delgado y al gobernador Roberto Borge.
“Recuerden que bajamos mil 300 millones de pesos nada más a Quintana Roo para
que cumplan con el objetivo de salud”. Y lo repitió en su discurso que dio en
el Hospital Morelos. “Por cada afiliado al Seguro Popular, el gobierno federal
paga una cantidad al estado. De tal manera, que hoy, el estado de Quintana Roo,
recibirá unos mil 300 millones de pesos al año, por el Seguro Popular para,
precisamente, poder mejorar poco a poco la calidad del servicio de salud que
prestan ustedes”, declaró.
Es inimaginable que un programa federal (que para este año
contará con un presupuesto de 430 mil millones de pesos) siga teniendo
deficiencias no sólo de carácter social, sino administrativo, tan así que el
secretario de Salud del estado ha afirmado que se debe ser muy eficaz y
transparente en el ejercicio de estos recursos.
La opacidad en el uso de los recursos
Según el artículo Pesos y Contrapesos, realizado por la
asociación Fundar y Briseida Lavielle, se debe tomar en cuenta el dictamen
emitido por la Auditoría Superior de la Federación para detectar las partes más
vulnerables de este programa.
De estos, señala el texto, quizás el que mayor descontento
provoca es el que se refiere para el acceso efectivo a los servicios
médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, pues los resultados muestran
que el 94.8 por ciento de los beneficiarios encuestados adquiere con sus
propios recursos los medicamentos que le faltan; el 48.1 por ciento no está
satisfecho con el tiempo de espera para recibir atención médica; el 29.9 por
ciento consideró que no es fácil conseguir una cita médica, y el 23.6 por
ciento manifestó no estar conforme con las instalaciones y el equipamiento de
la unidad de salud.
Si bien, los servicios de salud dependen de cada entidad
federativa, es la Secretaría de Salud estatal quien recibe los recursos, los
ejecuta y evalúa su efectividad. Este sistema en el que se es “juez y parte” ha
sido criticado por varios legisladores, dado que les entregan recursos a los
estados sin una manera eficaz de poder auditarlos.
Una visita al Hospital General de Benito Juárez, ubicado en
la ciudad de Cancún, es suficiente para comprobar que diariamente se dan cita
cientos de personas en busca de una consulta o remediar una urgencia, para
constatar el descontento entre la población por el mal trato y la queja más
recurrente: la falta de medicinas.
Irma Valenzuela, quien vive en la Región 232, dice no
entender por qué, además de no tener medicinas, cuando las hay, se las quieren
cobrar. “Me tengo que trasladar en taxi, y gasto dinero, todo para llegar y no
haya medicinas, prefiero ir a las farmacias, ahí saliendo tienes los
medicamentos bien baratos”.
María Pérez habla de los malos tratos que ofrece el Hospital
General. Ingresó a su hija a las siete de la tarde y 24 horas después nadie le
daba razón de ella. “El Seguro Popular nos quita el peso del dinero, pero la
atención es muy mala, son muy déspotas”.
La señora Rosa se siente muy agradecida por contar con el
Seguro Popular, sin embargo, coincide en señalar el mal servicio en las
clínicas de salud. “Te dan la consulta, sí, pero para sacar la ficha debes
formarte desde las tres de la mañana, eso no se vale”.
Gestor de Servicios de Salud del Hospital General de Cancún
y encargado del Seguro Popular en ese centro médico, Cristian Aguilar González,
señala por su parte que a veces la gente no sabe cuáles son los padecimientos que
cubre este seguro, así como los alcances en materia de medicamentos.
Comenta que a pesar de que se cubren muchas operaciones, las
transfusiones de sangre durante la cirugía corren a cargo del paciente, además,
cuando se necesitan los servicios de algún especialista que no trabaja en el
estado, se les canaliza a un hospital en Mérida, un traslado que mucha gente no
puede pagar.
Asimismo, explica que existen personas que llegan a
afiliarse a pesar de contar con algún otro seguro. “Hay gente que tiene IMSS y
viene a sacar su seguro”, lo cual, es claramente violatorio al reglamento, pero
aclara que no hay forma de conocer quién cuenta con ISSSTE o IMSS.
“Nosotros no tenemos acceso a ningún padrón de seguros, no
podemos saber si cuentan con algún tipo de seguridad social, a nadie se le
niega el servicio, además en Cancún, debido a los empleos temporales, hay veces
que la gente está asegurada por dos meses sí, dos meses no”, subraya Aguilar
González.
El presidente de la comisión de Salud del Senado, Ernesto
Saro, ha consignado ante la prensa en varias ocasiones que en la operación del
Seguro Popular existe una gran corrupción. “Aunque la estrategia estuvo bien
concebida para garantizar el acceso a servicios médicos a personas sin
seguridad social, se cometió el error de dejar la administración a los
gobiernos de los estados, donde ha prevalecido la falta de transparencia y
claridad en el uso de los recursos”.
Sobre la posibilidad de que la propia Federación fiscalice
el uso del presupuesto, Saro explicó que existe el obstáculo de la autonomía
estatal. Las investigaciones, si se realizan, dependen de las mismas
autoridades locales.
La delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, Mercedes
Hernández Rojas, señala que durante las visitas a las regiones rurales más
necesitadas, como parte del Programa Oportunidades, el reclamo recurrente de la
gente es en materia de salud. “La carencia de médicos, los medicamentos que
nunca llegan, esas situaciones marcan nuestra experiencia en las regiones”,
relata.
