Toluca de Lerdo México.
Con el propósito de garantizar los derechos básicos de las
niñas, niños y adolescentes cuando intervienen en procesos jurisdiccionales, la
diputada Aide Flores Delgado (PRI) presentó una iniciativa para ampliar el
protocolo de actuación de los jueces incorporando la obligación de informar al
menor sobre los hechos del caso con un lenguaje comprensible, considerar
fiables sus declaraciones y resguardar su identidad.
En sesión del Séptimo Periodo Ordinario que preside el
legislador Diego Eric Moreno Valle (PRI), la legisladora destacó la necesidad
de robustecer el conjunto de criterios aplicables para estos casos, ya que los
menores tienen capacidades cognitivas y emocionales diferentes a las del adulto
y entre ellos mismos.
Por lo tanto, plantea que se considere su capacidad y
madurez para entender los hechos y formarse juicios, entrevistarlo sin dañarlo
emocionalmente, asistirlo con adultos de confianza sin generar conflictos de
interés, transcribir íntegramente sus declaraciones y testimonios para registro
en medios electrónicos, consultarlo sobre la confidencialidad de sus
declaraciones, evitarles trato con personas que puedan alterar su condición
emocional y garantizar su intervención directa en entrevistas.
La iniciativa que adiciona el artículo 5.35 del Código de
Procedimientos Civiles fue remitida a las comisiones de Gobernación y Puntos
Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
PRUEBAS DE PATERNIDAD GRATUITAS PARA GARANTIZAR DERECHOS DE
LOS MENORES
Para garantizar el respeto a los derechos de los menores
nacidos fuera del matrimonio, la diputada Bertha Padilla Chacón propuso
reformas al Código Civil de la entidad para establecer la obligación del Estado
de realizar sin costo alguno la prueba de paternidad o maternidad cuando sea
demandada.
En nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la legisladora
señaló que es común que en los hogares monoparentales los pequeños no cuenten
con la filiación paterna o materna, lo que vulnera sus derechos básicos, como
el de acceso a la alimentación o de un régimen de visitas por el progenitor
faltante.
Además, agregó, madres solteras no acceden a estas pruebas
por su alto costo, lo que obliga al Estado a intervenir para facilitarles el
procedimiento, pues le corresponde garantizar el reconocimiento del principio
de que ambos padres tienen obligaciones comunes en la crianza y desarrollo de
los menores, velando siempre por el interés superior del niño o la niña.
La propuesta fue remitida a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
COMBATIR LA VIOLENCIA INFANTIL Y PROMOVER LA BUENA CRIANZA
Con el propósito de eliminar disposiciones jurídicas que
perpetúan la violencia y la discriminación infantil en el Estado de México y
para fomentar el principio de buena crianza, el diputado Raymundo Garza Vilchis
(PAN) presentó una iniciativa de reforma a los códigos Civil y Penal, ambos del
Estado de México.
Respecto al Código Civil, propone establecer el deber de
buena crianza de quien ejerce la patria potestad, pues las niñas y niños deben
ser tratados con respeto y no deben ser objeto de castigos corporales o de
cualquier otro trato humillante.
También plantea que, en el caso de que el padre y la madre
no lleguen a un acuerdo respecto del orden que deben seguir los apellidos, el
oficial del Registro Civil o la autoridad judicial acordará el orden atendiendo
al interés superior del niño, además de evitar cualquier forma de
discriminación hacia niñas y niños, mediante el reconocimiento de igualdad ante
la ley, la familia, la sociedad y el Estado.
En cuanto a la pérdida de la patria potestad por sentencia,
propone que se agoten las diligencias para la identificación, búsqueda,
localización y valoración de algún familiar idóneo para asumir la
responsabilidad de proporcionar al menor un hogar, medio familiar o entorno que
le sea lo menos ajeno posible y que contribuya a su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral y social, antes de considerar su envío a los albergues de los
Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México.
Sobre las reformas al Código Penal, Raymundo Garza plantea
derogar la fracción IV del artículo 243 por considerarla permisiva y tolerante
con el maltrato infantil.
En la legislación vigente esta fracción establece que a la
madre que diere muerte a su propio hijo dentro de las 72 horas de nacido se le
impondrán de tres a cinco años de prisión y de 75 a 125 días multa, siempre que
concurran las siguientes circunstancias: que no tenga mala fama, que haya
ocultado su embarazo, que el nacimiento del infante haya sido oculto y que no
se hubiere inscrito en el Registro Civil y que el infante no sea legítimo.
La propuesta fue remitida a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia.
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