Ciudad de México.
COPARMEX Ciudad de México condena las modificaciones a la
Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Capital ya que
representan un franco retroceso en esta materia, es violatorio de la seguridad
jurídica y echa por tierra el gran avance que se había logrado para combatir la
corrupción.
Esta reforma, aprobada y publicada en el Diario Oficial de
la Ciudad de México el pasado 2 de marzo, se traduce en un daño jurídico a los
derechos de quienes habitan la Capital, pero —sobre todo— a la seguridad de las
personas y al fomento de la Gestión Integral de Riesgos, herramienta
indispensable de la Protección Civil en una urbe históricamente propensa a
catástrofes naturales provocadas por diversos factores.
La Comisión de Higiene Seguridad y Protección Civil de
COPARMEX Ciudad de México participó de manera activa en la creación de una Ley
que logró publicarse el 5 de junio de 2019, un avance histórico que brindó
certeza jurídica y demostró un verdadero interés del Gobierno de la CDMX y de
los legisladores de tener un andamiaje jurídico que transformara el viejo
trámite de protección civil en un instrumento real de prevención y mejora a
través de la gestión integral de riesgos, que eliminara la corrupción,
facilitara la creación de empresas, simplificara trámites y mantuviera a la
capital en vanguardia en temas de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil
y Resiliencia.
Sin embargo, la modificación a dicha ley pone en entredicho
el papel de la Protección Civil como una de las tareas fundamentales y
prioritarias de este Gobierno, además de que —en un contexto de desaceleración
y retroceso económico provocado por la pandemia de COVID-19— elimina la
operación de 22 empresas certificadas para brindar el servicio de capacitación
y consultoría en protección civil y la posibilidad de crear más.
En sus artículos 191 y 192 se elimina la posibilidad de que
empresas particulares puedan prestar servicios relacionados con la Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, además de restringir —de manera
inicial— esta actividad sólo a médicos, ingenieros y arquitectos, descartando a
profesionistas en otras ramas, inclusive a los actualmente certificados para
prestar el servicio.
Otro aspecto grave es el artículo 61, que suma al trámite
que empresas o negocios realizan en la plataforma cibernética de la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, uno que debe realizarse en
las alcaldías, a través de la ventanilla única, lo que no sólo duplica los
procesos para obtener el registro, sino que pone en grave riesgo las gestiones
por ser propenso a la corrupción en el momento en que éste proceso recaiga en
la voluntad de un funcionario y se vuelva opaco y proclive a la extorsión.
La Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
original liberaba del trámite de hacer y registrar un programa de protección
civil a más de 440 mil micro y pequeñas empresas de la Ciudad de México, a
través de un acuerdo de clasificación de riesgos por el giro de la empresa; las
modificaciones eliminaron el acuerdo y todas estas empresas, están en un
“limbo” jurídico, que las expone a la extorsión, basada en el criterio de los
verificadores.
Lo más grave de las modificaciones es que los cambios a la
ley se hicieron en el marco de un parlamento abierto, en el que participaron
expertos, quienes realizaron un ejercicio de análisis que concluyó en una
propuesta que vendría a mejorar la ley, pero lo aprobado fue totalmente
diferente a las conclusiones alcanzadas, por lo que claramente la invitación a
discutir las modificaciones representó solo una simulación.
Quienes integramos COPARMEX en la Ciudad de México hacemos 3
solicitudes al Gobierno de la Ciudad, encabezado por la Dra. Claudia Sheinbaum,
y a la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Arq.
Myriam Urzúa:
1. Mantener la vocación y visión de la Ciudad Innovadora y
de Derechos.
2. Reforzar y garantizar la transformación en donde la
Gestión Integral de Riesgos y la Protección Civil dejan de ser un trámite y se
convierten en herramientas para la prevención, la contingencia y la
resiliencia; dando como resultado la Seguridad de los habitantes, sus
patrimonios y el futuro de esta Urbe que todos queremos.
3. Realización de mesas de trabajo y discusión para revertir
los efectos de esta ley que afecta la seguridad jurídica de los centros de
trabajo, los empleos de los trabajadores, y, sobre todo: la seguridad de
mujeres, hombres, niñas y niños que viven o visitan la CDMX.
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