La Comisión de Justicia aprobó el dictamen con proyecto de
decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones,
el cual abroga la antigua Ley de Normas Mínimas para Sentenciados, “que fue un
fracaso”. También aprobó, en lo general, la Ley de Amparo y el Código Federal
de Procedimientos Penales.
La nueva reforma establece la obligación de separar a los
procesados de los sentenciados y recluir en establecimientos separados a las mujeres
de los hombres. Prevé un sistema de justicia para adolescentes con ministerios
públicos y jueces especializados y penales para la delincuencia organizada
“Hoy todos están revueltos, por eso el sistema esta
colapsado” dijo el diputado presidente, Humberto Benítez Treviño quien refirió
que la nueva ley, reglamentaria del 18 constitucional, contempla cuatro ejes rectores
para la reinserción social (educación, trabajo salud y deporte), establece un
nuevo sistema de clasificación de internos y crea la figura de Juez de
Ejecución de Sentencias.
La autoridad que ve la duración de la pena es el Juez de
Ejecución de Sentencias; los directores de los Reclusorios son servidores administrativos,
“que nada tienen que ver con la pena ni con la ejecución”.
Apenas la semana pasada, la propia Comisión de Justicia
había aprobado reformas para establecer, en los 429 penales del país antenas inhibitorias
para llamadas de celulares.
El presidente de la Comisión de Justicia se opuso a que los
centros penitenciarios estén cerca de las grandes ciudades. Recientemente presentó
un punto de acuerdo exigiéndole al gobierno federal que construya penales de
alta seguridad en las Islas Marías.
Benítez Treviño dijo que de las 6 mil llamadas diarias de
extorsión telefónica el 90 por ciento proviene del interior de los reclusorios.
“Hay un enorme problema de corrupción”.