Uno de los rubros más interesantes en la revisión del paquete económico enviado por el ejecutivo federal a los diputados es el que se conoce como fenómeno queso “gruyere”. Este es un fenómeno añejo que debaten los encargados de la Secretaria de Hacienda y los miembros de distintos partidos políticos. Los partidos lo debaten entre sí -y al interior de sus bancadas parlamentarias- para definir si continúan o se eliminan las tasas diferenciadas, las exenciones, los subsidios, los créditos fiscales, las condonaciones, las facilidades, los estímulos, las deducciones autorizadas, los tratamientos y los regímenes especiales; sin embargo, especialistas de la materia afirman que tan sólo los llamados “regímenes especiales” conforman en México una suerte de evasión fiscal legalizada por un monto estimado para 2010 de 502 mil millones de pesos, casi el 4 por ciento del PIB nacional y, desde otra óptica, una sexta parte del presupuesto de ingresos de la federación para este año.
En los tratamientos diferenciados destacan: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) con una recaudación estimada de 155 mil millones de pesos; las exenciones a los asalariados por concepto de prestaciones de previsión social, con un monto de 48 mil millones de pesos; las deducciones autorizadas para desarrollos inmobiliarios, aportaciones para fondos de pensiones, jubilaciones y el subsidio al empleo con un impacto de 71 mil millones de pesos; la aplicación de tasa cero de IVA a alimentos y medicinas y la tasa exenta a servicios educativos (a donatarias autorizadas) cuyo monto aproximado es de 150 mil millones de pesos y; el subsidio a gasolinas y diesel, por 31 mil millones de pesos.
Los privilegios y las exenciones fiscales no son asunto menor, toda vez que tienen que ver con la negativa del gobierno y muchos legisladores a gravar las ganancias que generan las operaciones bursátiles. Para muchos especialistas es conocido que en el mundo capitalista -en particular en Estados Unidos y los países europeos- se aplica a las utilidades bursátiles un impuesto sobre la renta, según el nivel de ingreso. Por ello, sostienen, que no hay razón legitima para que México se abstenga de gravar estas ganancias u otras, como las provenientes de la explotación de los recursos del subsuelo mexicano donde la minería actualmente -y desde hace más de ciento cincuenta años- es explotada por empresas extranjeras. Sobre todo cuando Pemex paga al gobierno un derecho elevado por extraer crudo del subsuelo. Por ello la pregunta: ¿Por qué esas empresas mineras gozan de tales privilegios? ¿A cargo de quién? ¿Para beneficio de quién o quiénes?
Algunos sostienen que una medida urgente es acabar con el paraíso fiscal mexicano de su mercado de valores, para lo cual proponen gravar las ganancias provenientes de operaciones en la bolsa. Al respecto ponen de ejemplo la urgente necesidad de terminar con el conflicto de intereses entre la Secretaría de Hacienda y varios consorcios privados como “White and Case” a quien acusan de lograr devoluciones millonarias de impuestos con mecanismos presuntamente legales, pero inconfesables. ¿Será verdad?
En los tratamientos diferenciados destacan: el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) con una recaudación estimada de 155 mil millones de pesos; las exenciones a los asalariados por concepto de prestaciones de previsión social, con un monto de 48 mil millones de pesos; las deducciones autorizadas para desarrollos inmobiliarios, aportaciones para fondos de pensiones, jubilaciones y el subsidio al empleo con un impacto de 71 mil millones de pesos; la aplicación de tasa cero de IVA a alimentos y medicinas y la tasa exenta a servicios educativos (a donatarias autorizadas) cuyo monto aproximado es de 150 mil millones de pesos y; el subsidio a gasolinas y diesel, por 31 mil millones de pesos.
Los privilegios y las exenciones fiscales no son asunto menor, toda vez que tienen que ver con la negativa del gobierno y muchos legisladores a gravar las ganancias que generan las operaciones bursátiles. Para muchos especialistas es conocido que en el mundo capitalista -en particular en Estados Unidos y los países europeos- se aplica a las utilidades bursátiles un impuesto sobre la renta, según el nivel de ingreso. Por ello, sostienen, que no hay razón legitima para que México se abstenga de gravar estas ganancias u otras, como las provenientes de la explotación de los recursos del subsuelo mexicano donde la minería actualmente -y desde hace más de ciento cincuenta años- es explotada por empresas extranjeras. Sobre todo cuando Pemex paga al gobierno un derecho elevado por extraer crudo del subsuelo. Por ello la pregunta: ¿Por qué esas empresas mineras gozan de tales privilegios? ¿A cargo de quién? ¿Para beneficio de quién o quiénes?
Algunos sostienen que una medida urgente es acabar con el paraíso fiscal mexicano de su mercado de valores, para lo cual proponen gravar las ganancias provenientes de operaciones en la bolsa. Al respecto ponen de ejemplo la urgente necesidad de terminar con el conflicto de intereses entre la Secretaría de Hacienda y varios consorcios privados como “White and Case” a quien acusan de lograr devoluciones millonarias de impuestos con mecanismos presuntamente legales, pero inconfesables. ¿Será verdad?
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