Artículo Editorial
EN MICHOACÁN, GOBIERNO DE IMPOSTORES
Opinión del especialista en asuntos de transparencia y
libertad de expresión e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la UNAM, Ernesto Villanueva
México. D. F.- La simulación, la violación de la ley y la mentira
son algunas de las características de la política mexicana. El nuevo gobierno
del PRI a cargo de Fausto Vallejo Figueroa, para desgracia del estado de
Michoacán y de los mexicanos, camina hacia atrás. Veamos los datos que
sustentan lo que afirmo.
Primero. Los cuatro rubros que mayor inquietud generan en
Michoacán son: a) la seguridad y la gobernabilidad; b) la educación; c) las
finanzas públicas, y d) la adopción de políticas públicas que brinden certeza
jurídica, idoneidad en los perfiles de puestos, combate a la corrupción y
rendición de cuentas… A poco más de cuatro meses de gobierno, Fausto Vallejo ha
entregado la plaza. Al fin y al cabo, recurre en su gobierno a los peores usos
y expresiones de la política priista. La oficina del gobernador constituye un
atentado al sentido común. De humor involuntario resulta el equipo de
“asesores” de Fausto Vallejo. Se trata de ocho personas que, en el mejor de los
casos, tienen licenciatura. Una parte de ellos se ostenta como profesionista
sin contar con su cédula profesional. No hay una lógica temática, con doctores
con amplias prendas profesionales en las más distintas áreas, que sería lo
razonable y deseable. No es el caso. Si esos son los que asesoran, ¿se imaginan
como están los asesorados? Exactamente, mal.
Segundo. En el primer rubro, relativo a gobernabilidad, el
jefe del Ejecutivo se ha allegado de personas sin credenciales. El
subsecretario Fernando Cano Ochoa se ha ostentado como “ingeniero”, pero en la
Dirección General de Profesionales de la SEP no hay registro alguno al
respecto. En la misma situación se encuentra el subsecretario Rubén Pérez
Gallardo Ojeda, quien se presenta como “licenciado”, aunque tampoco se
encuentra nada que lo acredite como tal. Su caso es peor: tiene una notaría
pública que, al margen de la ley, le fue otorgada (es imprescindible contar con
la cédula profesional de licenciado en derecho para ser titular de una
notaría), y fuera de la norma opera con toda impunidad violando lo previsto en
el artículo 116, inciso III de la Ley del Notariado local. Y así se pueden
citar muchos ejemplos más en la Secretaría General de Gobierno. ¿Usted
confiaría en un grupo que viola la ley para proteger la ley?
En materia de seguridad, el procurador general de Justicia,
Plácido Torres Pineda, carece de cédula profesional de abogado pero se ostenta
como tal. Esto constituye un delito gravísimo que reclama su retiro del cargo y
ser procesado, en los términos del artículo 101, fracción III de la
Constitución de Michoacán. ¿Cómo puede perseguir el delito quien incurre en la
violación de la ley? En la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria
técnica, Adriana Ávila Romero, es licenciada en mercadotecnia. No se tiene una
experta en seguridad, sino a alguien que se dedica a “vender” a la sociedad la
especie de que las cosas van bien cuando están mal.
Tercero. El sector educativo representó una de las “altas
prioridades” de Fausto Vallejo. El equipo humano y su pobreza intelectual lo
que asegura son resultados catastróficos. En efecto, la secretaria de Educación
cuenta apenas con una licenciatura en educación media. La subsecretaria, María
Esther Dagio, se presenta como “licenciada”, pero carece de cédula profesional.
Sólo uno de los asesores cuenta con estudios universitarios. La directora de
Educación Elemental, Delia Anaya Sánchez, no concluyó estudios profesionales.
El director de educación superior, Francisco Javier Hurtado Cabrera, es
ingeniero en sistemas y no tiene idoneidad con el perfil del puesto. El
director de Profesionalización Docente, José Ramírez Guzmán, es el único que
tiene en su haber estudios de posgrado relacionados al cargo. La directora de
Evaluación Educativa, Norma Isela Arreola Cisneros, no tiene cédula
profesional. El director de Educación Indígena, Ramón Rojas Rangel, se presenta
como “licenciado”, pero la SEP no tiene registros de él y, por ende, no tiene
cédula profesional. Los otros cuatros directores vinculados con el área
administrativa tampoco disponen de credenciales universitarias de ningún tipo.
Y como es divisa de Vallejo, la directora general del Consejo Estatal de
Ciencia y Tecnología, Esther García Garibay, la “doctora”, tampoco tiene cédula
profesional, ni de licenciatura. ¿Y estos son los mejores perfiles que prometió
Vallejo? Es evidente que jamás podrán enseñar lo que no saben, condenando a
niños, jóvenes y adultos a ser, en el mejor de los casos, analfabetos
funcionales. El mundo al revés.
Cuarto. Se ha dicho que Michoacán está urgido de dinero
porque aparentemente quien fue gobernador en el periodo pasado dejó las arcas
vacías. Para enfrentar esta situación de crisis y necesidad de recursos, Fausto
Vallejo ha tomado decisiones ante las que uno no sabe si llorar o reír. En
efecto, la importantísima Secretaría de Finanzas y Administración tiene también
el sello de la casa. Su titular, Luis Miranda Contreras, carece de cédula
profesional; y el subsecretario de Finanzas, Roberto Villa Lemus, quien se
presenta como “ingeniero”, así como el director de Ingresos, Aurelio Montiel
Ángeles (el “licenciado”), se encuentran en la misma situación.
Con este equipo digno de Vallejo pero indigno de los
michoacanos, ¿qué futuro le puede esperar al estado? Es lógico que la falla
estructural existe de la cabeza a los pies. La directora de Auditoría del
Sector Central de la Contraloría del Estado, María Bertha Quintana León, la
“contadora pública”, no tiene cédula profesional. La asesora de la Contraloría,
Teresa Gutiérrez Cortés, la “licenciada”, tampoco. ¿Cómo pueden vigilar que se
cumpla la ley que ellas mismas son las primeras en violar? El próximo 1 de
julio se efectúan elecciones para la Presidencia Municipal de Morelia. Hay tres
opciones, y una de ellas, la del candidato del PRI-PVEM, Salvador Abud
Mirabent, cercanísimo a Fausto Vallejo, está en la misma ruta hacia el mundo de
las cavernas. Esto es sólo la punta del iceberg de una disfunción de las
instituciones de Michoacán que no debería existir más.
Cabe señalar que todos los datos profesionales fueron
validados en la SEP y protocolizados ante la fe de un notario público quien sí
tiene cédula profesional de licenciado en derecho y patente en regla, como
debería ser en todos los casos.
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