- Además de incorporar traductores indígenas en procesos judiciales; más de 8 mil los hablantes de lenguas indígenas recluidos en algún centro penitenciario y resistencia de autoridades y MP para incorporar personal capacitado para defender los derechos de esos grupos
Pachuca de Soto, Hgo.- Tras realizar una investigación sobre
las condiciones de derechos humanos entre grupos indígenas y mujeres en
condiciones de vulnerabilidad, Concepción Delgado Parra planteó en la Feria
Universitaria del Libro, FUL 2015, la necesidad de impulsar la capacidad de
acción de las comunidades a fin de garantizar el respeto a los derechos
humanos.
Durante la ponencia “Los dilemas de la ciudadanía moderna y
la dignidad de los derechos humanos: de Arendt a Benhabib”, la investigadora
propuso una ética de la responsabilidad, donde cada individuo se hace
corresponsable de los derechos del otro y se acuerpa en su libertad de acción
política.
La académica subrayó la desigual e inequitativa impartición
de los derechos humanos y explicó que si bien estos derechos están construidos
sobre la base de una misma ley para todos, las condiciones en que se
desarrollan los grupos vulnerables requieren una revisión de fondo.
"De qué sirve que todos sean iguales ante la ley en un
mundo de desiguales", afirmó Delgado Parra, quien retomando las teorías de
Hanna Arendt, llamó a trascender las marcas de reciprocidad condicionada inscrita
en las leyes para impulsar una ética de responsabilidad política desde la
sociedad civil, a fin de promover una ciudadanía cosmopolita.
En este sentido, insistió en que los derechos humanos deben
construirse a partir de la acción política y la capacidad de la gente para
modificar su propio entorno; consideró los momentos de crisis como momentos de
oportunidad, para proponer, hacer e incidir en nuevas formas de ver el mundo.
Por otra parte, Javier López Sánchez, representante del
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, subrayó que actualmente dicho sector
de la población se encuentra en condiciones de desventaja ante la ley a causa
de la ausencia de traductores y mediadores de lenguas indígenas capaces de
participar y hacer una adecuada defensa durante los procesos judiciales.
Como parte del encuentro de traductores celebrado en la FUL,
el funcionario explicó que son más de 8 mil los hablantes de lenguas indígenas
recluidos en algún centro penitenciario y son los estados de Veracruz, Chiapas
y Puebla, los que concentran el mayor número de reclusos procedentes de alguna
etnia.
López Sánchez aseguró que la idea de construir un padrón
nacional de intérpretes y traductores en lenguas indígenas tiene por objeto dar
cumplimiento al derecho fundamental que tienen los indígenas cuando
desafortunadamente se encuentran ante una situación jurídica, motivo por el
cual están concentrando esfuerzos en las labores de capacitación de abogados y
especialistas en materia penal.
Sin embargo, reconoció como retos no sólo la diversidad
lingüística y cultural de nuestro país que se traduce en 68 agrupaciones
lingüísticas y 364 variantes, sino también la resistencia de las autoridades y
ministros públicos para incorporar personal capacitado para defender los
derechos de los grupos indígenas.
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