- El Grupo Parlamentario del PRD, a través de la diputada Yomali Mondragón, propuso reformas a la Constitución para reestructurar de manera integral la PGJEM.
- La diputada Areli Hernández (PAN) presentó una iniciativa de reforma al Código para la Biodiversidad con el propósito de sancionar a los responsables de dañar el ecosistema.
Toluca de Lerdo, Méx.-
Crear la Fiscalía General del Estado de México, como un organismo público
autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, es el propósito
de la iniciativa de reforma constitucional propuesta por la diputada Yomali
Mondragón Arredondo, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
En sesión del Segundo Periodo Ordinario, presidido por el
diputado Raymundo Martínez Carbajal (PRI), la legisladora expuso que existen
las condiciones para iniciar un proceso de transformación a fondo de la actual
Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), transformándola
en un órgano constitucional autónomo.
La propuesta, turnada a las Comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia,
establece como requisito para ser fiscal general contar con méritos
profesionales y académicos reconocidos, y que para su designación el gobernador
convoque a un concurso de oposición mediante el cual se examinen los
conocimientos, experiencia y trayectoria de los aspirantes, para proponer una
terna a la Legislatura. Plantea también, regular los actos por los cuales puede
ser destituido el fiscal general, así como los plazos correspondientes.
Al respecto, el diputado Raymundo Garza Vilchis (PAN)
celebró que el Grupo Parlamentario del PRD también impulse la Fiscalía General
del Estado de México, que pretende la transformación profunda de la PGJEM y
establecer un sistema eficaz de combate científico y profesional del delito.
Sancionar a personas que afecten equilibrio ecológico
En nombre del Grupo Parlamentario del PAN, la diputada Areli
Hernández Martínez presentó una iniciativa para reformar el Código para la
Biodiversidad del Estado de México, con el propósito de sancionar a personas
físicas o jurídico colectivas que por su actividad puedan generar deterioro a
la biodiversidad, desequilibrios ecológicos, alterar o dañar los ecosistemas y
los procesos biológicos ambientales.
El documento, turnado a las comisiones de Gobernación y
Puntos Constitucionales y de Protección Ambiental y Cambio Climático, refiere
que actualmente la fracción VII del artículo 2.2 del citado Código prevé “la
regulación de las actividades que no sean consideradas altamente riesgosas”, es
decir, hay actividades que dañan el ecosistema, pero que no son consideradas de
riesgo, además de que no se prevé sanción alguna, por lo que se propone
reformar el citado artículo para establecer “las sanciones correspondientes por
el daño causado”.
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