- La tachan de regresiva, intrusiva, autoritaria y corporativista, con la que grupos de poder político buscan tener un instrumento de control gubernamental del sector social
México, D. F., a 27 de septiembre de 2011.- Más de 30 organizaciones del sector rural encabezadas por la Central Campesina Cardenista Democrática (CCCD), Corporación Mexicana de Industriales y Productores Agrícolas (COMPA) y Unidos Desarrollo y Estados por México (UNDEMO), se pronunciaron esta mañana en contra de la aprobación de la Ley General de la Economía Social y Solidaria que se encuentra en comisiones en la Cámara de Diputados, al calificarla de regresiva, intrusiva, autoritaria y corporativista.
Solicitaron a los diputados ser congruentes y realizar un análisis honesto y de cara al futuro de México, porque volver al corporativismo de la época anterior, sólo provocará incrementar el rezago social; caso contrario, expresaron, plantearán una controversia constitucional de la Ley Arce por su inconstitucionalidad. Además, acompañarán sus exigencias con marchas y plantones, si fuera necesario.
Las dirigencias nacionales encabezadas por Francisco Román Sánchez, de la CCCD; Jesús Herbey Arredondo Díaz, de COMPA y Luis Mariano Saldaña Solano, de UNDEMO, destacaron que los legisladores pretenden realizar una reforma express, por debajo del agua y, sin el consenso con las organizaciones del campo, aprobarla. En abril cuando fue aprobada en el Senado de la República, fue presentada el 16 de abril y aprobada en el pleno el día 27; es decir, una reforma sin consenso, pero tampoco sin el análisis suficiente.
Básicamente son tres puntos los que preocupan a las organizaciones del sector social: “la creación del Instituto Nacional de la Economía Social como un mecanismo de control de las organizaciones sociales, ya que dentro del mismo, buscarán constituir la Comisión de Conciliación y Arbitraje propia del sector, destacando más el uso político, dependiendo de a quien se apoye y cómo se apoye”.
Otro punto es que dicho instituto será gobernado por una Junta Directiva compuesta por un Director General, quien será nombrado y podrá ser removido libremente por el Presidente de la República y seis consejeros designados por el Secretario de Economía, mientras los seis representantes del sector social, elegidos por un Congreso Nacional, sólo irán de comparsa a la integración de ésta Junta Directiva, puesto que su capacidad de voz y voto queda rebasada.
Finalmente, un nivel abajo, se conformará un Congreso Nacional del que resultará un Consejo Nacional, el cual se convertirá en el único reconocido para realizar gestoría en representación de los organismos del sector. Es decir, es una ley autoritaria porque impide la libre participación y asociación, además de que convertirá a este Consejo Nacional en un órgano de gran poder. Será, en palabras de Francisco Román Sánchez, “el gran poder corporativo del sector social”.
Los dirigentes nacionales de las organizaciones expresaron que “la experiencia nos ha demostrado en la época anterior que la hegemonía con la que operaba el corporativismo rampante del Estado fue dañina para el país, ya que históricamente las grandes centrales se convertían en vehículos de sometimiento social de los trabajadores del campo y la ciudad”.
Este tipo de corporativismo, añadieron, demostró servilismo al poder y no a los obreros y campesinos a quienes se decían defender, además de que “sólo propiciaron un retroceso en la producción y en el bienestar de quienes vivimos en el campo y generamos la riqueza natural de México”.
Dicha ley afectará a los integrantes del sector rural que habitan en ejidos y comunidades, pero también a todo género de empresas, fondos, cooperativas, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones.
"Queremos ser organizaciones actuantes en un formato de corresponsabilidad con el gobierno y la empresa privada; lo que no queremos es ir simplemente como comparsa", expresó Herbey Arredondo Díaz, mientras que Armando Enríquez Romo destacó que es imposible actuar a favor de la gente del sector social con una ley que limita su actuar, pero que también es propicia para la cacería de brujas. “Es imposible tener confianza en una ley hecha al vapor, cuando han tenido muchos años para actuar contra la inseguridad y poco o nada han hecho”, agregó sobre el trabajo de los senadores de la República.
Los dirigentes adelantaron que se opondrán de manera frontal a que en la Cámara de Diputados se apruebe una ley “con tantas incongruencias ideológicas que nos llevarán al pasado en lugar de asegurar mejores condiciones para el futuro; estaremos actuantes ante la posibilidad de que den un albazo legislativo y nos haremos presentes para presentar nuestro análisis reprobatorio a la Ley impulsada por René Arce”, agregó Román Sánchez.
También se sumaron a la conferencia de esta mañana las organizaciones Fundación Ketipanolli, Vasco de Quiroga-Presencia Siglo XXI, Promotora y Desarrolladores de Hidalgo y la Confederación Mexicana de Organizaciones Sociales.
Asimismo, las organizaciones anunciaron que el próximo 4 de octubre en el Auditorio Nacional más de 50 organizaciones presentarán un documento que contendrá los fundamentos legales suficientes para frenar la ahora llamada “Ley Arce”, así como el impulso de la unión de las diversas fuerzas sociales “para hacer valer nuestros derechos de manera responsable y con la legalidad por delante”.
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