“Yo, como presidenta del Comité de Desarrollo Social en el
estado, hago énfasis que la Secretaría de Salud del estado debe acrecentar sus
esfuerzos; ellos son los que tienen que contestar cuando hay un reclamo. Con
mil 300 millones se puede hacer que los médicos estén oportunamente en las
localidades, la gente tenga asistencia médica”, manifiesta la panista.
Y deja en claro que el responsable de los rezagos en materia
de salud y bienestar social, no sólo es el gobierno federal, pues en este caso
también tienen responsabilidad el gobierno del estado y de los municipios.
Nadie está exento
Con un presupuesto cercano a los mil 400 millones de pesos,
la delegación de la Sedesol en Quintana Roo reconoce que estos recursos no
están exentos de caer en irregularidades con intermediarios que extorsionan a
la población para sacar beneficio propio o asignarles a discreción estos
recursos a particulares.
La Secretaría de Desarrollo Social tiene en marcha en el
estado los programas 70 y Más con una inversión de 32 millones; Hábitat con 83
millones 948 mil 324 pesos, mientras que el programa Oportunidades se estima en
608 millones de pesos.
En casos de corrupción ligados con la secretaría, quizás el
que más impacto tiene es el que se refiere a la malversación de más de 10 millones
de pesos asignados para viviendas en la zona continental de Isla Mujeres.
La titular de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y
Económico del municipio, Atenea Gómez Ricalde, fue acusada de otorgar 200
inmuebles con el programa denominado Tu Casa 2011, a militantes y líderes
panistas, además dejó en evidencia que más de tres integrantes de una misma
familia recibieron el apoyo.
Otro caso en que se vio inmiscuida esta Secretaría fue el
del ex diputado local del PAN y actual delegado de la Secretaría del Trabajo,
Rogelio Márquez Valdivia, señalado por defraudar presuntamente a 300 personas a
través de una empresa que les pidió dinero para ingresarlos en el padrón de
beneficiarios de las viviendas otorgadas por la Sedesol .
De hecho, la mayoría de las denuncias ante la PGR son de
personas que se asumen en las comunidades como representantes de la Secretaría
de Desarrollo Social y engañan a los habitantes con falsas promesas de lograr
un trámite efectivo en cuestión de vivienda.
Mercedes Hernández asegura que es muy complicado tener el
control de los recursos federales, pues se necesita contar con una vigilancia
constante y no siempre bastan los 140 coordinadores e inspectores del
organismo.
“Una obra que no se vigila es una obra que corre el riesgo
de no ejecutarse”, afirma la panista. Y detalla que su equipo de trabajo forma
una contraloría social con los vecinos de las comunidades en las que trabajan
dando el seguimiento de la obra que realiza el municipio y ellos hacen las
visitas.
Con anterioridad, Sedesol había señalado que municipios como
Benito Juárez, se mostraban reticentes a apoyar en la implementación de
programas para construir habitaciones populares.
El regidor Rafael Quintanar asevera que el gobierno federal,
“pichicatea” con criterios electorales lo que le entrega a cada estado y de qué
manera.
En el mismo rubro, el perredista explica que existen muchos
problemas con los programas sociales federales que competen a los tres niveles
de gobierno. En principio, el municipal no cuenta con un censo confiable ni un
análisis de cuáles son los rubros que se necesitan para poder hacer frente a
las necesidades de Cancún.
Quizás otra de las acusaciones que más revuelo causaron fue
la hecha por Raymundo King de la Rosa, presidente del PRI en Quintana Roo,
quien denunció que los recursos y programas operados por la Sedesol se
utilizaban con fines electorales y pidió al Congreso de la Unión que se
auditara a la delegación.
Por este hecho, el PAN arremetió contra el priísta
acusándolo de “difamador” por no presentar una denuncia formal ante la PGR. “En
su momento hicimos el señalamiento y estamos recabando la información para
tomar acciones contra estas medidas” asegura King, midiendo el sigilo de cómo
los enfrentará “No voy a caer en las provocaciones del PAN. Nosotros vamos a
hablar en su momento y no vamos a caer en la confrontación pues se trata de
aumentar el nivel de debate”, juzga.
¿Qué es el seguro popular?
Este programa federal fue implementado durante el sexenio
del presidente Vicente Fox con el que se planeaba cubrir los servicios médicos
de la población más vulnerable que carece de algún tipo de seguridad social. El
programa piloto inició en Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Zacatecas y
Campeche.
En Chetumal y Cancún inició operaciones en agosto de 2002,
pero fue hasta 2004, una vez reformada la Ley General de Salud, que entra en
vigor a nivel nacional y en ese mismo año se firma en Quintana Roo, el acuerdo
de Coordinación para la Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud.
Ya en el periodo de Felipe Calderón, se le asignaron 52 mil
millones de pesos al programa con la intención de que atendiera a la mayor
parte de población que carecen de estos servicios.
El Seguro Popular cubre más de mil 400 enfermedades que
están relacionadas con especialidades como ortopedia, traumatología,
reumatología, rehabilitación, estomatología, ginecología y obstetricia,
pediatría, dermatología, salud mental, adicciones y urgencias. Además de
acciones de prevención y promoción de la salud, así como atención de
enfermedades transmisibles, crónico-degenerativas y cirugía general.
Los requisitos para afiliarse son residir en el país, no
contar con ningún otro seguro, ya sea ISSSTE o IMSS, así como pagar una cuota
familiar dependiendo del resultado de un estudio socioeconómico y que comprende
10 niveles, de los cuales los cuatro primeros están exentos de pago y los
siguientes 6 van desde 2 mil pesos hasta los 11 mil 300 pesos.