“Ningún pueblo cree en su gobierno. A lo sumo, los pueblos están resignados.”
Octavio Paz
Francisco Velasco Zapata
Conmemorar es sinónimo de recordar, evocar, revivir, recapitular y hasta celebrar. Si conmemorar es todo lo dicho, entonces, el año 2010 ha resultado un buen pretexto para que la sociedad civil mexicana, el gobierno y los invitados extranjeros participen en actos públicos y privados que tengan que ver, entre varios, con la razones que llevaron a los habitantes de entonces a luchar por la independencia de parte del territorio actual de México respecto a la Corona española -que en ese tiempo estaba bajo el dominio de los franceses-. La otra parte del territorio independizado quedó en manos de los Estados Unidos de Norteamérica.
También se esperaría que dichos actos de conmemoración tuvieran que ver con la parte relativa al centenario de la “revolución mexicana” y sobre las luchas sociales en pro de la democracia, del sufragio efectivo, de la no reelección o el derecho a la tierra y la libertad promovidos por el movimiento encabezado por Zapata. En lugar de ello percibimos mucha frivolidad de parte del gobierno, sobre todo en lo relativo al tipo de gastos previstos y, peor aún, por la versión que corre respecto a la falta de transparencia en el uso de los recursos para estos eventos conmemorativos. El gobierno empieza mal al realizar acciones plagadas de opacidad. Se dice que la revisión de estos gastos se podría dar -de confirmarse la versión- hasta después de pasada una década -doce años después- como apostando a la desmemoria pública; apostando a que para entonces no sea posible sancionar a quienes de una u otra manera violaran los diversos ordenamientos sobre proveedurías y, además, disfrutaran de absoluta impunidad y del disfrute de cantidades de dinero que pudieran no ser legales o éticamente válidas por no ser no conocidas en estas fechas.
El asunto no es menor si tomamos en cuenta que en la actualidad hay prácticas reprobables de ciertos proveedores del régimen que de forma casi inmediata y sin ninguna traba legal constituyen empresas que luego desaparecen sin dejar pista alguna de sus socios, de sus domicilios o de quienes pudieran ser responsables de cuestiones civiles, administrativas o penales.
Las prácticas de opacidad implican la inviabilidad de auditar con eficiencia y eficacia los trabajos de empresas o proveedores que resultan beneficiarios de adjudicaciones directas -sin licitación- porque con el paso del tiempo pueden desaparecer y con ello la probabilidad de que se les finquen responsabilidades en caso de violaciones a la ley o por deficiencia en el otorgamiento de sus servicios. Lo democrático y legal sería que la autoridad deseche su posible deseo de reservar información por que la constitución determina que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad y que la información sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público. Y aquí la pregunta: ¿Cuál podría ser el interés público para que se reservara esta información hasta por doce años?
Por el bien de México es necesario que se acabe con este tipo de prácticas que en nada benefician al país para salir de sus verdaderos problemas de fondo como lo son la inseguridad pública, las inacabables ejecuciones, el narcotráfico, la corrupción, incluso la influenza y la falta de empleo para la mayoría de la población económicamente activa y que han forjado una imagen muy negativa del México actual. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
Octavio Paz
Francisco Velasco Zapata
Conmemorar es sinónimo de recordar, evocar, revivir, recapitular y hasta celebrar. Si conmemorar es todo lo dicho, entonces, el año 2010 ha resultado un buen pretexto para que la sociedad civil mexicana, el gobierno y los invitados extranjeros participen en actos públicos y privados que tengan que ver, entre varios, con la razones que llevaron a los habitantes de entonces a luchar por la independencia de parte del territorio actual de México respecto a la Corona española -que en ese tiempo estaba bajo el dominio de los franceses-. La otra parte del territorio independizado quedó en manos de los Estados Unidos de Norteamérica.
También se esperaría que dichos actos de conmemoración tuvieran que ver con la parte relativa al centenario de la “revolución mexicana” y sobre las luchas sociales en pro de la democracia, del sufragio efectivo, de la no reelección o el derecho a la tierra y la libertad promovidos por el movimiento encabezado por Zapata. En lugar de ello percibimos mucha frivolidad de parte del gobierno, sobre todo en lo relativo al tipo de gastos previstos y, peor aún, por la versión que corre respecto a la falta de transparencia en el uso de los recursos para estos eventos conmemorativos. El gobierno empieza mal al realizar acciones plagadas de opacidad. Se dice que la revisión de estos gastos se podría dar -de confirmarse la versión- hasta después de pasada una década -doce años después- como apostando a la desmemoria pública; apostando a que para entonces no sea posible sancionar a quienes de una u otra manera violaran los diversos ordenamientos sobre proveedurías y, además, disfrutaran de absoluta impunidad y del disfrute de cantidades de dinero que pudieran no ser legales o éticamente válidas por no ser no conocidas en estas fechas.
El asunto no es menor si tomamos en cuenta que en la actualidad hay prácticas reprobables de ciertos proveedores del régimen que de forma casi inmediata y sin ninguna traba legal constituyen empresas que luego desaparecen sin dejar pista alguna de sus socios, de sus domicilios o de quienes pudieran ser responsables de cuestiones civiles, administrativas o penales.
Las prácticas de opacidad implican la inviabilidad de auditar con eficiencia y eficacia los trabajos de empresas o proveedores que resultan beneficiarios de adjudicaciones directas -sin licitación- porque con el paso del tiempo pueden desaparecer y con ello la probabilidad de que se les finquen responsabilidades en caso de violaciones a la ley o por deficiencia en el otorgamiento de sus servicios. Lo democrático y legal sería que la autoridad deseche su posible deseo de reservar información por que la constitución determina que en la interpretación del derecho a la información debe prevalecer el principio de máxima publicidad y que la información sólo puede ser reservada temporalmente por razones de interés público. Y aquí la pregunta: ¿Cuál podría ser el interés público para que se reservara esta información hasta por doce años?
Por el bien de México es necesario que se acabe con este tipo de prácticas que en nada benefician al país para salir de sus verdaderos problemas de fondo como lo son la inseguridad pública, las inacabables ejecuciones, el narcotráfico, la corrupción, incluso la influenza y la falta de empleo para la mayoría de la población económicamente activa y que han forjado una imagen muy negativa del México actual. ¿Y usted, cómo la ve? Politólogo.
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