- Evidencian incongruencias en el cálculo de los fondos de vivienda y ahorro para el retiro; convocan a jubilados y trabajadores a exigir estados de cuenta completos y defender sus derechos
Ciudad de México.- Representantes de la Organización de
Jubilados y Pensionados de la UNAM (OJUPE-UNAM), acusaron al gobierno federal
de despojar a trabajadores en activo y jubilados del patrimonio que han
construido a través de su trabajo de largos años gracias a los malos manejos,
opacidad, falta de transparencia y arbitrariedades que cometen CONSAR,
INFONAVIT Y FOVISSSTE en el manejo de las prestaciones sociales.
El abogado Humberto Luna aseguró que los más de 53 millones
de estados de cuenta que maneja el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son
ilegales porque no se ajustan a lo que dice la ley y a través de la opacidad
despojan a sus afiliados, con fallas e irregularidades en el cálculo de los fondos
de pensiones.
En compañía de Horacio Zacarías, presidente de la OJUPE;
Marco Antonio Torres, responsable de prensa de la organización y el abogado
Héctor Larrínaga, explicaron que irregularidades similares se replican también
a través de los institutos de vivienda, donde la falta de transparencia e
información para los derechohabientes es lugar común.
Con el apoyo de un actuario, los abogados pusieron en tela
de juicio la forma en que los sistemas de pensiones están calculando los montos
del Fondo de Ahorro para el Retiro y los Fondos de Vivienda que deben entregar
a cada trabajador, “las dependencias no pagan de acuerdo al salario base de
cotización, los trabajadores tanto en activo como pensionados están siendo
despojados, aquí nadie se salva”, advirtieron.
Aseguraron que están contraviniendo el artículo 18-BIS de la
Ley del Sistema Nacional de Ahorro para el Retiro que obliga a dichas
instituciones a otorgar información completa a cada uno de sus
derechohabientes, al ocultar información y no entregar estados de cuenta
pormenorizados a sus afiliados.
Por ejemplo, en uno de los ejemplos, el trabajador realizó
su jubilación tras 23 años de servicio y sólo le dieron 7 mil pesos por fondo
de vivienda y 5 mil por SAR. Al hacer un cálculo actuarial, resultó que el
trabajador con esta compensación o liquidación de sus sistemas de vivienda y
retiro, habría ganado 100 mil pesos en 23 años.
Y el propio trabajador, Marco Antonio Torres se pregunta:
“Entonces para las autoridades, de dónde comí, de dónde compré el o los autos
que tuve, de dónde le di estudios a mis dos hijos, de dónde obtuve el dinero
para irme de vacaciones tantas veces, porque sólo el costo de mi vivienda fue
de 100 mil pesos, los mismos que habría ganado en toda mi vida”.
Así, Torres afirma que apoyado con un actuario y al realizar
las cuentas de lo que le deben y su actualización a pesos de hoy, con
intereses, el Estado mexicano tendría que pagarle un fondo de 2 millones 400
mil pesos.
Calificaron de insuficiente la información de los trabajadores
entregada por dichas instituciones oficiales, pues no incluye datos sobre
comisiones, intereses, movimientos de inversión y subrayaron faltantes en la
información referente al tiempo laborado, los montos de salario y falta de
continuidad en el registro de aportaciones patronales.
“La información de los derechohabientes no es completa, no
está actualizada, ni contempla los intereses reales acumulados a lo largo de la
vida laboral de cada uno de ellos”, denunciaron y a través de tres casos específicos
hicieron evidente la disparidad de criterios para calcular las pensiones tanto
por parte del SAR como de los fondos de vivienda.
Así, mientras el SAR se calcula sobre una base del 2% a
partir del salario del trabajador y los fondos de vivienda toman una base del
5%, en los casos exhibidos el pago por concepto de vivienda resultó tres veces
menor que el monto calculado por el Sistema de Ahorro para el Retiro.
Los quejosos explicaron que si los sistemas de pensiones no
informan sobre los criterios para calcular las prestaciones de cada trabajador,
omiten datos sobre el número de días laborados, los montos de los salarios y
las aportaciones patronales, excluyendo los cobros de comisiones y los
movimientos de inversión, el trabajador no tiene manera de saber cuánto le
corresponde percibir y no puede defender sus derechos.
En este contexto, subrayaron que el artículo 90 BIS-I de la
Ley 93 del ISSSTE establece que el saldo de las subcuentas del fondo de
vivienda debe pagar intereses en función del remanente de operación; en tanto
que el saldo de las cuentas individuales se ajustaría a la variación porcentual
mensual del índice nacional de precios al consumidor, lo que no está
ocurriendo.
Por ello convocaron a jubilados, pensionados y trabajadores
en activo a no permanecer de brazos cruzados y luchar por la correcta
aplicación de la ley, a fin de recibir los montos justos generados por su
trabajo.
“Hoy el trabajador jubilado y en activo puede reclamar sus
derechos y exigir que le lleguen completos sus estados de cuenta, sea por vía
individual, a través de sindicatos, AFORE o del Instituto de Seguridad
correspondiente”, explicaron tras apuntar que esa información también puede
solicitarse por vía administrativa ante el Instituto Nacional de Acceso a la Información
(INAI).
Finalmente exigieron al gobierno y a los responsables de los
sistemas de pensiones se apeguen al estado de derecho a fin de que los
trabajadores reciban pagos adecuados y no se conviertan en víctimas de quienes
impunemente utilizan el dinero de los trabajadores para financiar deuda pública
o especular con el dinero del pueblo.
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