Ciudad de México.
El proyecto de la NOM 237
aprobado el pasado viernes en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de
la Secretaría de Economía (CCONNSE), violenta al menos 6 de los artículos de la
Constitución Política mexicana en el apartado de los Derechos Humanos y sus
Garantías, en un proceso viciado de origen donde el órgano que expide la norma
es a la vez su generador, impulsor, constructor y quién lo aprueba y sanciona,
por lo que las instituciones particulares de educación insisten en que debe
cancelarse.
Y en el caso de que la Comisión
de Mejora Regulatoria (CONAMER) apruebe su publicación en los siguientes días,
los perjuicios inmediatos de la aplicación de la Norma serían el cierre
inmediato de al menos 18 mil escuelas particulares, la pérdida de más de 90 mil
empleos y la afectación a los estudios de 540 mil estudiantes en escuelas con
un promedio de 30 alumnos, porque las escuelas del Estado simplemente no pueden
aceptarlos por falta de capacidad en infraestructura y recursos.
La gran mayoría de estas escuelas
son instituciones cuyas colegiaturas fluctúan en los mil pesos mensuales,
tienen una población de 30 alumnos y difícilmente podrán hacer frente a una
evaluación o certificación cuyos costos van de entre 100 a 150 mil pesos y
deben contar con personal dedicado a atender únicamente el proceso entre uno y
dos años. Y en el caso de esta Norma 237, la Procuraduría Federal de Protección
al Consumidor (PROFECO) se le otorgaron las facultades para poder realizar
inspecciones aleatorias sobre el cumplimiento de la norma, y no a través de una
queja.
A nombre de las organizaciones
convocantes, Alejandra Carmona Ortega, dio a conocer en rueda de prensa que “el
proceso ha estado plagado de violaciones de las cuales el propio Director
General de Normas, Alfonso Guati Rojo Sánchez, quien también es el Presidente
del Comité Consultivo Nacional de Normalización de la Secretaría de Economía
(CCONNSE), ha provocado un abuso exacerbado de sus facultades y con ello
violaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley
Federal de Procedimiento Administrativo, a la Ley Federal de Metrología y
Normalización y su Reglamento (que disponen los pasos y requisitos específicos
para la creación de una NOM), el Reglamento Interior de la Secretaría de
Economía, al Manual de Organización General de la Secretaría de Economía, a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por supuesto
a 6 Artículos Constitucionales”.
En el caso de los artículos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que han sido violentados,
apuntó Carmona que son el Primero, donde se establece la igualdad de derechos y
prohíbe la discriminación, así como que son las autoridades responsables
quienes deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los
derechos humanos. Y del Tercero, donde se reconoce el derecho a la educación y
establece que es el Estado quien deberá garantizarla. Es decir, deja manifiesta
la rectoría del Estado en la educación, establece quiénes y como se constituye
el Sistema Educativo Nacional y reconoce a los maestros como agentes
fundamentales del proceso educativo y su contribución a la trasformación
social, por mencionar algunas disposiciones.
Otro de los artículos violentados
es el Quinto, que protege la libertad del trabajo y el derecho de dedicarse a
la profesión licita, actividad u oficio que se elija, y a recibir por ello la
justa retribución, de la cual nunca podrán ser privados; sobre todo que esta
libertad solo puede ser restringida mediante una resolución judicial. Y el
artículo Sexto, que protege la libertad de expresión y el derecho a la
información, los cuales fueron violados durante el proceso.
Asimismo el artículo Séptimo,
donde se prohíbe la censura, es decir, protege la libertad de manifestar las
ideas y más aún de exteriorizarlas a través de los medios de difusión, ya que
considerando que la expresión y difusión del pensamiento son indivisibles, debe
destacarse que las restricciones a los medios de difusión lo son también a la
libertad de expresión; y el Octavo, que protege el derecho de petición y
dispone la obligación del Estado a responder a las solicitudes que le hagan los
ciudadanos.
Con la expedición de la NOM 237
que festinó el pasado viernes 24 Alfonso Guati Rojo Sánchez, director General
de Normas de la Secretaria de Economía y presidente del CCONNSE; no sólo invade
facultades y competencias de la Secretaria de Educación Pública, sino que,
además, aumenta un fenómeno ya existente en perjuicio del gremio afectado, la
sobre regulación, por la cual se ha vuelto necesario estar acudiendo
constantemente ante el Poder Judicial para dirimir controversias.
Al respecto, Itzel Carmona,
representante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP) y
Jesús Nájera Martínez, consejero de Alianza de Colegios Multiculturales de
México, expresaron que este proceso es un abuso de poder que golpea a los
colegios particulares porque con los cobros de las colegiaturas que realizan,
muy difícilmente van a poder generar los costosos juicios de amparo que se necesitan
para de defenderse de las nuevas imposiciones que tampoco podrán cubrir porque
los procesos de acreditación y verificación tienen costos que van de los 100 a
los 150 mil pesos.
Nájera Martínez destacó que
durante el proceso de creación de la NOM 237, las autoridades de la Secretaría
de Economía invitaron a empresas acreditadoras y certificadoras, cuyos
representantes aplaudieron durante las reuniones todas las intenciones de la
norma que les beneficiará, y por el contrario significará un costo sumamente
alto para los normados.
Las instituciones particulares de
educación concluyeron que la aprobación de la NOM 237 - “Disposiciones a las
que se sujetarán aquellos particulares que presten servicios en la materia” es
un golpe artero a la economía de millones de familias mexicanas, es la
limitación al derecho a la educación, significa la discriminación de un sector
social que lleva a cabo una labor esencial para la Nación, provoca el
enfrentamiento de dos secretarias federales y contradice frontalmente la
propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador en materia educativa, lo
que constituye en resumen, un acto de extrema deslealtad a nuestro país y al
jefe de Estado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario