Pachuca de Soto, Hidalgo.
La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo condena enérgicamente el clima de terror generado por el gobierno
estatal contra miembros de la comunidad universitaria y de los partidos
políticos que han decidido promover el cambio y la sana alternancia en
ejercicio de su derecho a votar y ser votados, en el contexto del actual
proceso electoral.
Repudiamos y condenamos el uso de las policías estatal y
municipal para la fabricación de delitos en evidente prejuicio de las personas,
como lo confirma, una vez más, la privación ilegal de la libertad y la
vulneración a la persona y propiedad sufrida por la licenciada Gabriela Mejía
Valencia, coordinadora de Administración y Finanzas de esta casa de estudios,
el pasado viernes 15 de junio.
Nuestra compañera circulaba en la carretera Pachuca-Tulancingo
y al transitar por Mineral de la Reforma fue detenida en un retén de revisión y
se le acusó sin mediar razón legal alguna que lo justificara, con el pretexto
burdo de que conducía un automóvil “robado”.
Cuando presentaba los documentos, la unidad fue impactada
por una camioneta con placas de circulación MTW-69-95 del estado de México, lo
cual originó que los policías procedieran a llevarse las dos unidades al
corralón bajo el argumento de que las partes no llegaron a un acuerdo.
Aunque la universitaria demostró la propiedad del vehículo,
fue sometida con abuso de fuerza y un despliegue desmedido de patrullas y
personal de los cuerpos policiacos de Mineral de la Reforma y del gobierno
estatal. Fue remitida a las oficinas de seguridad estatal y de ahí se le llevó,
esposada y vigilada por numerosos policías, a la Procuraduría General de
Justicia del Estado. En todo caso, los hechos generarían solo una infracción
administrativa de tránsito, por lo que no se justifica la violencia policial ejercida.
Del causante del accidente se desconoce si fue retenido en igualdad de
condiciones.
Durante los sucesos varios compañeros universitarios
intentaron defender del empleo desmedido de la fuerza a la licenciada Mejía y
fueron reprimidos y dispersados con violencia usando gases lacrimógenos.
La sucesión de hechos de esta naturaleza hacen patente la
escalada de violencia que se ha ejercido, desde el inicio de la actual
administración estatal, contra la máxima casa de estudios de la entidad y su
comunidad. Como ciudadanía, observamos que se ha perdido el respeto a la
persona y patrimonio; las autoridades estatales olvidan que el individuo, sus
propiedades y posesiones son inviolables y actúan arbitrariamente al margen de
la legalidad.
En tal sentido, destacamos la retención de recursos
federales, el corte arbitrario del suministro del agua, los ataques ilegales a
la autonomía, la agresión al presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela
Superior de Huejutla, las acusaciones dolosas de una supuesta simulación de
huelga, la detención “fabricada” de Alberto Isaac García, hijo de la licenciada
Lidia García Anaya, la agresión contra ciudadanos por parte de grupo de choque
tolerados por las autoridades, los ataques al candidato Julio Menchaca y ahora
la ilegal actuación contra las universitarias Gabriela Mejía, Elsa Ángeles y
Leyla Chávez.
Condenamos el creciente clima de terror que hoy caracteriza
a la entidad hidalguense. Exigimos que el gobierno estatal asuma su
responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho, justicia y seguridad para
sus gobernados, y que respete su legítima voluntad para participar en un
proceso electoral limpio y seguro.
Denunciamos la violencia con la que ha actuado la policía
estatal en perjuicio de los universitarios, particularmente contra las mujeres,
quienes han sido agredidas en forma machista, sexista y misógina, haciendo uso
faccioso de las instituciones encargadas de salvaguardar la seguridad de la
población.
Demandamos el cese de la escalada de violencia contra los
ciudadanos y, particularmente, la dirigida a la comunidad universitaria.
Conminamos a las autoridades a conducirse en el marco de la legalidad en la
actual coyuntura electoral que se vive en el país y en el estado de Hidalgo.
Los universitarios también somos ciudadanos. Nos preparamos
para generar cambios trascendentes, y lo haremos con el pleno derecho a
participar libremente en el ámbito de nuestra elección y con los ciudadanos a
este proyecto nacional.
Responsabilizamos a las autoridades del gobierno de Omar
Fayad Meneses, encargadas de garantizar la seguridad y el bienestar de la
población, por el menoscabo de los derechos, la integridad física y el
patrimonio, de lo miembros de la comunidad universitaria.
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