- Los padrones electorales, bases de datos financieros, de salud y la información privada de los usuarios se ha convertido en mercancía valiosa
Por Tere López Zamudio
Ciudad de México.
A pesar de que los ciberdelitos causaron pérdidas económicas
por 3 mil millones de dólares en México tan sólo durante 2016, el millonario
negocio es poco revisado en los congresos mexicanos y parece un tema olvidado
por las instituciones públicas.
A decir del diputado local Víctor Hugo Romo, en el gobierno
de la Ciudad de México no existe una dependencia responsable de garantizar que
se proteja la información pública y vigilar que desaparezca de las computadoras
de gobierno una vez declaradas obsoletas.
Mientras en el Senado de la República apenas a mediados de
año, el senador Jesús Casillas emitió un punto de acuerdo para emprender una
campaña contra los ciberdelitos y alertar a padres de familia y profesores de
los riesgos que representan para la niñez; porque de 2010 a marzo de 2017 la
Unidad Especializada para la Atención a Delitos Cibernéticos de la Policía
Federal tenía registrados 7 mil 800 solicitudes ministeriales, 46 mil reportes ciudadanos
y más de 165 mil incidentes por inseguridad informática.
Y es que la vulnerabilidad de las instituciones a los
ataques informáticos es tan actual que recientemente fue hackeada la cuenta de
correo del Partido Acción Nacional para acusar a su dirigente Ricardo Anaya de
anteponer sus intereses personales a los de la agrupación política.
Al incendiario twittazo siguió el correspondiente twitter de
desmentido, negando que el mensaje hubiera sido lanzado por el partido como una
acusación contra @RicardoAnayaC, por el contrario, responsabilizaron al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) de la intervención en sus cuentas.
En esta era digital, de teléfonos inteligentes y de
tecnología sofisticada al alcance de la mano, cualquiera puede convertirse en
víctima de estos delitos cibernéticos, basta recordar los recientes hackeos a
la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a la Secretaría de Salud
federal, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Facultad de
Ingeniería de la UNAM, a Instagram, Banamex y políticos como Gerardo Fernández
Noroña o el propio PRI, sin mencionar el sonado caso del sistema Pegasus que
usó el gobierno para espiar a periodistas y activistas sociales.
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