- Por el suicidio de un adolescente en instalaciones del M.P. en Zumpango
Toluca, México.- La Procuraduría General de Justicia del
Estado de México recibió una recomendación por parte de la Comisión de Derechos
Humanos estatal, luego de que un adolescente se quitó la vida en las
instalaciones del Ministerio Público de Zumpango.
De acuerdo con las investigaciones, que derivaron en la
resolución 16/2016 de la Defensoría de Habitantes, en enero de 2015, el menor
fue puesto a disposición del representante social, por su presunta
responsabilidad en delitos contra la salud, tras su detención por efectivos de
la Comisión Estatal de Seguridad, luego de que el joven fue asegurado junto con
otros dos menores por los agentes policíacos, quienes los observaron en actitud
sospechosa.
Al realizarles una revisión, se advirtió que el ahora occiso
llevaba una bolsa de plástico con hierba seca en su interior, supuesta
marihuana, lo que motivó y fundamentó su aseguramiento y posterior traslado, en
un primer momento al Ministerio Público de Tlalnepantla donde hay una agencia
especializada para menores, que se encontraba cerrada y por ello fue remitido a
Zumpango, donde se inició una carpeta de investigación.
Según las indagatorias, el padre del detenido acudió a verlo
y pudo tener contacto con él. No obstante, al transcurrir las horas, el agente
del Ministerio Público del primer turno, desestimó la posible adicción del
joven, su edad y no tomó en cuenta que la detención es una experiencia
mentalmente angustiosa para cualquier persona, ya que el encierro conlleva un
fuerte impacto en el equilibrio emocional.
Derivado de la inadecuada supervisión, el joven realizó
diversas acciones para atentar contra su integridad física, por lo que a las
tres horas del 29 de enero de 2015, el menor ejecutó una maniobra que le causó
la muerte.
Ello, dijo la Codhem, fue consecuencia de una omisión en su
cuidado, donde hubo evidentes irregularidades y no una vigilancia estricta por
parte del servidor público responsable.
Presumiblemente, se le habrían solicitado tres mil pesos al
ciudadano a cambio de “ayudarle” y la Codhem subrayó que si bien, el
responsable de pedir el dinero era el prestador de servicio social, lo cierto
es que el acto se realizó con la anuencia del agente del Ministerio Público.
Ante ello, la Defensoría insistió en la normatividad vigente
a nivel internacional y local, la cual indica que los titulares de cargos
públicos actúen con diligencia e imparcialidad, no abusando en modo alguno del
poder y autoridad que les han sido conferidos, además de que no solicitarán ni
recibirán de manera directa ni indirecta ningún regalo u otros favores que
puedan influir en el desempeño de sus funciones, el cumplimiento de sus deberes
o su buen criterio.
Así, las recomendaciones de la Comisión, incluyeron enviar
una circular al personal de la institución para implementar medidas de
prevención tendentes a crear, mantener y fortalecer normas de conducta para la
debida diligencia de la función pública, optimizar o instalar un sistema de
circuito cerrado para monitorear y tener plena vigilancia de las personas
privadas de la libertad en sus oficinas de Zumpango.
También se deben proporcionar las medidas de reparación del
daño y atención psicológica a los padres del menor, mientras que para el agente
del Ministerio Público, no obstante su baja de la institución, se recomendó
continuar las investigaciones para determinar responsabilidades por los hechos
referidos y por su negativa a comparecer ante la Comisión de Derechos Humanos.
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