- Autoridades obligadas a mantener el orden público para afianzar las garantías individuales de los ciudadanos.
Toluca, Estado de México.- En las últimas décadas las
manifestaciones han incrementado su grado de violencia y de alteración del
orden público; causando daños personales y materiales a terceros al faltar la
libertad de tránsito, lo que resulta insostenible “y no se puede seguir
ignorando este creciente y grave problema”, señaló Ulises Ramírez Núñez,
Coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, al presentar en Tribuna
la iniciativa de Ley que Regula Manifestaciones y Reuniones Públicas en
territorio mexiquense.
El Coordinador del GPPAN, afirmó que es necesario garantizar
la libertad de seguridad, transito, trabajo, profesión e industria,
armonizándolas para que se acredite su coexistencia y evitar abusos de parte de
manifestantes o terceros, por lo cual se deben
castigar las omisiones de las autoridades ante el incumplimiento de su
deber: “de preservar el orden y la paz pública”.
Con el propósito de legislar sobre la coexistencia de los derechos fundamentales de
las personas, reconociendo el de manifestación y de reunión, previsto en la
Constitución Federal y local, Ramírez Núñez, resaltó que esta problemática
social ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al investigar
violaciones a derechos humanos, por ejemplo: los bloqueos sufridos en el
Distrito Federal y que en la vía del fenómeno de la conurbación, afecta
profundamente al Estado de México, demostrando la apremiante necesidad de
legislar para la coexistencia de tan importantes derechos y libertades.
“La seguridad pública y las garantías individuales, no se
contraponen, se implican y se complementan, por lo que se debe salvaguardar la
seguridad pública para resguardar los derechos fundamentales, así como
investigar la responsabilidad por el exceso de la fuerza, la falta de deberes
constitucionales y las violaciones graves por incurrir en este tipo de
omisiones”, concluyó.