- Sus necesidades deben ser el eje central: CODHEM
Toluca, México.- Para incorporar el enfoque de los derechos
humanos en los temas de adultos mayores, se requiere establecer políticas
públicas transversales que coloquen como eje central en su diseño, las
necesidades de este sector, basado en los principios de no discriminación y de
progresividad.
Al exponer lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México dijo que aún cuando hay normas orientadas a promover la
participación de las personas mayores en la sociedad, son insuficientes, ya que
no existe un contexto propicio que facilite el ejercicio pleno de sus derechos
y ciudadanía.
Explicó que a los adultos mayores se les conoce como sujetos
de derecho, con garantías y responsabilidades, respecto a sí mismos, su
familia, comunidad y con las futuras generaciones. No obstante, son apartados
por la sociedad por su edad, ubicándose entre los relegados de las relaciones
de influencia, lo que perpetúa su posición asimétrica en la distribución de los
recursos y beneficios del desarrollo, por ello se les considera como un grupo
vulnerable.
La Codhem enfatizó que para concretar las políticas
públicas, se requiere que los poderes públicos establezcan medios y recursos,
es decir, asignar presupuesto que permita la puesta en práctica de
disposiciones normativas y políticas a las que el Estado está obligado, con
base a criterios de igualdad y no discriminación, progresividad y participación
de los adultos mayores.
También se debe dar cumplimiento a los pactos, convenciones
y tratados internacionales, instrumentos que son la consolidación de una
demanda añeja, que la comunidad internacional había tardado en cumplir y a la
que el Estado mexicano no escapa.
Abandonar la perspectiva de asistencia social y adoptar el
respeto a Derechos Humanos, se traduce en la aceptación social de quienes han
trabajado su vida por su familia y en pro de su comunidad, del reconocimiento
del valor que poseen y la obligación para que en condiciones de igualdad gocen
de los derechos y protección que la legislación local, nacional e internacional
les concede por el hecho de ser personas y así, propiciar condiciones para
alcanzar la mejor calidad de vida, construyendo una sociedad igualitaria,
incluyente y en paz.
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